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Una organización criminal vinculada al prófugo de la justicia, Alejandro Arias Monge, alias Diablo, torturó durante 14 horas a un hombre a quien confundieron con un supuesto ladrón de comercios y lo retuvieron en un búnker ubicado en el Limbo de Duacarí, en Guácimo de Limón.
El hecho ocurrió el 22 de setiembre cuando la víctima fue abordada en el parque de Limbo aproximadamente a las 2 a.m. por varios sujetos que lo amenazaron con armas y lo llevaron a un lugar identificado como un expendio de drogas, donde permaneció cautivo hasta las 4 p. m., según explicó el fiscal adjunto de Pococí, José Mena.
En ese sitio estuvo amarrado de pies y manos, y le provocaron quemaduras en las piernas, los genitales y otras partes del cuerpo. Fue hasta que escuchó a sus captores decir que lo iban a matar, que tomó la decisión de escapar del sitio, detalló Mena durante una entrevista con La Nación.
El fiscal explicó que la víctima reconoció al menos a cinco de sus captores durante las horas de retención ilegal y que al escuchar que lo iban a asesinar decidió jugarse el todo por el todo. “Él sale por la parte de atrás del inmueble, que es tipo búnker y logra esconderse, posteriormente vecinos del lugar le dan auxilio y llaman al 911”, relató el funcionario.
Crueldad y extorsiones
Del testimonio del ofendido y los análisis que le practicaron, las autoridades establecieron que el hombre, quien ronda los 20 años, fue torturado con cigarros, encendedores y otros objetos, y “estaba sumamente golpeado y con algunas heridas abiertas”, dijo Mena.
El fiscal reiteró que el ofendido no cometió delito alguno; sin embargo, son los propios sospechosos de torturarlo, quienes le atribuyen la “comisión de algún evento delictivo”.
Mena explicó que el ataque al ofendido obedece a un fenómeno delictivo que está afectando a los comerciantes de Guácimo; el conocido “cobro de peaje”, donde ciudadanos decentes se ven obligados a pagar por protección a los grupos criminales, para evitar daños a sus propiedades o atentados contra sus vidas.
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El fiscal señaló que estas circunstancias son aprovechadas por las estructuras delictivas que, ante la falta de presencia policial, ejercen violencia contra la población. “Lo que ellos establecieron es como una especie de control social informal, particularmente en el cantón de Guácimo”, explicó.
En el caso de la tortura, se logró la detención de cinco imputados de apellidos Quirós de 18 años, Rojas (25), Chacón (28), Hurtado (31) y Brenes (36). Mientras que en una investigación paralela relacionada con venta de drogas se detuvieron tres personas: un hombre apellidado Varela de 21 años, una mujer de 35, apellidada Mena y adolescente de 17 años.
En ambos casos se decomisaron dosis de cocaína, crack y picadura de marihuana listos para su comercialización, también fueron incautadas armas de fuego y casi ¢2 millones en bajas denominaciones.
Vínculo con alias Diablo
Desde diciembre del año pasado, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), explicó que delincuentes de Limón y Pococí se han venido apropiando de la “marca Diablo” como estrategia para extender operaciones del narco en otras regiones del país, especialmente en Guanacaste y la zona norte.
Aunque llegan a aquellas zonas identificados como células de Diablo, estos criminales no están en la “planilla” que paga Alejandro Arias. Esta figura de negocio reproduce lo que ocurre en Tulsa King, una serie de mafiosos transmitida en la plataforma de streaming Paramount Plus, según recordó el propio jefe policial.
Consultado sobre si el caso atendido este miércoles está vinculado a alias Diablo, Mena respondió que “está en una región que es de predominio de esta persona; sin embargo, hay otras subestructuras que están siendo objeto de investigación”.
Mena hizo un llamado a las personas para brinden información aunque sea de manera confidencial sobre las extorsiones que sufren los comerciantes del cantón, a la vez que ordenó una investigación sobre el tema.
“Obviamente aprovechamos cualquier espacio para solicitarle a la ciudadanía que por favor se acerque a brindar información al respecto, entendemos también el riesgo que eso lleva implícito”, concluyó el fiscal, quien garantizó que todo dato que suministre la población será tratado con absoluta confidencialidad.
