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Tres jueces del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal rechazaron una solicitud de prórroga para que 20 imputados en el Caso Madre Patria permanecieran en prisión preventiva.
Así consta en una resolución del 24 de febrero, firmada por los jueces de apelación Ana Isabel Solís Zamora, Max Antonio Escalante Quirós y Manuel Gómez Delgado.
El pasado 20 de febrero el juzgador Pablo José Porras Barahona avaló sustituir la prisión preventiva por medidas alternativas para 18 de ellos.
Entre los imputados, ahora en libertad, se encuentran dos españoles y presuntos cabecillas del grupo, de apellidos León Muñoz y Gómez González, así como sus parejas, Jiménez Arias y García Núñez, respectivamente.
También fueron liberados doce hombres de apellidos González Araya, Pérez Barboza, Loaiza Bolandi, Marín Ramírez (colombiano), Venegas Marín (juez penal), Barrientos Campos, Rodríguez Hidalgo, Rojas Rojas, Prendas Matarrita, Chaves Arias y Herrera González. Además, se incluyó a dos mujeres más, identificadas como González Pinto y Herrera Vega.
Para los imputados Fernández Gustavino y Martínez Parada, el Tribunal de Apelación también rechazó prorrogarles la prisión preventiva.
Imputados en libertad
El 20 de febrero, el juez Porras Barahona se apartó de los criterios del fiscal a cargo del caso para variar las medidas. En todos los casos, el Ministerio Público solicitó que los imputados permanecieran en prisión preventiva mientras avanza la investigación, que se remonta al 2020.
Como parte de las medidas impuestas, los imputados deberán brindar la dirección exacta de su domicilio, firmar dos veces al mes (a partir del 13 de marzo), no podrán salir del país, deben abstenerse de molestar o comunicarse con las víctimas o testigos del proceso y las autoridades verificarán que estén en sus domicilios al menos una vez al mes.
En el caso de los extranjeros León Muñoz, Gómez González y Marín Ramírez, además deberán entregar sus pasaportes.
Aunque cada caso tiene sus particularidades, el juzgador fundamentó su decisión en criterios similares para todos. En la resolución, Porras determinó que los arraigos familiares de los sospechosos, oportunidades de empleo y alternativas de domicilio apuntan a un menor riesgo de fuga y mayor facilidad para localizarlos.
Además, varios de los imputados ya habían cumplido medidas alternativas sin que se acreditaran incumplimientos.
Las autoridades presumen que la organización cometió cientos de fraudes para apropiarse de bienes inmuebles y venderlos posteriormente a terceros. Uno de los casos involucra una finca en El Coco, Carrillo, Guanacaste, valorada en $30 millones.
También se les atribuye haber destituido a los propietarios chinos de una sociedad anónima para adueñarse de una propiedad valorada en $1,2 millones (¢621 millones al tipo de cambio actual), ubicada en Escazú. Las víctimas se encontraban fuera del país cuando se concretó el traspaso fraudulento.
Además, legitimaban el dinero comprando vehículos de alta gama, invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
La supuesta organización criminal, integrada por un juez de la República, abogados, un ingeniero y otros profesionales, fue intervenida el 25 de junio de 2024, cuando las autoridades ejecutaron 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas.
