El consumo de tabaco mata a unos 2.200 costarricenses y le cuesta a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) más de $280 millones al año. Infartos, accidentes cerebrovasculares, cánceres de varios tipos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras afecciones de elevado costo son producidas por el consumo de tabaco.
El recaudo por impuestos sobre el tabaco cubre menos del 17 % de los costos incurridos por el sistema de salud, y si se consideran los costos indirectos (por ejemplo, mortalidad prematura y pérdida de productividad), los impuestos representan menos del 10 % de los gastos totales.
Además del sufrimiento de pacientes y familiares, las facturas deben ser cubiertas con recursos provenientes de impuestos pagados por todos los costarricenses. Reducir estos valores liberaría recursos fiscales para ser utilizados con otros fines o, incluso, disminuir otros impuestos.
El consenso internacional, basado en la evidencia, señala que la medida más costo-eficaz para reducir el consumo de tabaco es incrementar los impuestos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los gravámenes representen el 75 % del precio final. En Costa Rica, apenas alcanzan el 55 %. Un argumento que algunos dan es que el alza de los impuestos incentiva el contrabando de cigarrillos.
La evidencia internacional muestra que el contrabando no depende de los impuestos, sino de otros factores vinculados a la institucionalidad, la fiscalización y la corrupción.
El diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles presentó un proyecto de ley para incrementar los impuestos sobre el tabaco. La reacción inmediata de quienes no están de acuerdo con esta medida fue alertar sobre el comercio ilícito. Sus argumentos se fundamentan en “estudios” de los que no se conoce metodología.
No existe prueba independiente y libre de conflictos de intereses que muestre que el comercio ilícito en Costa Rica sea alto ni que demuestre que dependa de la carga impositiva en el país.
Por el contrario, la evidencia irrefutable es que los precios de los cigarrillos legales, fijados por la propia industria tabacalera, aumentaron muy por encima de la inflación.
Si el contrabando de cigarrillos fuera significativo y estuviera descontrolado, como argumentan algunos, el precio de los cigarrillos lícitos más baratos, que son los que compiten directamente con los de contrabando, no crecería demasiado.
De lo contrario, las tabacaleras perderían ese segmento de mercado a manos de sus competidores ilícitos. Sin embargo, entre el 2016 y el 2020 (últimos datos disponibles) el impuesto específico sobre el tabaco aumentó menos del 7 %, mientras que el precio de la marca legal más vendida subió casi el 30 %.
Lo anterior implicó que el precio recibido por las tabacaleras y los distribuidores creció el 37 %, muy por encima del 6,8 % que aumentó la inflación en ese período.
¿Cómo puede ser que en un mercado amenazado por el contrabando los productores multipliquen sus márgenes más de cinco veces por encima de la inflación? En el lapso en que el país destinó $1.400 millones en atenciones de enfermedades producidas por el tabaco, los productores y distribuidores aumentaron más del 400 % sus ingresos reales.
El proyecto presentado por el diputado Jiménez Siles apunta en la dirección correcta al aumentar los impuestos, simplificar el sistema tributario para facilitar la fiscalización y destinar los recursos adicionales a la CCSS para el tratamiento de las enfermedades producidas por el tabaco.
Economistas de la Universidad Nacional calculan que el alza de impuestos implicaría un aumento en la recaudación fiscal de unos ¢87.000 millones durante los primeros cinco años y que unos 156.000 fumadores dejarían de consumir o no empezarían, lo que evitaría unas 78.000 muertes a largo plazo.
Si la preocupación es el comercio ilícito, que existe y debe ser combatido, la respuesta es incrementar y mejorar los controles aduaneros. Tal vez, con los recursos adicionales que se generen podría ponerse en funcionamiento un sistema de trazabilidad que permita mejorar esos controles. Esto estaría en consonancia con lo recomendado por organismos como el Banco Mundial, la OCDE y la OMS.
El autor es profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y director del proyecto universitario Tabaconomía. Cuenta con 20 años de experiencia en investigación de la economía de la salud en países en desarrollo.
