“En mi barrio mucha gente se ha tenido que ir. Yo vi a un vecino que no pagó y casi lo matan. El problema es que uno no puede poner la denuncia, porque se dan cuenta. ¿Cómo? No lo sabemos, pero se dan cuenta de una u otra manera.
“Yo pago ¢30.000 mensuales y viera que a veces no me alcanza ni para comer, pero los ¢30.000 sí tengo que pagarlos, porque no tengo adónde irme y ahí están mis hijos, mi esposa. ¿Y yo cómo hago? Ni sé, porque muchas veces, en serio, no me alcanza”.
Esta es la realidad de los costarricenses que sufren en silencio al ser víctimas de los llamados “peajes” o cobros extorsivos realizados en ciertas comunidades del país, incluidos los barrios del sur de San José, donde el crimen organizado ha impuesto su ley.
Es un tipo de extorsión aplicada por delincuentes a comerciantes o pobladores, a cambio de no asaltarlos o no quemarles el negocio; de permitirles ejercer su trabajo, presuntamente, a cambio de protección, o simplemente para dejarlos transitar por una calle sin que les pase nada a sus allegados. La Nación habló con una víctima a quien llamaremos “Jorge”, por protección.
Jorge debe pagar todos los meses para que los criminales de su barrio no le hagan daño a su familia. Para él, quedarse sin dinero para comer no es nada comparado con el miedo que siente al pensar en las consecuencias de no pagar.
Desde hace un año, los delincuentes lo esperan al frente de su casa cada fin de mes para cobrarle esa plata que tanto le cuesta ganarse, y aunque piensa que no es justo, sabe que si lo denuncia, le puede ir peor.
“He tenido que irme al trabajo a pie porque no tengo ni para los pases del bus. La situación mía viera qué complicada que es, porque yo tengo que pagar por miedo, pero ni siquiera por mí, sino por mi familia. Yo sé que en barrios aledaños es igual, quizá no cobran ‘peajes’, pero extorsionan de otras maneras.
“Ahí donde yo vivo así es la vida: hay que pagar. A un familiar le pedían hasta medio millón por mes y tuvo que vender la propiedad para irse. Como yo soy familia, piensan que yo también tengo plata, pero no.
“Si uno llama a la Policía, más bien es peor. Un vecino denunció y, a los tres días, lo llamaron a decirle que si no quitaba la denuncia, le iba a ir feo. Hasta balean las casas o les tiran piedras. La vez que me llegaron a mí, fue hace un año y me dijeron que tenía que pagar si yo quería estar tranquilo.
“Son unos descarados, me esperan los 30 de cada mes ahí en la calle por donde yo salgo para ir al trabajo. Le dicen a uno que es por el bien de uno. Digamos que nos cuidan, pero si uno no paga, ahí sí lo joden”, contó el padre de familia.
“La situación es incómoda, pero uno no puede acudir a la Policía, jamás, ni se puede quejar. Si yo tuviera para dónde irme, hace tiempo me hubiera ido de ahí, pero no tengo para dónde. Hay una señora que tiene un súper y casas de alquiler, que me dice que tiene que pagar bastante, porque no puede dejar todo eso botado.
“Los cobradores son carajillos, hay uno que tiene 13 años. No pasan de 18 años; solo el jefe, que está en prisión. Ahora, ellos siguen órdenes desde la cárcel”, agregó el ciudadano.
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Impunidad a punta de temor
Jorge gana el salario mínimo y así debe mantener a su esposa y dos hijos, pero siempre apartando una parte del dinero para los delincuentes. Él forma parte de una estadística fantasma de víctimas que temen denunciar a los criminales que les cobran peajes en sus comunidades.
Debido a lo anterior, las autoridades no tienen datos para dimensionar este problema y la poca cantidad de denuncias hace pensar que la situación no es tan grave como parece, aunque el ministro de Seguridad, Mario Zamora, no tiene ese criterio.
Para el nuevo jerarca, quien asumió su puesto el pasado 10 de mayo, el peaje extorsivo es una de las principales actividades delictivas que debe combatir el país en este momento, tanto así que una de sus primeras propuestas para el Congreso es tipificar este acto como un delito específico y no seguir abordándolo bajo el delito de extorsión, que se castiga con penas de 4 a 8 años de cárcel.
“Son personas que, a través del matonismo, exigen el pago de peajes de paso. Es una de las estrategias del crimen organizado actualmente, para imponer su ley en los territorios que ellos dominan. Siempre ha existido pero ahora se ha sistematizado y se ejerce con un nivel mayor de profesionalismo.
“Es un fenómeno que va aparejado a las zonas donde los grupos de narcotráfico ejercen control. Lo tenemos identificado en barrios del sur de San José, donde los sujetos cobran para ingresar allí”, explicó.
De acuerdo con Zamora, hasta el momento lo que las autoridades han hecho para enfrentar este problema ha sido presencia policial permanente, pero aunque se ha logrado atenuar un poco esta práctica, todavía hace falta trabajar más.
“Es un elemento que indica gobernanza criminal sobre territorios. Es el fenómeno al que he venido yo haciendo mención, de la ‘mexicanización’ de la delincuencia en Costa Rica. Que donde ellos (los criminales) operan, imponen un estado de excepción.
