La defensa del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez presentará un recurso de apelación contra la resolución del Tribunal Penal de San José, que ordenó su extradición diferida a Estados Unidos, junto a Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, y Jonathan Álvarez Alfaro, conocido como Profe o Gato.
Michael Castillo, abogado de Gamboa, confirmó que recibieron la notificación cerca de las 3:30 p. m. de este martes en una de las salas de juicio del Primer Circuito Judicial de San José.
“En la tarde de hoy efectivamente ya llegó la notificación por parte del tribunal penal de esta localidad. Sería el voto 1628 del 2025, donde el Tribunal Penal de San José está ordenando la extradición de don Celso, de don Jonathan y de don Edwin. La está ordenando de manera diferida”, explicó Castillo.
“Van a tener que esperar no solamente don Celso, sino las otras personas requeridas por el gobierno estadounidense a que se cumplan los procesos aquí en Costa Rica para que una vez que se cumplan ya sea que salgan absueltos, o salgan condenados, ser ya trasladados de manera oficial a los Estados Unidos de Norteamérica”, indicó.
Castillo enfatizó que, por ser una sentencia de primera instancia, tienen plazo hasta el viernes de esta semana para apelar y ese reclamo será resuelto por el Tribunal Penal de Apelación.
Dicha instancia tendrá 15 días hábiles para resolver, según lo establecido en el artículo 9 bis de la Ley de Extradición, de 1971.
Natalia Gamboa, codefensora y hermana de Celso agregó que la principal complicación que enfrentan como representantes legales es el acceso al extraditable, quien está recluido en Máxima Seguridad de La Reforma.
“Tenemos que ir a La Reforma y en Reforma se va todo un día, no sabemos cómo hacer, la resolución tarda 15 días en resolver según la ley, los jueces nunca toman ese tiempo, generalmente se tardan más, a pesar de ser personas privadas de libertad, son personas privadas de libertad de manera indefinida”, dijo la defensora.
La defensora expresó su preocupación por lo que consideró una situación política compleja, “porque Celso genera aversión, cualquier resolución a favor de Celso genera aversión, si el juez hubiese dicho que no lo extraditaba, hubiese habido un problema”, dijo a la vez que dijo estar decepcionada del fallo: “Nos hace sentir desconfianza, esperamos recuperar confianza si es que todavía existen jueces independientes en nuestro país”.
Gamboa y Castillo resaltaron que otra limitante para redactar la apelación es el juicio que enfrenta el exmagistrado en los tribunales de San José. Alegaron que tendrán solo el jueves para poder redactar una apelación de 600 páginas “que desconocemos que es lo que dice”, reprochó Castillo.
Causas pendientes
El exmagistrado Gamboa enfrenta tres procesos penales en Costa Rica que deberán resolverse antes de su eventual traslado a Estados Unidos. El primero es un debate por presunto uso de documento falso junto al exdirector de la Policía de Control de Fiscal, Irving Malespín, que se desarrolla actualmente en el Primer Circuito Judicial de San José.
Además, Gamboa será juzgado en enero del próximo año en el Tribunal Penal de Goicoechea por presunto cohecho propio, ya que la Fiscalía lo acusa de que cuando era magistrado de la Sala Tercera habría aceptado como dádiva un viaje a Panamá por parte del empresario Juan Carlos Bolaños, investigado en el caso conocido como Cementazo.
El tercer proceso se relaciona con un aparente tráfico de influencias, cuya audiencia preliminar está programada para el 25 de noviembre en Goicoechea, dicho proceso data del 2018 cuando Gamboa habría contactado a diputados con el objetivo de incidir en la decisión sobre su destitución como magistrado.
Gamboa fue detenido el 23 de junio en Escazú por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud del gobierno estadounidense, que lo acusa de formar parte de una estructura criminal que enviaba cocaína a ese país.
Gamboa, López Vega y Álvarez Alfaro son los primeros tres extraditables costarricenses, luego de la reforma constitucional aprobada en mayo que permite la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico o terrorismo.