Ataques armados, amenazas violentas y extorsiones con contenido sexual son solo algunas de las formas en que las estructuras dedicadas a los préstamos gota a gota coaccionan a sus víctimas, quienes, en los casos más extremos, terminan asesinadas de forma violenta, ahogadas por los intereses desmedidos de una deuda que nunca lograron saldar.
Los montos promedio de estos créditos oscilan entre ¢200.000 y ¢400.000, con tasas de interés que pueden superar el 20% semanal o mensual, sin fiadores, ni documentos de respaldo. Sus víctimas suelen ser personas en condición económica vulnerable y a quienes se les dificulta acceder a un préstamo formal.
Un informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, divulgado en setiembre de este año, registró que entre diciembre del 2018 y abril del 2025, a través de la línea de emergencia 9-1-1, se recibieron 614 incidentes relacionados con riñas, armas y conductas suicidas vinculadas a este tipo de créditos. El 77% ocurrieron entre el 2023 y el 2024.
De acuerdo con el fiscal Mauricio Boraschi, estos créditos no son nuevos, pero han ganado terreno en los últimos años. Ahora, afirma, estas mismas estructuras delictivas podrían estar operando a través de una nueva modalidad de préstamos, esta vez dirigida a víctimas con un perfil socioeconómico distinto.
La Fiscalía designó a esta modalidad como préstamos “chorro a chorro”.
Chorro a chorro
Este, explica Boraschi, no es un nombre exclusivo ni único, pero es el que se brindó a nivel interno para diferenciarlo de los créditos gota a gota, aunque la modalidad y el origen del dinero es muy similar.
Este tipo de créditos, indicó, implican préstamos mucho más elevados —de millones de colones— y, según señaló, en otros países se han registrado montos que incluso alcanzan millones de dólares.
De acuerdo con el fiscal, por el momento no es un fenómeno con antecedentes judiciales en el país; sin embargo, labores de inteligencia permiten al Ministerio Público afirmar que esta modalidad estaría operando de forma solapada.
“Aquí, a nivel de inteligencia, que es lo más que le puedo decir, pues hemos recibido ya algunas informaciones de que podrían estar operando en el país organizaciones dedicadas al chorro a chorro”, explicó.
Los grupos que se dedican a este tipo de préstamos, manifestó, tienen la misma o más fuerza para cobrar que la que ostentan los prestamistas gota a gota, y el origen de los fondos estaría igualmente vinculado con operaciones delictivas y ganancias provenientes del narcotráfico.
A diferencia de los préstamos gota a gota, que están dirigidos principalmente a población con limitaciones de acceso a créditos formales, el objetivo de los créditos chorro a chorro serían personas con capacidad adquisitiva para solicitar altas sumas de dinero.
Por ello, también difieren en los métodos de captación.
Según explicó Boraschi a La Nación, en la modalidad gota a gota las organizaciones criminales se acercan a sus objetivos con una tarjeta informativa y se presentan como una empresa lícita que resulta ser solo una fachada.
En los chorro a chorro, en apariencia, es una persona conocida en el medio, con abolengo, quien ofrece préstamos “informales”, que tampoco provienen de una entidad financiera, a una persona con un perfil económico alto que “quizás requiere mucho efectivo en un momento determinado”.
“Utilizan perfiles para colocar la plata de gente que tiene posiciones socioeconómicas importantes (...) Al final, probablemente los deudores van a ser sujetos a extorsiones”, afirmó.
Para Gerardo Castaing, criminólogo y exdirector del Organismo de Investigación Judicial, ambos fenómenos responden a una misma tendencia y, desde el punto de vista de inteligencia criminal, se les denomina préstamos gota a gota sin importar el monto.
Sin embargo, explicó que hace algunos años conoció un caso en el que un médico de una institución pública solicitó un préstamo informal mayor a los ¢9 millones y utilizó el dinero para comprar un vehículo.
Como no hubo garantías de por medio, dice, se rehusó a pagar y fue entonces cuando comenzaron las amenazas. Una de ellas ocurrió en agosto del 2023, cuando sujetos armados balearon el edificio de la Municipalidad de Esparza. Se presume que el hermano del médico laboraba en el inmueble y el ataque habría sido una forma de amedrentarlo.
Penas por extorsión
Si bien no hay antecedentes judiciales por casos de préstamos chorro a chorro, el incremento de créditos extorsivos en los últimos años motivó una respuesta legislativa que derivó en la incorporación del artículo 214 bis al Código Penal.
El numeral sanciona las extorsiones cobratorias y establece penas de cuatro a ocho años de prisión a quien utilice amenazas o intimidaciones, ya sea de forma directa, por medio de terceros o mediante cualquier canal de comunicación, con el fin de obligar a un deudor o a sus familiares a pagar una deuda.
Las penas aumentan a cinco y diez años cuando la amenaza se dirige a una persona menor de edad, adulta mayor o en condición de vulnerabilidad, cuando el hecho es cometido por dos o más personas, se producen agresiones físicas o psicológicas, o cuando el ataque se comete con armas o causa daños a la propiedad.