Los 16 menores que en lo que va del año han perdido a sus madres por feminicidio se encuentran con los abuelos o tíos maternos, es decir, ninguno está en albergues.

A una semana del más reciente caso, donde perdió la vida Eva Morera Ulloa, de 19 años, a manos de su expareja en San Pablo de Barva, Heredia, el menor de tres años, hijo de ambos, quedó con sus abuelos maternos.

No obstante, la entidad también brinda protección a otra niña de cinco años, hija del agresor, que estaba en la escena del homicidio, así como a una hermanita de ella, de tres años, que vive con su madre en Santa Bárbara de Heredia.

Todos sufren las consecuencias de este tipo de criminalidad, que no distingue clase social, pero que muchas veces se cultiva en entornos riesgosos.

De los 11 feminicidios ocurridos en lo que va de este año, solo tres de las víctimas no tenían hijos. Siete de las mujeres eran madres de niños u jóvenes menores de edad, mientras que Mirlene de Los Ángeles López Méndez, ultimada en Pococí, era madre de un adulto de 31 años.

En tanto, el año pasado los 24 feminicidios dejaron 21 menores huérfanos de madre.

“Debemos ser conscientes de lo que genera la violencia y cómo marca la vida de estos niños y niñas. La educación con amor y sin violencia debe promoverse en el hogar”, dijo Patricia Hernández, gerenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Añadió que la violencia es estructural y está en todos los ámbitos, pero a veces surge en entornos de altísima vulnerabilidad como sitios de venta y consumo de drogas, con dificultad de acceso a centros educativos, sin espacios abiertos, sin acceso a actividades culturales y a centros de desarrollo.

Alto costo en atención

El Patronato cuenta con un presupuesto de ¢5.000 millones para atender a los menores que por distintas circunstancias quedan sin ambos o alguno de sus padres.

En los casos de feminicidios, los niños y niñas se incluyen en un programa que se llama Hogares Solidarios Subvencionados.

Se trata de alternativas de protección para la permanencia de niños, niñas y adolescentes de manera segura en una familia, mientras se logra resolver su situación sociojurídica.

Partiendo de cada situación, el PANI valora si amerita o no una subvención económica y, de ser así, por cada menor se brinda a los encargados de su custodia un subsidio mensual de ¢110.000. Cuando se trata de niños que tienen alguna discapacidad, el monto es de ¢130.000.

Con ello se busca que las familias que los acogen puedan ayudarles a construir un proyecto de vida como cualquier otro niño.

“A veces las familias deben asumir a tres criaturas. Eso es un impacto en la economía familiar y el entorno, por lo que el subsidio ayuda”, acotó.

Podría darse un caso de que dos niños estén con una tía y otros dos con otra, o con la madrina o abuelos.

Al inicio se brinda un monto doble debido a los gastos de instalación y se suele dar un monto extraordinario en diciembre y en la época escolar.

Actualmente hay 2.901 menores de edad que reciben subsidio del PANI y hay 3.600 que no están subvencionados porque alcanzaron la mayoría de edad o porque las familias que los acogen tienen suficiente solvencia económica.

En total, hay 6.501 personas en los programas del PANI en todo el país, algunos de ellos son jóvenes, mayores de 18 años que son atendidos como parte del entorno familiar, aunque ya no reciban subsidio.

Proceso judicial

Después de un feminicidio donde quedan menores desprotegidos, el PANI tiene seis meses para realizar un proceso judicial en el que se defina el resguardo permanente del menor con la nueva familia.

De manera paralela se inician acciones judiciales para quitar la Patria Potestad o autoridad parental del agresor. “Pierde el padre todos sus derechos y deberes con su hijo o hijos”.

La custodia pasa a allegados que generalmente son de la línea materna, aunque no es excluyente valorar familiares del padre.

La ayuda psicológica o inclusive psiquiátrica comienza de inmediato por parte del Patronato con todos los menores.

“Aunque pensemos que algunos niños, por su edad, no están conscientes de la situación, sí se les pueden generar y derivar secuelas de una situación traumática. Por eso hay técnicas diferenciadas para niños más pequeños", dijo Hernández.

Ese es el caso de los dos menores que estuvieron en la escena del asesinato de la estudiante Eva Morera, el 1.° de noviembre en Barva o de otro tres menores que vieron la muerte de su madre el 8 de marzo en San Juan de Dios de Desamparados, cuando murió Gladys García Pereira, de 28 años.

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El PANI tiene en cada oficina regional personal especializado, pero también contrata personal externo y la ayuda de la Caja Costarricense de Seguro Social para dar abasto con la atención terapéutica.

Marcha

A raíz de la muerte de la estudiante Eva Morera Ulloa, este domingo al mediodía la comunidad de Barva se organiza para una marcha con la consigna “Barva dice no a más violencia contra las mujeres”, la cual saldrá del Colegio Rodrigo Hernández al mediodía.

En redes sociales se indica que la caminata atravesará las principales calles de ese cantón herediano.

No bajan medida a agresor

Durante una audiencia de apelación de medidas cautelares gestionada por el abogado del sospechoso, la Fiscalía Adjunta de Heredia logró este viernes que el Tribunal Penal mantuviera el año de prisión preventiva ordenado el sábado pasado contra Garita Oviedo, sospechoso de cometer el feminicidio de su exnovia Eva Morera.

El día de los hechos, Garita salió de su vivienda y alertó a sus papás sobre lo que había hecho, por lo que la madre de él llamó al sistema 9-1-1.

La mujer fue declarada sin vida en el lugar, mientras que Garita fue detenido por oficiales de Fuerza Pública.

El caso se mantiene en investigación dentro de la causa 19-007220-0059-PE.