“¡Fume, fume...!” o “¡Tome, cigarros a ¢100!” es lo que escuchan a diario cientos de personas al cruzar por el corazón de San José. Las frases, que se repiten como parte del paisaje sonoro josefino, provienen de vendedores ambulantes que, con cajetillas y encendedores en mano, ofrecen un producto que va mucho más allá de la simple informalidad.
Autoridades judiciales y policiales confirman que la venta callejera de cigarrillos es hoy una de las formas más rentables que usan las organizaciones criminales para legitimar capitales, financiar operaciones y consolidar control territorial.
Así lo sostiene Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, quien advierte de que este fenómeno ha escalado a niveles comparables con los del narcotráfico: ya se registran disputas territoriales entre grupos por puntos de venta.
“En muchas ocasiones se reciben denuncias de comerciantes, inclusive también de vendedores ambulantes, que dicen haber sido amenazados, intimidados o extorsionados en función de que les prohíben hacer negocio con una persona, con una organización, y se les obliga únicamente a hacer negocio con otra persona, con otra organización, y eso hace que inicie la rivalidad y la disputa”, señala Solano.
“De lo que estamos hablando es del negocio ilícito del contrabando, un negocio muy grande que mueve millones de colones al año”, subraya Solano.
Con solo caminar las más céntricas cuadras de la capital, el negocio pulula en las esquinas. Cuatro cuadras al sur de la catedral metropolitana, entre avenida 10 y calle Central, improvisados vendedores callejeros ofrecen cigarros a ¢100. A simple vista, no son marcas conocidas y, al revisar el empaque, no tienen registros sanitarios.
La misma escena se ve en el bulevar de la avenida Central, en comercios de la avenida Segunda, en el parque de las Garantías Sociales (detrás del edificio de la Caja Costarricense de Seguro Social) y en los alrededores de las paradas de Lumaca (200 metros al sur del Colegio de Señoritas).
En los cercanías de la iglesia de la Soledad (calle 9, entre avenidas 2 y 6), los cigarros con registro sanitario y los de contrabando se revuelven en las urnas de una pequeña pulpería esquinera. El producto más barato ronda los ¢1.900.
El precio de la mercancía clandestina es de aproximadamente un 75% del valor de un producto con los permisos sanitarios en regla, precisó el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, en un reportaje previo en La Nación. Y eso es fácil verificarlo: el costo de las cajetillas legales, de 20 cigarrillos, va de ¢2.400 a ¢2.600 en los supermercados.
La diferencia del comercio ilegal es que en la calle solo se venden cigarros sueltos, aunque esa comercialización al menudeo está prohibida desde el 2012, mediante la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.
Pero el problema cruza la acera y se infiltra en pulperías, panaderías, supermercados y tiendas, donde estos productos se ofrecen al margen de la ley, con total descaro. “En muchas pulperías, supermercados y panaderías se venden cigarrillos sueltos, en contraposición a lo que establece la normativa sanitaria”, lamentó Marcelo Solano.
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Rutas del contrabando
De acuerdo con Mauricio Boraschi, los cigarrillos ilegales provienen principalmente de China, India o Paraguay, y entran al país por fronteras terrestres o marítimas, muchas veces utilizando las mismas rutas del narcotráfico.
Una vez dentro de Costa Rica, son llevados a bodegas ocultas y luego distribuidos a vendedores informales y negocios minoristas.
Solano advierte de que estos productos no cuentan con registro sanitario ni etiquetado oficial, lo cual permite que se vendan a precios más bajos. Esto los hace especialmente atractivos para consumidores que buscan ahorrar. “Nos llenan las calles de venta ambulante de cigarrillos sueltos, de marcas impronunciables o absolutamente desconocidas”, señala el director policial.
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Crimen organizado: cigarro como entrada
Boraschi recalca que, si bien el tabaco es un producto legal, la comercialización de cigarrillos ilegales es perfecta para las estructuras criminales que buscan ocultar sus operaciones.
“El contrabando de cigarrillos se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país”, explicó Boraschi.
Afirmó que esta dinámica genera flujos constantes de dinero en efectivo, los cuales sirven para pagar planillas de vendedores de droga y sicarios, así como para sostener otras operaciones delictivas.
“Se constituye (como un buen negocio) por su altísimo consumo y circulación en el mercado nacional. Es una fuente excelente para conseguir dinero rápido”, precisó.
