Ocho meses después de que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela le ordenara al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), eliminar los canales y rellenos que dañaron los al menos cinco humedales durante la construcción de la llamada trocha fronteriza, esa institución no ha ejecutado ninguna tarea para enmendar los destrozos.
La medida restitutiva fue solicitada por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. El Juzgado emitió la orden desde el 23 de mayo del 2022. La instrucción dio al Conavi un plazo de seis meses para eliminar obras que se ejecutaron durante la construcción de la llamada Ruta 1856, en el 2011. Entre las intervenciones que provocaron daños están, según la Fiscalía, la construcción de canales de drenaje, relleno de humedales y puentes.
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Según dicha resolución, “los rellenos, así como los canales de drenado que actualmente existen en los humedales, están secando y eliminando dicho ecosistema, por lo que, de mantenerse esa capa de tierra vegetal y las alcantarillas en el sitio, amenaza con la total desaparición e imposible recuperación a futuro de los humedales”.
En el fallo judicial se indica que hubo afectación de al menos cinco humedales de importancia dentro de la Convención RAMSAR de Humedales, es decir, que son de importancia internacional dentro de los 2.471 que cobija ese tratado suscrito por 172 gobiernos.
Los destrozos se produjeron al rellenar el suelo y hacer canales que drenan las aguas; algunos de esos canales tienen hasta dos metros de profundidad por dos de ancho y más de dos kilómetros de longitud.
Entre los ecosistemas afectados están el humedal Palustrino, laguna Maquenque (que tiene 60 hectáreas de superficie), el humedal Medio Queso y las llanuras y pantanos del río La Cureña.
La Fiscalía advierte que este tipo de humedales “son sitios frágiles y de vital importancia para la vida silvestre que depende de ellos”. Destaca además que esa fauna forma parte del atractivo turístico que el país promueve y constituyen extensos reservorios de agua dulce, “por lo que son de gran importancia para el ser humano”.
En la sentencia, los jueces determinaron que el Conavi era responsable de vigilar que las personas contratadas para la construcción de la carretera ejecutaran dichas labores en apego a la ley, pero “omitió realizar ese control lo que permitió todas las afectaciones ya indicadas”.
La trocha fronteriza de 160 km y una inversión de ¢20.000 millones surgió en 2011 en respuesta a la invasión a territorio costarricense que ordenó Daniel Ortega, quien quiso apropiarse de Isla Calero. La carretera se ideó como estrategia de seguridad policial y tránsito para los habitantes de la región.
Imposible reparar todo el daño
El 26 de enero, el director del Conavi, Mauricio Batalla Otárola, presentó ante los miembros de la Junta Directiva el tema judicial que pone en aprietos a la Administración.
Según consta en el acta de dicha sesión, Batalla indicó que la resolución del Juzgado Penal fue recibida hace “hace un par de meses”, por lo que luego de conocerla gestionaron reuniones con personal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y se coordinó una visita al sitio.
“Lo que continúa es formar una mesa de trabajo para generar este plan remedial y a partir de ahí generar los costos correspondientes y las acciones a tomar. Estamos, digamos, que a la mitad. Nos queda la segunda parte, que es generar esta mesa de trabajo en conjunto con los personeros del Sinac y a partir de ahí, generar y buscar los recursos para este plan remedial”, afirmó el director ejecutivo.
Sin embargo, en una sesión posterior, el 2 de febrero, Batalla dijo a los directivos del Conavi que ya equipos del Conavi y el Sinac habían estado en el sitio para determinar las medidas compensatorias.
Explicó que luego de esa visita se determinó que “en muchos casos es literalmente imposible volver a su estado original”, pues generaría un impacto ambiental mayor.
De acuerdo con el documento de esa sesión, el director del Conavi reconoció que no se han podido poner de acuerdo con el personal del Sinac, por lo que el consejo de administración acordó pedir la intervención del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para establecer una mesa de diálogo.
En el acta se indica que, según el Conavi, el Juzgado les dio cuatro meses (aunque la resolución emitida en mayo indicaba que el plazo era de seis meses) de los cuales ya han consumido “dos o tres meses” en las visitas al sitio e informes preliminares.
La Fiscalía confirmó a La Nación, que la causa dentro de la cual se estableció dicha medida aún se encuentra activa y es tramitada bajo el expediente N°17-000006-0611- PE.
La misma responde al supuesto delito de drenaje, relleno, secado y eliminación de humedal e invasión a un área de protección, en perjuicio de los Recursos Naturales.
Este diario también envió consultas al director del Conavi para conocer cuáles son las medidas de reparación que ejecutarían, los costos y plazos, pero no se tuvo respuesta al cierre de esta noticia.
Vecinos temen quedar incomunicados
Mientras el Conavi y Sinac intentan ponerse de acuerdo, los vecinos de la zona también confirmaron a este medio que la carretera que nunca se terminó no ha recibido, desde su abandono, ninguna intervención o medida para mitigar el daño ambiental.
La única acción del Conavi en la zona fue la rehabilitación de 17 km en el sector entre Boca San Carlos y Cureña, donde la pésima condición obligaba a vecinos y estudiantes a navegar por las aguas del río San Juan para acceder a servicios básicos.
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Juan Pablo Rodríguez, secretario de la Asociación de comunidades fronterizas del Norte, relató a este diario que la principal preocupación de los vecinos es que las medidas que se ordenaron más bien terminen por dejarlos incomunicados, pues se eliminarían puentes o el trazado de la carretera, que pese a su mal estado, les permite salir de esa localidad por la vía terrestre.
De acuerdo con Rodríguez, la zona más afectada es la que se ubica de Boca San Carlos hacia el norte, pues era el área más boscosa y fue necesario abrir paso en la montaña para lanzar la carretera.
En las inspecciones que ellos mismos han realizado, asegura que la principal afectación tuvo que ver con el relleno de salidas naturales de agua de la montaña hacia el río, lo que en algunos sitios también ha ocasionado deslizamientos.
Desde la construcción de la carretera, los habitantes de esa zona fronteriza han procurado la intervención del Conavi. Sin embargo, debido a que la vía nunca se terminó y por ende no se inscribió como ruta nacional, la respuesta de esa entidad es que no es posible incluirla dentro de sus planes de mantenimiento.
“Eso no es tan fácil como que llega y se borra todo, o sea, esas personas entraban por el río; ahora tienen un acceso y si eso desaparece tendrían que dar vueltas más grandes”, explicó Rodríguez, al agregar que la trocha es además la única vía de control para la policía de fronteras en ese punto.
En julio del 2012, el Tribunal Ambiental Administrativo exigió al Conavi presentar un plan de mitigación, compensación y reparación por los daños ocasionados al ambiente durante la construcción de la ruta 1856, luego de encontrar evidencias de tala injustificada, extracción de materiales, así como una posible corta y venta de árboles vedados.
La construcción de la vía de 160 km se impulsó durante el gobierno de Laura Chinchilla, alegando temas de seguridad nacional, luego de las invasiones que desde el 2010 realizó el ejército de Nicaragua en Isla Calero. Empero, la obra nunca se completó y representó una inversión de ¢16.000 millones.
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Por este caso, el Ministerio Público acusó a 13 personas que están a la espera de juicio por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, cohecho propio, penalidad del corruptor y legitimación de capitales.