Han pasado 11 años desde que estalló el conocido caso de la trocha fronteriza y será hasta el próximo lunes 27 de marzo que se inicie el juicio contra los imputados. El debate comenzará a las 8:30 a.m. en el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José y se extenderá hasta el 22 de setiembre, comunicó el Poder Judicial.
Fue el 4 de mayo de 2012 cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una conferencia de prensa para revelar los supuestos actos de corrupción en la construcción de la llamada trocha fronteriza o ruta 1856.
La mandataria habló del presunto pago de dádivas y del aparente desvío de fondos destinados a la construcción de la obra. Ante esas sospechas solicitó investigaciones judiciales y pidió la renuncia a su ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez.
Desde entonces, han pasado 11 años y el país sigue sin tener claridad sobre lo sucedido. Tampoco ha habido sanciones.
El Ministerio Público acusó a 13 personas, quienes serán las que irán a juicio el lunes, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, cohecho propio, penalidad del corruptor y legitimación de capitales. Sus nombres no fueron divulgados en la información suministrada este viernes por el Poder Judicial.
Antecedentes del proceso
La trocha fronteriza fue el nombre que se le dio a la carretera de 160 km con que se pretendía mejorar la vigilancia en la zona limítrofe con Nicaragua. Se comenzó en 2010, durante el gobierno de Laura Chinchilla, luego de la invasión por parte de militares del vecino país a isla Calero.
Aquella fue considerada una obra de emergencia, por lo que se utilizaron criterios de contratación más flexibles y expeditos.
Sin embargo, en mayo de 2012, la propia mandataria denunció aparentes irregularidades en el uso de los recursos, situación que le costó el puesto el entonces jerarca del MOPT.
Las investigaciones avanzaron con gran lentitud, hasta que en enero de 2017, la Fiscalía presentó la acusación contra 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.
Dos meses antes, el Juzgado Penal de Hacienda había dictado un sobreseimiento definitivo a favor de otras 47 personas, entre ellas la expresidenta de la República Laura Chinchilla Miranda (2010-2014) y el exfiscal Jorge Chavarría Guzmán; el exvicepresidente Luis Liberman Ginsburg, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes y la exmagistrada Ana Virginia Calzada Miranda, así como funcionarios del Conavi y dueños de constructoras.
El caso
La investigación revisó la actuación de funcionarios públicos que tenían el control, fiscalización y supervisión del proyecto, así como de empresarios privados, ante la sospecha de que se hubieran puesto de acuerdo para sustraer fondos públicos.
Por ejemplo, se presumía que distintos proveedores de servicios reportaban la misma maquinaria usada en la misma fecha, así como un solo proveedor que reporta dos veces la misma maquinaria en el mismo momento.
Otro hecho presuntamente irregular es que se reportó el uso de maquinaria con un documento de identificación DUA (Declaración Única Aduanera) que no tiene registros en el sistema aduanero.
Entre las posibles anomalías también están el reporte de labores justificadas con equipos que no habían sido nacionalizados al momento en que se registró el uso. También hay informes de maquinaria fuera de vida útil alquiladas por un monto mayor al establecido en un decreto ejecutivo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Como parte de la investigación, además de allanamientos y entrevistas, se levantó el secreto bancarios de varias cuentas y secuestro de información privada.
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