Además, si una organización logra introducir toneladas de cocaína, le resulta más sencillo luego colocar cigarrillos, lo que convierte a este mercado ilícito en una pieza clave del engranaje criminal.
Amenazas y extorsión
El crecimiento del negocio no ha sido pacífico. La Policía Municipal capitalina ha recibido denuncias sobre extorsiones y amenazas entre comerciantes ambulantes, a quienes se les obliga a vender productos de determinadas organizaciones criminales.
“Entre comerciantes informales se da un conflicto, pues dicen haber sido amenazados por negociar con una persona o con una organización, y que si vuelven a hacerlo sufrirán las consecuencias”, insistió Solano.
Esta situación revela un mecanismo de control criminal estructurado, mediante el cual los grupos imponen reglas, cobran “derecho de piso” y limitan la competencia en sus zonas de dominio.
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Además, la venta de cigarrillos se ha transformado en una vía eficaz para el lavado de activos, facilitando la transformación de dinero sucio en ingresos aparentemente lícitos.
“Las organizaciones criminales, especialmente las que mueven narcotráfico, no necesariamente mueven solo drogas. Hay una gran cantidad de dinero en efectivo, que necesitan legitimarlo, y muchas veces lo hacen a través de bienes como licor, propiedades, carros, cigarrillos, negocios o casas de alquiler”, agregó Solano.
Golpe a las finanzas públicas
El impacto económico de este fenómeno también es significativo. Según Ricardo Carvajal, vocero del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, al menos el 50% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales.
“El Ministerio de Hacienda deja de percibir aproximadamente $100 millones anuales solo en tributos relacionados con este producto”, afirmó Carvajal.
Ese dinero, añade, podría destinarse a educación, salud pública o infraestructura, pero, en cambio, termina en manos de bandas criminales.
Carvajal coincide con lo dicho por Solano: los grupos criminales están diversificando sus ingresos, y el contrabando de cigarrillos es una de las herramientas más eficaces para lograrlo.
“Hemos recibido reportes de que en ciertos sectores se obliga a los comercios a vender marcas específicas que importan los contrabandistas. Las disputas por territorios ya no son solo por drogas”, reafirmó.
Comerciante conocido por la Policía
Pese a lo alarmante del fenómeno, los operativos policiales rara vez atacan el problema de raíz. Los decomisos se hacen bajo infracciones menores, como obstrucción de vía pública, lo cual limita la persecución del delito mayor: el contrabando.
“Al vendedor ambulante no se le procesa por vender cigarrillos ilegales, sino por obstrucción de la vía pública, una infracción menor”, lamentó Solano.
En medio del creciente fenómeno del comercio ilícito de cigarrillos, las autoridades han identificado a figuras recurrentes dentro de este circuito informal, entre ellas un hombre conocido con el alias de Negro, de apellidos Martínez Fernández.
Según fuentes policiales consultadas por La Nación, este sujeto posee un negocio en pleno centro de San José, desde donde, presuntamente, moviliza grandes cantidades de cigarrillos ilegales. Marcelo Solano confirmó que se trata de una figura con amplio historial ante distintas autoridades.
“Sí hay una persona, alias Negro, de amplio expediente policial, que tiene un negocio en San José que constantemente ha sido intervenido por la Policía Fiscal, por el Ministerio de Salud, por la Fuerza Pública, por la Policía Municipal y por otras instituciones regulatorias. Una y otra vez se le han realizado clausuras, procedimientos administrativos, multas, procedimientos judiciales, pero pese a todo ese bagaje judicial y jurídico, no ha sido posible lograr el cierre de su comercio. Ha estado cerrado inclusive por muchos días continuos, pero en cuanto sortea la falta vuelve a abrir”, detalló Solano.
Consultado sobre una posible conexión con estructuras criminales, Solano aclaró: “No podría afirmar que alias Negro tenga relación con alguna organización criminal. Sí es cierto que en muchísimas ocasiones, de hecho hace quizás una o dos semanas, la Policía Fiscal y la Policía Municipal intervinimos en ese local y se fueron gran cantidad de cajas de cigarrillos”.
La Nación también confirmó, mediante consulta directa al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), que Martínez Fernández fue funcionario de esa institución.
“Ingresó el 2 de mayo del 2007 y dejó de laborar el 16 de mayo del 2007. Fue raso de policía y agente en la Fuerza Pública”, indicó la entidad.