La noche del lunes, 41 diputados incorporaron al Presupuesto Nacional $6,6 millones (¢3.350 millones) que los Tribunales de Justicia decomisaron a una empresa vinculada al expresidente de Perú, Alejandro Toledo. Los recursos fueron inmovilizados desde el 2013 y pasaron a manos del Estado costarricense en el 2023.
La justicia de Perú sospecha que los recursos formaban parte de sobornos pagados a Toledo, quien gobernó su país del 2001 al 2006, y que fueron depositados en el sistema financiero de Costa Rica.
Al aprobar el tercer presupuesto extraordinario del 2024, planteado por el gobierno, ahora el dinero se asignó a organismos de seguridad según la distribución prevista en la Ley contra la Delincuencia Organizada:
-El 50% ($3,3 millones) para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
-El 20% ($1,3 millones) para el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
-El 10% ($663.000) para el Poder Judicial
-El 10% ($663.000) para el Ministerio Público, para la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y para el combate del crimen organizado
-El 10% ($663.000) para el Ministerio de Seguridad Pública, a fin de cubrir las necesidades de los cuerpos policiales
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Los $6,6 millones estaban en una cuenta del Scotiabank en la cuenta de una empresa llamada Ecostate Consulting Group S. A., la cual está vinculada al empresario peruano-israelí Josef Maiman.
En el Registro Nacional de Costa Rica, Ecostate aparece presidida por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha de Maiman. Según la investigación judicial abierta en Perú, este empresario habría recibido dinero de sobornos de la empresa constructora Odebrecht a Toledo, a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.
Hace un año, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda condenó a la empresa Ecostate Consulting Group S.A. a la pérdida de los $6,6 millones.
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Por este caso, La Fiscalía costarricense mantiene una investigación abierta contra Toledo, su suegra, Eva Fernenbug; y el encargado de seguridad durante su gobierno, Avi Dan On.
Aunque no se haya condenado a los investigados, la justicia costarricense cuenta con el mecanismo de Capitales Emergentes, para incautar dinero cuando no se puede demostrar el origen lícito del mismo.
En Perú, Toledo permanece en prisión preventiva.
Además de los recursos incautados, el tercer presupuesto extraordinario también incorpora ¢938 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para eliminar de su planilla 78 funcionarios, lo que equivale al 36% de su personal.
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