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La cantidad de dinero decomisado por lavado de dinero y narcotráfico el año pasado permitiría financiar el presupuesto anual de una municipalidad como la de Alajuela, o bien, alcanzaría para cubrir por tres años el del ayuntamiento de Puntarenas. La cifra expone el gigantesco poder adquisitivo que tienen en la actualidad los grupos criminales.
Entre enero y octubre del 2024, las autoridades decomisaron a las organizaciones delictivas ¢57.536 millones, incluyendo incautaciones de colones, dólares y euros, tanto en efectivo como en cuentas bancarias. Este monto representa un crecimiento del 1.300% en comparación con el 2023, cuando se confiscaron ¢4.083 millones.
El monto retenido el año pasado supera el presupuesto por ¢49.794 millones de la Municipalidad de Alajuela. De hecho, rebasa los planes de gasto de 83 ayuntamientos (la única excepción es San José).
El año pasado, el ayuntamiento de Puntarenas tuvo un presupuesto de ¢17.699 millones, apenas la tercera parte del dinero decomisado según el reporte del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entidad que recibe las ganancias de los intereses que produce el dinero incautado.
El decomiso corresponde a fondos que las autoridades retienen de forma preventiva en el marco de una investigación. Durante el 2024, tanto en dólares como en colones, se contabilizó la cifra más alta desde el 2016, año en el que la entidad comenzó a documentar el dato en sus informes.
Los recursos retenidos provienen, por ejemplo, de allanamientos en viviendas, oficinas o cuentas bancarias que pertenecen a personas que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o que la Policía de Control de Drogas (PCD) ubica como parte de sus pesquisas.
El Instituto también brinda detalles sobre el dinero que ya está comisado; es decir, que ya pasó en forma definitiva a favor del Estado, una vez que un Tribunal de Justicia dicta una sentencia. Entre enero y octubre del 2024, $6,63 millones fueron pasados a favor del Estado; este monto también es el más alto en esta moneda en los últimos nueve años. En tanto, en colones, la cifra fue de ¢24 millones.
Mayor captación de dinero
Normalmente, las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y legitimación de capitales operan en dólares, por lo que es usual que la cantidad de decomisos en esta moneda sea mayor. Sin embargo, el incremento atípico en la incautación en colones durante el 2024 contradice la tendencia de los últimos nueve años.
Según Fernando Ramírez, director del ICD, este aumento se podría explicar por la mayor celeridad en el congelamiento y el decomiso del dinero irregular.
Ramírez atribuyó la situación a una resolución administrativa adoptada el 11 de julio del 2023 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sección del ICD que vigila transacciones sospechosas y cuyas recomendaciones tienen prioridad en el sector público, especialmente en entidades financieras o comerciales, según establece el numeral 126 de la Ley sobre estupefacientes y legitimación de capitales (8204).
El jerarca del ICD explicó que esta “nueva” disposición permite que, cuando la UIF detecta transacciones sospechosas, como el movimiento inusual de grandes cantidades de dinero, proceda a congelar los fondos de inmediato, incluso antes de comunicar el caso al Ministerio Público.
Barreras y procesos lentos que impedían a las autoridades actuar con rapidez y mantener la trazabilidad de los fondos obligaron a implementar esta medida, según consta en el documento de la resolución.
De acuerdo con el texto, el “aumento exponencial” en el reporte de operaciones sospechosas implicaba un mayor tiempo de análisis de los casos, lapso que las organizaciones criminales aprovechaban para transferir el dinero a diversas cuentas y países de forma inmediata.
En el 2022, el ICD reportó 718 casos de operaciones sospechosas. En el 2023, la cifra bajó a 572, y en 2024 (con corte a inicios de diciembre) se reportaron 661, un incremento del 15% con respecto al año anterior.
Antes de la aprobación de esta disposición, las pesquisas no progresaban de manera eficaz, porque en cuanto iniciaba la investigación, el dinero ya no se encontraba en las cuentas bancarias y, como resultado, se fortalecieron y consolidaron los grupos criminales, que encontraron en el país terreno fértil para mantener sus operaciones y disfrutar de sus bienes, incluso estando privados de libertad, sostuvo Ramírez.
El dinero, una vez retenido, cae en el Sistema de Cuentas del Sector Público, y es la Tesorería Nacional la que debe invertirlo para maximizar su rendimiento.
De acuerdo con la ley sobre estupefacientes, los intereses que produce ese dinero son presupuestados anualmente al ICD, el cual debe destinar un 60% al cumplimiento de los programas preventivos, 30% a los programas represivos y 10% al aseguramiento y el mantenimiento de los bienes decomisados como casas, vehículos, joyas, entre otros.
Según detalló el jerarca del Instituto, en la actualidad, el aseguramiento y mantenimiento de dichos bienes en posesión del ICD representa un costo anual de aproximadamente ¢1.000 millones.
Por su parte, los montos que caen en comiso; es decir, que por sentencia de un tribunal pasan a ser propiedad del Estado, muestran fluctuaciones a través de los años, especialmente cuando se trata de dólares. Este registro, explicó Ramírez, depende de la resolución de los casos en investigación, incluso, desde varios años atrás.
Por ejemplo, los $6,6 millones que se documentaron en 2024 corresponden a la resolución del caso Ecostate Consulting Group, de la empresa vinculada al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Estos recursos fueron inmovilizados desde el 2013 por sospecha de que formaban parte de sobornos que fueron depositados en el sistema financiero costarricense.
El dinero fue distribuido entre el OIJ, el ICD, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública.
