EscucharEl Tribunal Penal de Goicoechea acordó, este martes, fijar el 26 de mayo como la fecha definitiva para el inicio del juicio del caso de la Trocha fronteriza, luego de 13 años de espera.
Los jueces rechazaron la solicitud de tres defensores públicos que solicitaron postergar por tres meses el inicio del debate, para estudiar el expediente.
Los defensores fueron asignados al caso en sustitución de José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves, quien fue separado de la causa, luego de que tres audiencias tuvieran que ser suspendidas por su inasistencia.
José Joaquín Ureña, abogado particular de uno de los imputados, declaró a La Nación que una postergación de tres meses sería equivalente a suspender el juicio.
LEA MÁS: Caso la Trocha: Tribunal declara abandono de abogado José Miguel Villalobos
No obstante, explicó, la ley sí permite a los defensores solicitar un plazo de 10 días hábiles para estudiar el expediente, cuando son asignados a casos complejos como el de la Trocha.
“En realidad, les dieron más días”, agregó.
El Tribunal también rechazó la solicitud de los defensores públicos de que el juicio se realice en horario regular. Actualmente, las audiencias se programan en horario vespertino, esto es de 4 p. m. a 8 p. m.
La medida se aplicó para que el debate no chocara con las audiencias del juicio del Caso Fénix, donde Villalobos representa a otros siete acusados por presunto lavado de dinero.
Ureña indicó que la fecha del 26 de mayo es la definitiva, si bien está contemplada una audiencia para este miércoles, será únicamente para escuchar la gestión de una abogada defensora.
“No sabemos qué es lo que va a pedir, pero ya el Tribunal dijo que era muy tarde, que lo viéramos mañana (miércoles). Será alguna gestión interlocutoria, pero los temas esenciales, que eran el horario y el inicio del juicio, ya de forma definitiva fueron resueltos”, explicó.
Afirmó que en este tipo de procesos no cabe apelación sobre lo resuelto.
Tras declarar el abandono de Villalobos, se abrió la posibilidad de que los ocho imputados por la Trocha fronteriza buscaran un abogado de su confianza.
No obstante, en la audiencia realizada el 24 de abril, los acusados informaron que no designaron ningún defensor privado, por lo tanto, el Tribunal ordenó la asignación representantes públicos.
La causa penal, abierta desde el 2012, cuenta con 14 imputados, de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Entre los acusados se encuentran empresarios sospechosos de ofrecer dádivas y exfuncionarios que las habrían aceptado para construir la trocha fronteriza, una vía de 160 kilómetros que corre paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua.
La construcción se impulsó con un decreto de emergencia del gobierno de Laura Chinchilla, emitido en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero, en el Caribe norte, territorio del cantón de Pococí.
El arranque del juicio se pospuso por diversas razones. En el 2023 se postergó tres veces: primero por una recusación contra dos jueces para separarlos del proceso por cuestionamientos a su imparcialidad, luego por la inhibición del juez Jorge Tabash Forbes por su amistad con el abogado Ureña, y finalmente por el atropello del imputado Miguel Francisco Ramírez, uno de los encargados del proyecto en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
