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Presuntas falta de comida, supuestos encierros en un cuarto de castigo por más de una semana y aparentes sedaciones, negligencias en el traslado a centros médicos y sustracciones de pensiones y donaciones son algunas de las denuncias que, a finales del 2025, dieron pie a una investigación que llevó al allanamiento en el Hogar de Ancianos Manos de Jesús, ubicado en el distrito de Guadalupe, en Cartago.
La denuncia la interpuso ante las autoridades judiciales un adulto mayor que permaneció internado en este lugar de cuido y quien, además, señaló como presuntos implicados a seis funcionarios de esta entidad.
Los investigados son un hombre identificado como Rodríguez Calderón, miembro de la Junta Directiva; una mujer de de apellidos Fonseca Víquez, encargada del hogar; una doctora de apellidos Granados Brenes; un trabajador social identificado como Navarro Masís y dos cuidadores de apellidos Brenes Masís y Quirós Masís.
Detalles de la denuncia fueron confirmados a La Nación por el fiscal general, Carlo Díaz, quien, dada la gravedad de lo expuesto, acudió al allanamiento.
Carol Walker, una vecina de Cartago, estaba en las afueras del centro la mañana de este miércoles, cuando las autoridades ejecutaban el operativo. Ella visita en este lugar a su bisabuela de 102 años, a quien describe como una amante de su cabello y sus trenzas.
Aunque afirma no conocer denuncias por abuso en el hogar, relata que recientemente a su allegada le cortaron sus trenzas, no tenía su plancha de dientes y la notó “muy diferente”, durante una celebración de cumpleaños.
Ella es una de al menos 75 adultos mayores que permanecen en este albergue.
Silvia Martínez, abogada del Hogar, aseguró que la operación judicial la tomó por sorpresa, negó que haya casos de maltrato o robo y sostuvo que el local opera en apego a la ley.
Cuarto de castigo
Como parte de lo que fue puesto en conocimiento de las autoridades judiciales, el adulto mayor denunció que, en apariencia, no se les alimentaba de la manera idónea, y si los adultos mayores realizaban reclamos cuando se violentaban sus derechos, supuestamente los dejaban sin comer e incluso los habrían encerrado en un cuarto de castigo por una semana o más tiempo.
Una vez encerrados, agrega la denuncia, aparentemente los ancianos tenían que hacer “sus necesidades fisiológicas en donde les servían la alimentación, en condiciones antihigiénicas”.
Además, el denunciante afirmó que si un anciano se quejaba de algún dolor, “no eran trasladados al hospital” Y que la persona responsable solo recetaba acetaminofén e insistía en que no era nada, pese a que el residente indicaba que el dolor era fuerte, precisa la denuncia.
En entrevista con La Nación, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que los investigados son los cuidadores directos de los recidentes. Además, también recibió el reporte de que los adultos mayores, en apariencia, eran sedados.
Muertes en investigación
Durante este año se contabiliza la muerte de dos residentes en este lugar de cuido. Uno de estos hechos se reportó como una caída y se presume que la persona fue llevada al hospital un día después de los hechos, “ya que esta manifestaba mucho dolor, presentaba en hematoma en su maxilofacial izquierdo, en apariencia causado por una negligencia de un cuidador”, reza el texto.
Durante el 2025 se contabilizaron 12 adultos mayores fallecidos en ese centro de cuido.
Sobre este aspecto, el fiscal general de la República explicó que es “difícil de determinar” si medió algún hecho delictivo en la muerte de alguna de estas personas, pues según la información preliminar, los fallecimientos fueron dictaminados por doctores del propio albergue.
Díaz confirmó que durante el allanamiento se decomisaron las actas de defunción y luego se valorará el estado de salud de los ancianos internados. Este análisis lo llevan a cabo médicos forenses, funcionarios de la Cruz Roja y geriatras del Hospital de Cartago.
Posible acaparamiento de pensiones
Dentro de la pesquisa se indaga también la posibilidad del acaparamiento de pensiones de los residentes, “siendo que le corresponde (al centro) el 90% y el otro 10% a los adultos mayores. Todas estas acciones fueron de conocimiento de la trabajadora social", señala la investigación.
Además, se analizan presuntas sustracciones de las pertenencias y comida de los residentes.
El fiscal general relató uno de estos hechos, en los que el denunciante contó que se había despojado a uno de estos adultos mayores de una cadena que le habían regalado. La cadena y una ropa, que también se había perdido, aparecieron poco después de un reclamo.
El texto en poder de las autoridades apunta a que las pertenencias de los ofendidos de nuevo ingreso también se desaparecían.
En cuanto a la alimentación, la denuncia señala que era escasa, pese a que varias empresas donaban comida como leche, carnes, verduras y frutas. “En ocasiones los mismos empleados se llevaban dentro de sus bolsos alimentación donada al Hogar”, cita la denuncia que tramita la Fiscalía de Cartago.
Retiro de celulares durante visitas
La mañana de este miércoles Gerardo Anderson Herrera estaba en las afueras del hogar para visitar a su hermano, de 82 años, quien lleva cuatro meses internado.
Anderson contó a este diario que no recuerda que su hermano le haya manifestado maltratos dentro del centro de cuido, pero sí relata que el protocolo de ingreso de visitas implica que deben dejar sus teléfonos en la caseta y entrar a las instalaciones sin el dispositivo para ver a sus familiares.
“Ya uno cuando sale, lo recibe otra vez”, dijo este vecino del distrito de Tucurrique, en el cantón de Jiménez.
La propia denuncia precisa que, al parecer, uno de los trabajadores sociales sería quien otorga los permisos de visita, que, en la mayoría de veces, “eran negados a los familiares de los residentes”.
El Ministerio Público también investiga si los familiares de los residentes han realizado denuncias ante Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y si han tenido respuesta de parte de esta institución.
“Todas las anomalías han sido de conocimiento de la Junta Directiva”, agrega el documento, pero el denunciante alega que se hizo caso omiso a todo lo manifestado por los familiares de los residentes y personas adultas mayores”.
La posible detención de los investigados se valorará cuando termine la diligencia, de acuerdo con la Fiscalía.
