El abogado José Miguel Villalobos podría verse forzado a pagar los costos de las tres audiencias suspendidas por su ausencia en el juicio del Caso la Trocha, según sugirió el Tribunal Penal de Goicoechea luego de declarar que el jurista abandonó la causa.
Esta fue una de las afirmaciones de los jueces en la resolución del pasado martes, día límite que tenía Villalobos para justificar su ausencia o presentarse al juicio, en el que defendía a ocho acusados por presuntas irregularidades en la construcción de la vía fronteriza. Esta resolución fue enviada al Colegio de Abogados este miércoles, que deberá resolver si acoge la solicitud del Tribunal, sin que se detallaran los montos que tendría que pagar, además de otras posibles medidas disciplinarias.
“Adjunto se remite una copia del acta de debate supra indicado así como un disco compacto con el respaldo de la resolución oral. Asimismo, reiteramos nuestra disposición para remitir cualesquiera otras piezas de la causa que les resulten de utilidad para el trámite administrativo bajo su cargo”, se lee en la comunicación enviada al Colegio por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
Este jueves, Villalobos afirmó a La Nación que no le han notificado sobre ninguna comunicación del Colegio de Abogados y agregó “que el asunto pasa de majadería”.
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La primera audiencia a la que faltó fue el 31 de marzo, día en que debía iniciar el juicio, pero el Tribunal solo decidió trasladarlo a horario extraordinario de 4 p. m. a 8 p. m., porque la jornada diurna chocaba con el juicio del Caso Fénix, por presunto lavado de dinero, en el que Villalobos representa a siete imputados en el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada, en San José. Esa modificación horaria contó con el respaldo de los otros defensores, así como los representantes en el debate del Ministerio Público, la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, el abogado rechazó la idea apenas fue planteada, aseguró que lo llevaría a la Sala Constitucional y adelantó que no asistiría al arranque, pactado para el pasado lunes 7 de abril, día en que se efectuó una breve audiencia en la que los jueces le dieron 24 horas a Villalobos, a partir de las 5 p. m., para apersonarse al debate.
En un escrito enviado al día siguiente al Tribunal Penal, Villalobos alegó que se le estaba obligando a asistir siete horas a un juicio (Fenix), para luego ir cuatro otras más a otro (Trocha), ambos de “alta complejidad”, lo que calificó como “una clara intención de desbaratar la defensa técnica y hacerla nugatoria para mis representados”.
Ese mismo martes, finalmente se declaró el abandono, por lo que a los ocho imputados que él representaba les dieron un plazo para escoger otro abogado o para que se nombre un defensor público. Asimismo, la jueza Tatiana López se separó del juicio porque había resuelto dos apelaciones sobre un embargo en una fase anterior del caso, por lo que se deberá nombrar un reemplazo. El debate se reanudará hasta el jueves 24 de abril, a las 4 p. m.
Esta causa penal lleva 13 años en trámite y cuenta con 14 imputados, de apellidos Acosta, Castillo Villalobos, Baralis, Serrano, Ramírez, Herra, Soto, Agüero, Mesén, Mora, Méndez, Morera (mujer), Montoya y Campos, por los presuntos delitos de peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes e influencia en contra de la hacienda pública.
Los acusados son empresarios sospechosos de ofrecer dádivas a exfuncionarios para construir la trocha fronteriza, una vía de 160 kilómetros que corría paralela al río San Juan, en la frontera con Nicaragua. La construcción se impulsó con un decreto de emergencia del gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014), en el 2010, ante la invasión de Nicaragua en isla Calero, en el Caribe norte, territorio del cantón de Pococí.