El Juzgado Penal de San José ordenó prorrogar las medidas cautelares contra 11 personas vinculadas al megacaso Madre Patria, en el que se investiga a una red delictiva sospechosa de cometer falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
Los presuntos implicados a los que se les aplazaron las medidas son cuatro mujeres de apellidos García, Jiménez, González y Herrera; así como seis hombres de apellidos Rojas, Barrientos, Venegas, Fernández, Pérez y Marín Ramírez. A estos se les ordenó:
-Arresto domiciliario.
-El impedimento de salida del país.
-Firmar de manera periódica dos veces por mes.
-Y la prohibición de comunicarse con los coimputados de esta causa penal.
Asimismo, a un hombre de apellido González, además de que se le ordenó las medidas cautelares antes mencionadas, también se le impuso mantener su trabajo en modalidad de teletrabajo desde su casa de habitación.
El Ministerio Público precisó que el arresto domiciliario se extiende por cinco meses más, hasta el 25 de diciembre de 2025 y el resto de medidas por el plazo que dure el proceso.
Caso Madre Patria
Este megacaso se dio a conocer en julio de 2024 cuando la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) del Poder Judicial, realizó una serie de operativos que buscaban la detención de 42 sospechosos.
En esa ocasión, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), declaró que la estructura criminal era comandada por dos españoles identificados con los apellidos Gómez y León, quienes principalmente se dedicaban al fraude registral.
Además se detuvieron a cinco policías de Tránsito, quienes quedaron en libertad, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro funcionarios judiciales por presuntamente colaborar con dicha organización.
Las capturas se realizaron mediante 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas. A los sospechosos se les asocia con cientos de fraudes ejecutados en los últimos años, para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros. Además, presuntamente legitimaban el dinero obtenido comprando vehículos de alta gama e invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.