Como de costumbre, la pequeña embarcación se acerca a la orilla norte del río para detenerse a su paso frente al puesto del Ejército nicaragüense que se ubica justo antes del límite donde las aguas del San Juan pasan a ser del río San Carlos.

Este martes, mientras un equipo de La Nación los observaba desde la otra orilla, el soldado que salió al paso del bote únicamente solicitó la lista que Gadiel Cerdas, de 16 años, se apresuró a entregarle.

Esta vez no hubo revisión de bultos ni de celulares; no subieron a la embarcación ni los obligaron a bajar.

Según cuentan los jóvenes, sus papás y otros vecinos, con frecuencia el registro de pasajeros incluye requisas, burlas y hasta humillaciones.

La ruta por el San Juan es la única forma que tienen los 22 estudiantes de Cureña para llegar al centro educativo, debido a que la prometida trocha fronteriza nunca se concretó, el camino existente es intransitable.

Por esa razón, todos los días lectivos van en lancha y están obligados a pasar por el puesto militar, a la ida y al regreso.

Hasta hace unos meses, los soldados les pedían bajar a suelo nicaragüense; los colocaban en dos hileras (una de hombres y una de mujeres) para revisarles los bultos.

Ahora son los militares armados quienes se suben al bote para realizar ahí la requisa y siempre entregan una lista con los nombres de los muchachos, como la que Gadiel le entregó al militar el martes. A veces también los llaman uno a uno como pasando lista.

“Hay veces los chiquillos se sienten incómodos porque los revisan, los regañan porque a los carajillos no les gusta que les revisen sus cosas, no pueden usar ni un teléfono, porque también se los quitan”, contó Concepción Aguilar, quien es vecina de la comunidad de Cureña y madre de una de las estudiantes que viajan en el bote.

En ocasiones, contaron las muchachas a La Nación, los militares les revisan sus pertenencias íntimas y realizan chistes al respecto.

“Llegamos al puesto y tenemos que entregar la lista, antes nos hacían que bajáramos ahí y nos decían que nos pusiéramos una fila de hombres y otra de mujeres y decían que abriéramos las mochilas y enseñáramos lo que andábamos”, contó Jénnifer Espinoza.

“A mi me daba vergüenza porque a veces uno andaba toallas (sanitarias) y ellos llegaban y revisaban y no les importaba, y decían como burlándose que si era una galleta”, dijo Kímberly Espinoza, alumna de noveno año.

Cuando les han revisado sus celulares, dicen los muchachos, los miembros del Ejército iban específicamente a ver las fotografías que tenían en las galerías. Aquello, sienten, es una intromisión a su intimidad.

En alguna ocasión, incluso, los regañaron por no saludar o por reírse entre ellos durante la revisión.

“A un capitán no le gustaba que no lo saludáramos, entonces cuando no lo hacíamos se ponía bravo, en algún momento nos dijo una palabra que no entendimos pero para él era un regaño que era como pediguey”, recordó Gadiel.

Los muchachos relataron que en determinado momento las revisiones en tierra se suspendieron y los soldados optaron por subirse al bote para hacer ahí la requisa.

“Nos parece injusto que nuestros estudiantes tengan que transitar por aguas nicaragüenses porque no tenemos la trocha en buenas condiciones para una buseta, es un asunto de justicia social, porque tras de que arriesgan la vida todos los días, tiene que pasar de venida y de regreso a pedir permiso al puesto militar donde sufren humillaciones, a como hay militares buena gente, hay otros que se abusan, les hacen insinuaciones”, denunció Evaristo Arce, quien es vecino de la zona y regidor municipal.

En un fallo de junio del 2009, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, ratificó la libre navegación de Costa Rica por el río San Juan con “fines de comercio”, incluido el transporte de pasajeros y turistas, pero sin circulación de policías.

Ese fallo también indicaba que se debía conceder a los habitantes del lado costarricense del río el derecho a circular para llegar a las diferentes comunidades a lo largo del cauce y así suplir necesidades esenciales como educación y atención médica.

