11 imputados del Caso Madre Patria, que cumplían arresto domiciliario con tobillera como medida cautelar, volvieron a prisión preventiva, informó este viernes el Ministerio Público.
En este caso se investiga a una red sospechosa de cometer cientos de fraudes en los últimos años, para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, legitimaban el dinero obtenido comprando vehículos de alta gama e invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
El 25 de junio del 2024, se ejecutaron 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas para dar con 42 sospechosos.
De los que quedaron detenidos, 11 pasaron a cumplir arresto domiciliario el pasado 18 de julio, cuando el Juzgado Penal de San José ordenó el cambio de medidas.
Sin embargo, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (Faedo) apeló ese fallo ante el Tribunal Penal de San José, el cual le dio la razón y ordenó que esas personas volvieran a la prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El Tribunal consideró que el Juzgado valoró de forma incorrecta los peligros procesales existentes en relación con estos imputados, como el riesgo de fuga. Además, rechazó las apelaciones presentadas por la defensa de los investigados.
Ahora continuarán en prisión al menos hasta el 25 de diciembre, pero la Fiscalía ya anunció que solicitará una prórroga antes de que se cumpla ese plazo.
Los 11 imputados en cuestión son de apellidos García Núñez (mujer), Jiménez Arias (mujer), Rojas Rojas, González Pinto (mujer), González Araya, Barrientos Campos, Venegas Marín, Fernández Gustavino, Herrera Vega (mujer), Pérez Barboza y Marín Ramírez.
También cumplen prisión preventiva, desde semanas atrás: Martínez Parada, Chávez Arias, León Muñoz, Gómez González, Herrera González, Loaiza Bolandi, Prendas Matarrita, Barrientos Campos y Rodríguez Hidalgo.
Asimismo, una mujer de apellidos Arrieta Solano y un hombre de apellidos González Jiménez cumplen las medidas cautelares de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, firmar periódicamente e impedimento de salida del país.
Ellos son investigados por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.