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Cerca de un 80% de los juicios tendrían un solo juez si se reforma el Código Procesal Penal, a diferencia de la cifra actual de 60%, afirmó la presidenta de Sala Tercera, Patricia Solano, a finales del mes pasado ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso.
Dicha reforma, propuesta por la Corte Suprema, pretende tomar medidas para disminuir la mora judicial y lograr que los procesos penales duren menos tiempo en resolverse.
En caso de aprobarse, los juicios sobre delitos con penas de 10 años o menos serían conocidos por un juez, lo que dejaría a más jueces disponibles para asumir otros expedientes. La estimación del Poder Judicial es que de los 113 jueces que actualmente resuelven de manera colegiada, 56 pasarían a actuar unipersonalmente.
Solano, quien compareció junto al presidente de la Corte, Orlando Aguirre, dijo a los diputados que aunque no lo contemplaron al redactar el proyecto, los juicios de tramitación compleja siempre deberían ser asumidos por un tribunal colegiado de tres juzgadores.
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Agregó que en países como Uruguay y Estados Unidos, sus sistemas judiciales funcionan meramente con tribunales unipersonales.
“Quienes hemos estado en juicio sabemos que uno tiene capacidad de resolver de manera unipersonal asuntos sumamente complejos, algunos por garantía, por supuesto, se hacen de manera colegiada, porque tres cabezas piensan más que una, pero incluso no es problema que sea unipersonal”, aseguró la magistrada.
El expediente 24.913, presentado por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, modificaría 11 artículos del Código Procesal Penal (CPP) de 1996.
La discusión de este expediente trasciende en momentos en los que se conoce que Costa Rica tiene solo 189 jueces para tramitar 30.000 causas penales, lo que equivale a un promedio de 159 casos por juzgador.
Por ejemplo, cada juez del Tribunal Penal de Quepos tiene a su cargo casi 370 expedientes, una cifra que creció un 44% en solo tres años. Mientras tanto, el Tribunal Penal de Cartago tiene un promedio de 357 casos por juez, mientras que el de San Carlos, de 294.
La tendencia se extiende a nivel nacional. En cuestión de 30 años, las plazas de jueces se duplicaron, mientras que la cantidad de nuevos expedientes por año se triplicó.
Otros cambios
Otra de las principales propuestas de la reforma al CPP es introducir la figura de la “sustitución por imposibilidad de asumir actos o diligencias judiciales concretas”.
El texto señala que, si un abogado defensor no puede asistir al juicio, el imputado tendrá un máximo de cinco días para nombrar a otro profesional, o se le asignará un defensor público para evitar retrasos innecesarios.
El objetivo es cerrarle la puerta a una práctica usada para dilatar los procesos penales, pues en el 2024, cerca de un 7% de los señalamientos cancelados se debió a ausencia o incapacidad del abogado defensor.
Sin embargo, se aclara que esta sustitución será excepcional, por lo que deberá estar debidamente fundamentada y procederá únicamente para garantizar el principio de justicia pronta y cumplida.
La reforma también busca que desde la audiencia preliminar se defina si los imputados se someterán a procesos abreviados o medidas alternas, y no tengan que llegar hasta la etapa de juicio, con la logística y los costos que eso implica.
Según datos brindados por Solano a los legisladores, en 2023 y 2024, entre un 16% y 18% de los asuntos terminados en la etapa de juicio lo fueron por aplicación de soluciones alternas, mientras que un 11% terminaron con la aplicación del procedimiento abreviado.
Asimismo, se obligaría la asistencia del imputado a la etapa intermedia, lo que se espera disminuya la cantidad de señalamientos cancelados por rebeldía, que representaron un 11% del total de juicios cancelados en el año anterior.
El diputado Danny Vargas Serrano, del Partido Liberación Nacional (PLN), le preguntó a Solano si el plan también atendería la saturación de trabajo en el Ministerio Público, a lo que la magistrada respondió que una posibilidad, ante las restricciones de la situación fiscal, es que algunas plazas de jueces se conviertan en plazas de fiscales y defensores públicos.
Por su parte, la diputada Rocío Alfaro Molina, del Frente Amplio, planteó la posibilidad de que cada imputado tenga un codefensor en caso de que el defensor principal no pueda asistir al debate. Esto en lugar de la medida de sustituir del todo al abogado, la cual Alfaro consideró “un poquito más dura”.
Al respecto, Solano reconoció que esa es una posible solución, pero no descartaría la opción de separar al codefensor, quien también podría ausentarse del debate y de cualquier forma provocar atrasos.