Sin embargo, los vecinos de las comunidades de Cureña, Cureñita y Caño Tambor también enfrentan a diario dificultades para acceder a servicios de salud, pues no pueden circular por el río, y a sus pueblos no entran buses. La única forma de salir para acudir a citas o por emergencias es pagándole a alguien que los traslade en moto o un carro privado de doble tracción.

La directora del Liceo Boca Río San Carlos, Ana Mercedes Vargas, y la directora regional del Ministerio de Educación Pública (MEP), Anayancy Bonilla, minimizaron la situación de los estudiantes. Aseguran que se hizo una investigación con los alumnos y se ha hecho visitas al puesto militar para indagar sobre lo denunciado.

“La investigación dice que según los testimonios de los muchachos, ellos nunca han sido maltratados, ni amenazados; que lo normal de toda frontera es que uno tiene que bajarse del vehículo y que le revisen el bulto”, dijo Vargas.

Incluso fue tras una visita de la directora y uno de los profesores del colegio al puesto militar, que estos aceptaron dejar de pedirle a los muchachos que bajaran del bote y hacer las revisiones subiendo ellos a los navíos.

“Ellos pasan por una zona fronteriza y tienen que ser revisados, se les entrevistó a todos, se fue y se verificó (...), ninguno de los estudiantes dicen que cuando pasan se entrega la lista y cuando regresan en la tarde es donde abren el bulto para que los vean y es parte del proceso, solamente 22 estudiantes los que pasan por ese lugar (...). No se les está haciendo nada, sino no podrían navegar por ahí“, dijo Bonilla.

Ambas también concuerdan en que si ese trayecto de 17 kilómetros entre Boca San Carlos y Cureña estuviera al menos transitable, los estudiantes podrían viajar en una buseta en lugar de hacerlo por el San Juan.

Consultada, sobre si este procedimiento es el adecuado según los tratados vigentes, la Cancillería informó de que no estaba al tanto de esta situación.

“Ha sido por medio de la consulta de La Nación, que se ha tenido conocimiento sobre estos hechos. Pero, para iniciar alguna gestión, se hace necesario la presentación de una denuncia o queja por parte de los estudiantes, de sus padres o de los profesores”, indicaron mediante un correo electrónico.

Intervención urgente

La situación de los estudiantes del Liceo de Boca Río San Carlos fue el detonante para que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que ya a inicio de año había descartado la posibilidad de intervenir la trocha, anunciara que procuraría la reparación de al menos dos tramos de esa ruta a fin de mejorar la condición de los habitantes.

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“Cuando me contaron eso planteé la posibilidad de que algunos de los tramos que son como los que más están afectando a la población, que los hayamos dejado abandonados, nosotros los podamos retomar con los programas de mantenimiento de lastre”, explicó el director de ese consejo, Mario Rodríguez.

Según dijo, la intención es que esas mejoras se puedan empezar a ejecutar en enero del próximo año.

Por su parte, Esteban Coto, director regional del Conavi en San Carlos, detalló que la propuesta de intervención consiste en unir dos tramos de la trocha a dos rutas nacionales para así poder integrarla en los programas de mantenimiento, pues al haber quedado inconclusa no ha sido trasladada a ese ente para incluirla en los planes de conservación vial.

“La ventaja es que si a esas rutas les agregamos estos pedacitos, en un 80% la trocha se va a convertir en ruta nacional y le podemos invertir fondos”, explicó Coto.

El primero de ellos abarcaría desde el sector de Caño Tambor hasta Boca San Carlos, lo que convertiría esa sección de la trocha en la ruta nacional 250.

El otro trayecto abarcaría desde el río Infiernillo hasta el río Pocosol, pasando por la localidad de Tiricias. Ahí la urgencia tiene que ver con un tema de seguridad debido a la cercanía con la zona minera de Crucitas y se haría mediante la ruta 761 (ver mapa).

En esa primera etapa, la inversión sería de unos ¢3.500 millones.

