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El contrabando de cigarrillos y licores tiene como principal puerta de ingreso al país la zona sur y, a criterio de expertos, es la cara visible de un sistema de lavado de activos que le permite al narcotráfico repatriar sus ganancias, en algunas ocasiones, con complicidad policial y empleando violencia como mecanismo de control del mercado.
La Nación reveló el martes 4 de agosto un informe confidencial de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública que señala a 116 policías de la zona sur como presuntos colaboradores de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando y la trata de migrantes. Entre los grupos identificados figura la banda Los Whiskeros, con 44 oficiales supuestamente en su nómina.
Informes de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) detallan, además, cómo operan grupos como Los Sanviteños y Los Valientes con rutas, casas de seguridad y caravanas coordinadas por WhatsApp desde Paso Canoas hasta San José.
En ese contexto, Daniel Rico, criminólogo colombiano con más de una década de experiencia en perseguir el comercio ilícito, el contrabando y el lavado de activos, quien ha desarrollado varios proyectos de investigación en Costa Rica, analizó las causas estructurales de este fenómeno, sus vínculos con el narcotráfico y lo que tendría que cambiar para que las intervenciones del Estado tengan un impacto real.
Rico es enfático en que, mientras el contrabandista sepa que lo máximo que puede perder es la carga, el negocio seguirá siendo atractivo. Y advierte que la captura de figuras como Alejandro Arias Monge, alias Diablo, es una oportunidad, no una solución.
—¿Qué hace que el contrabando de cigarrillos sea tan atractivo para el crimen organizado en Costa Rica?
– La razonabilidad del criminal no es distinta a la de cualquier empresario: busca maximizar la utilidad, minimizar el riesgo y tener un retorno rápido. El contrabando de cigarrillos y licores tiene esas tres características. Comprarlo es relativamente barato. Por los altos impuestos en Costa Rica, venderlo genera un margen muy alto. Y hay una muy baja capacidad de sanción penal.
“El contrabandista sabe que no va a ir a la cárcel, no va a ser extraditado, no va a perder sus bienes. Entonces esos son los motores principales de la economía criminal”.
—¿Bajar los impuestos al cigarrillo sería suficiente para combatirlo?
– Es una condición necesaria pero insuficiente. Si uno baja los impuestos, reduce el incentivo económico. Pero esa medida se vuelve efectiva solo si se fortalecen las capacidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía para procesar las estructuras criminales.
“No es quitar unos contenedores o intervenir algunos locales. Hay que entender que encima de eso hay una estructura de crimen organizado, y hay que investigarlos, ponerlos bajo un régimen judicial y romper el esquema de propiedad criminal. Brasil redujo su tasa de contrabando de cigarrillos del 52% al 30% en cuatro años, combinando reducción de impuestos con fortalecimiento de la capacidad judicial. Hacer solo una cosa es una medida intermedia”.
—¿Cómo se integra el contrabando dentro de una estructura criminal más amplia?
– Las mismas rutas que sirven para el narcotráfico sirven para el contrabando. El camión del contrabandista nunca va vacío: siempre lleva droga por un lado y mercancía por el otro. Un millón de dólares del narcotráfico puede convertirse fácilmente en cinco contenedores de cigarrillos en la Zona Libre de Colón, en Panamá. Una vez en Costa Rica, esos cigarrillos generan una utilidad de casi el 300%. Toda estructura de narcotráfico requiere un complemento de contrabando que le permita retornar esos activos.
—¿Qué hay más allá de la evasión fiscal?
– Detrás de eso hay corrupción, extorsión, una capacidad logística criminal y un componente de violencia muy importante. Estos carteles no se disputan el mercado con precios ni con estrategia publicitaria, lo hacen a tiros, se roban mercancía, se matan entre ellos, y amenazan a la policía cuando los requieren.
—¿Cuáles son las principales vulnerabilidades del Estado costarricense frente a este fenómeno?
–Hay un déficit de capacidades que no es solo para el contrabando, sino para enfrentar las economías criminales en general. Costa Rica necesita más fiscales, más agentes judiciales, mejores equipos tecnológicos y escáneres para el seguimiento de mercancías. Esto no se combate solo con operativos en el centro de San José. Requiere investigación, judicialización y recursos suficientes.
“Además, hay operadores locales en las ciudades como alias El Negro en el centro de San José, que son muy importantes dentro de la cadena y que hasta ahora han pasado por debajo del radar de las autoridades, con intervenciones administrativas pero sin acciones penales ni detenciones”.
—¿La captura de alias Diablo debilita el contrabando o simplemente abre espacio para otro grupo?
– Es una oportunidad y la manera de aprovecharla es mandar un mensaje claro a las demás estructuras de que el Estado costarricense las va a perseguir y judicializar. Si no hay continuidad ni mejora en los esfuerzos, básicamente habrá un sucesor de esa estructura que será más violento, más criminal y aprenderá de los errores de sus antecesores.
