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El Juzgado Penal de Turrialba impuso medidas cautelares contra dos personas sospechosas por el asesinato de Pamela Royo, de 40 años y madre de dos hijos, mientras que una tercera imputada quedó vinculada al proceso sin restricciones. Royo habría sido asesinada por supuestamente oponerse a vender droga.
En el caso de un hombre de apellido Marín, de 34 años, el Juzgado ordenó cuatro meses de prisión preventiva por el delito de homicidio calificado.
En tanto, para su hermana, de 19 años, permanecerá en libertad, pero con las medidas cautelares de mantener domicilio fijo, presentarse a firmar una vez al mes y no tener comunicación con testigos del caso. Ella es sospechosa de los delitos del presunto delito de favorecimiento real.
Una tercera imputada de apellido Lee, vinculada con un presunto delito de favorecimiento real, continuará el proceso en libertad y sin medidas.
El Ministerio Público no apelará las medidas impuestas.
Información preliminar indica que las sospechosas fueron informadas de que Royo había sido llevada a ese lugar donde fue asesinada y, a pesar de que la ofendida había sido reportada como desaparecida, ocultaron información a las autoridades.
Pese a que el caso ocurrió en 2024, Agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron este 28 de abril a las tres personas vinculadas con el homicidio.
Brutal asesinato
Según la tesis del Ministerio Público, Pamela Royo habría sido decapitada por oponerse a vender droga para un proveedor del prófugo de la justicia, Alejandro Arias, alias Diablo.
La Fiscalía señala que la mujer habría sido interceptada y posteriormente llevada hasta una casa, donde la asesinaron de siete disparos y luego desmembraron su cuerpo.
Los hechos ocurrieron en junio del 2024 en el barrio Carmen Lyra, en la comunidad de los Laureles, Turrialba. El crimen trascendió cuando los sospechosos lanzaron la cabeza de la víctima en el corredor de una vivienda y horas después apareció el cuerpo en una zona boscosa que colinda con un parque infantil.
El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto enfatizó la crueldad con la que los perpetradores atacaron a la mujer, “sin duda alguna es un acto muy atroz, es una especie de mensaje que un grupo quizás quería darle al otro”, dijo Soto.
Para él, el hecho de desmembrar a la ofendida “en un lugar simbólico, puede tener algún tipo de significado por la disputa de territorios”.
El director interino de la Policía Judicial declaró que, además de estas personas detenidas, a dos menores de edad, quienes estaban recluidos por otro delito, se les vincula en este proceso.