Tiricias clama por mayor presencia policial

Mientras en Boca San Carlos la urgencia es sacar a los estudiantes del San Juan, en la comunidad de Tiricias a unos 30 kilometros de ahí, el clamor de los vecinos tiene que ver con la necesidad de tener una vía de acceso en la que cuando llamen a la Policía o a la ambulancia no se tarde más de dos horas en llegar.

La principal problemática en esa zona, se debe a la cercanía con el sector minero de Crucitas, zona que según los vecinos ya es “tierra de nadie”.

“Hay robos a diestra y siniestra, a los policías ni los culpo porque esos carros los desbaratan entrando y saliendo (...). Ellos (los delincuentes) juegan a los policías porque el camino es tan largo, que cuando van llegando allá ya les han avisado y ya han jalado”, comentó Gerardo Rojas, vecino de esa zona.

Según dijo, otros de los problemas que deben sortear se relacionan a las necesidades básicas de salud y educación, pues actualmente ni las ambulancias pueden llegar hasta los pueblos más alejados y las busetas que transportan a los estudiantes de las escuelas y colegios también desisten a diario de ingresar hasta ciertas zonas por temor de quedarse pegados.

“El bus no está llegando allá. Además es la entrada de nicaragüenses más grande que hay, como no hay policía y el camino está malo, no hay vigilancia de nada”, añadió.

En ese sector el problema no es solo el estado de la trocha, sino de una gran cantidad de caminos que confluyen hacia esa ruta inconclusa.

Por esa razón, la intención del Conavi, al igual que en el otro tramo, es “donar” una parte de la trocha a las rutas nacionales 760 y 761 que atraviesa comunidades como Llano Verde y San Humberto e incluir en ese plan de conservación al menos 14 kilómetros de la inconclusa 1856. El tramo a mejorar iría desde el río Infiernillo hasta el río Pocosol pasando por la localidad de Tiricias.

“En realidad a lo largo de la trocha vive poca gente, pero en los alrededores hay demasiadas personas, que se ven beneficiadas con los accesos a esa ruta”, explicó el ingeniero del Conavi.

“Me ponen a escoger cuál hija mandar a estudiar”

Además de la preocupación de tener que mandar a sus hijos al colegio en bote, los padres de familia de Cureña afrontan otra incertidumbre, pues debido a lo complicado del transporte, las becas para viajar al centro educativo son limitadas.

“Tengo una chiquilla de 12 años que el otro año va para sétimo y me dijeron que la directora no me ha mandado llamar porque me dicen que va a perder la beca, porque ya tengo una de colegio entonces la de sexto grado no me va a poder entrar si no pago ¢50.000 al mes para el bote, entonces no puedo mandarla, ¿cómo la voy a mandar? Tengo que esperar dos años porque Jénnifer (la hija mayor) está saliendo de noveno”, manifestó Concepción Aguilar.

Y añadió: “Me ponen a escoger cuál hija mandar a estudiar”.

La directora del Liceo Boca Río San Carlos, Ana Mercedes Vargas, reconoció la dificultad que tienen con las becas de transporte.

Según dijo, serían alrededor de siete los casos que para el próximo año tendrían el mismo problema, por lo que desde ya ha mandado oficios al Departamento de Transportes del MEP, pero no ha tenido respuesta.

“El MEP tiene que aprobar esos subsidios, tenemos casos más graves, hay familias de cuatro (hijos) y cómo le voy a decir a estos dos sí y a estos dos no, es que es una escogencia y todas las familias son de extrema pobreza”, explicó.

Vargas manifestó que además desde el año pasado luchan porque se les apruebe presupuesto para brindar desayuno, ya que el almuerzo que reciben en el colegio es para muchos estudiantes el único alimento del día. Hasta ahora la respuesta que han recibido es que “están en lista de espera”.

La directora regional del MEP, Anayancy Bonilla, aseguró que le proceso para la asignación de subsidios del 2020 aún no se ha iniciado y que cuando se haga el trámite se deberá analizar cada caso.