“Vos para ejercer los derechos que la Constitución te da, como el libre tránsito, tenés que pagar. Para ejercer el derecho de comercio, tenés que pagarle a alguien que no es el Estado. Entonces, el problema de estos grupos criminales es que donde operan sustituyen al Estado y ellos se eligen como los dueños del territorio”, afirmó.
Adolescentes involucrados en el negocio
Según el ministro, el hecho de que muchos cobradores sean adolescentes más bien agrava el problema, porque ejercen un alto grado de violencia innecesario sobre las víctimas.
Para el fiscal de Hatillo, Randall González, esto también refleja una estrategia del crimen organizado, porque sabe que puede aprovechar la flexibilidad que tienen los menores de 18 años ante la ley en el país.
“Como los menores son personas cuya responsabilidad penal, si bien es cierto sí existe en la ley de justicia penal juvenil, digamos que hay mayor flexibilidad para imposición de medidas cautelares.
“Meter preso a un menor de edad por estas circunstancias es muy, muy difícil porque, por la misma ley, hay que socializarlos y darles oportunidades de que puedan cambiar. Entonces, el crimen organizado utiliza a los menores por esto, amén de que, eventualmente, en una pena, saldrían más rápido de la cárcel”, explicó.
González dijo que, en su experiencia atendiendo estos casos en el Ministerio Público, ha visto que los delincuentes cobran peajes mensuales desde ¢10.000 hasta ¢400.000, según el tipo de víctima. La mayoría de veces, los afectados son trabajadores que no tienen ningún vínculo con la criminalidad.
Asimismo, en el actuar, los cobradores incurren en otros delitos además de la extorsión, como la amenaza agravada, la agresión con arma o lesiones. Sin embargo, siempre es difícil procesarlos.
“Si hay denuncias, nosotros lo que tratamos es de sacar a la persona imputada del lugar con medidas cautelares. Si da para prisión preventiva, pues con eso, o por lo menos que no se pueda acercar al lugar para seguir delinquiendo”, detalló al fiscal, al reconocer que no siempre se presentan las denuncias por el temor a represalias.
De hecho, aunque las víctimas pueden aplicar al programa de protección de testigos, el proceso es complicado, implica muchos cambios y no asegura que familiares no se vean afectados.
Por ejemplo, en el 2016 un taxista informal identificado como Randall Roberto Fernández Marín, de 44 años, fue asesinado de 15 balazos apenas una semana después de denunciar a los criminales que le cobraban peaje en Tejarcillos de Alajuelita, San José.
En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dijo que estas denuncias son muy difíciles de comprobar porque, generalmente por temor, los ofendidos se reservan detalles importantes, como la descripción física de quienes los amedrentan.
“Nosotros entrevistamos a la persona, tratamos de recopilar todos los datos para hacer un análisis criminal, pero a veces se dificulta por la poca colaboración de la ciudadanía. Solo nos dicen que les están pidiendo dinero. Por temor, prefieren no describir a la gente, no nos dan testigos y así es complicado.
“Necesitamos que nos indiquen quiénes son las personas, dónde se ubican, alguna característica que nos permita definir la investigación”, dijo, en aquel momento, el entonces subdirector del OIJ y hoy ministro de Justicia, Gerald Campos, al reclamar que las víctimas también denunciaban muy tarde.
Garantizar protección a víctimas
Abogados penalistas consultados por La Nación concuerdan en que las autoridades deben mejorar su abordaje de esta actividad delictiva, con el fin de que las víctimas puedan denunciar sin repercusiones.
Para el jurista Alfonso Ruiz, un asunto es que no hay forma de que los criminales no se den cuenta de las denuncias, ya que los procesos penales son de conocimiento de todas las partes y, por lo tanto el acusado se enterará en algún momento, a fin de poder ejercer su defensa.
Sin embargo, afirmó que “si se enteran al día siguiente de que se presenta la denuncia, eso es una deficiencia del sistema por filtración indebida”.
Por su parte, el litigante Ewald Acuña señaló que lo ideal es formular denuncias anónimas a los números telefónicos del OIJ y el Ministerio de Seguridad, para evitar la revelación de la identidad del afectado.
Además, sostuvo que las autoridades judiciales y policiales deben solicitar la dirección funcional del Ministerio Público para procurar los elementos probatorios que acrediten la comisión del delito y sus autores, o bien con el fin de planear un operativo para detener en flagrancia a los extorsionadores.
Sobre esto, el penalista Federico Campos explicó que, en estos casos, la prueba principal siempre será el testimonio de las víctimas u otras personas a las que les conste lo que está sucediendo, ya que como normalmente se paga en efectivo, no hay pruebas de pagos electrónicos. Sin embargo, siempre se pueden aportar videos, fotografías y mensajes de texto como evidencia.
“Como es crimen organizado, son bandas que operan con esquemas jerárquicos que deben ser desarticulados completamente para que no sigan operando. Las denuncias pueden ser anónimas, pero deben canalizarse en el lugar idóneo y de la forma adecuada”, agregó.
Este diario solicitó una entrevista al Organismo de Investigación Judicial para consultar por este tema, pero la oficina de prensa respondió que la sección a cargo de atender esta actividad delictiva por el momento no se va a referir al asunto, hasta tanto realizar una exhaustiva revisión de datos internos, ya que “la incidencia en cuanto a esos hechos no se ha vuelto a presentar o, si se ha presentado, la gente no ha denunciado”.