Lemon Stone, una de las firmas dueñas del tajo Asunción, ubicado en Matama de Limón, demandará al Estado por $400 millones por daños y perjuicios.
Wílliam Lizano, representante de la compañía, manifestó que el monto representa las pérdidas económicas sufridas por la prohibición del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de no usar la cantera.
Según Lizano, mantienen un contrato con Van Oord Bam, constructora de la nueva terminal de contenedores de Moín (TCM), para suministrar siete millones de toneladas de piedra por $350 millones y no podrán honrar dicho compromiso.
El 21 de setiembre, el Minae declaró sin lugar la apelación presentada por Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, socio de Lemon Stone, para reactivar la cantera.
La resolución, firmada por Édgar Gutiérrez, ministro de Ambiente, pone fin a un proceso administrativo de más de un año.
“No nos sorprende la resolución del ministro; esperábamos la decisión porque lo que sigue es un proceso judicial en el Tribunal Contencioso-Administrativo”, declaró Lizano.
El empresario agregó que solicitaron una medida cautelar para que se les permita operar el tajo mientras se resuelve la demanda contra el Estado.
“Nos queda tener fe en el proceso judicial y que nos devuelvan el derecho a trabajar; ese sería el mal menor”, concluyó.
La compañía aseguró que despedirá a más de 15 empleados a finales de este mes.
APM Terminals, concesionaria de la TCM, anunció, semanas atrás, que importaría 200.000 toneladas de roca especial desde Noruega para solventar el problema con el tajo Asunción.
Para el megapuerto, la compañía necesita 7 millones de metros cúbicos de material de relleno.
Róger Barboza, abogado de Eco Proyecciones del Nuevo Milenio, afirmó que la resolución del Minae es incorrecta.
“La resolución es contraria a toda lógica y a toda razón jurídica; esa resolución está motivada en un criterio poco inteligente, ya que la titularidad de ese inmueble se ha demostrado desde el inicio”, aseguró Barboza.
Esta firma (Eco Proyecciones) también demandará al país por daños y perjuicios. Sin embargo, aún no tienen un monto estimado del reclamo.
“Se equivocan. La Procuraduría General de la República lo confirmó: uno de los requisitos para dar viabilidad ambiental a un proyecto es que el inversionista demuestre que es dueño de la tierra.
”Ellos (Eco Proyecciones) han tenido dos juicios en tribunales agrarios y no han logrado demostrar que son los dueños”, manifestó Gutiérrez.
El jerarca añadió que una parte de la finca del tajo está dentro de una zona protectora.
Oposición. Este proyecto enfrentó la oposición del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA) por la posible afectación del río Banano.
Para blindar la cuenca, el 22 de junio, la Junta Directiva del AyA modificó la zona protectora del río Banano e incluyó dentro de esta la finca en donde se pretende desarrollar la cantera.
Esta acción limita, de antemano, una nueva gestión para explotar el tajo.
El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y ambientalistas de Limón también se opusieron a la apertura del tajo, por considerarlo un riesgo para el río y el suministro del agua en la provincia de Limón.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) aprobó, en julio de 2013, la viabilidad ambiental para la explotación del proyecto, pero condicionó el trámite a que la compañía acreditara la titularidad de la finca.
Tras incumplir el requisito, Setena archivó la viabilidad ambiental meses atrás.