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En los anuncios publicitarios, en la música de los supermercados y en las oficinas de trabajo: la inteligencia artificial está por todos lados. Y al tiempo que crece su uso, se expande el debate sobre cómo regular las infracciones contra los derechos de propiedad intelectual y la desinformación que parece surgir de sus raíces.
En Costa Rica, una de las diputadas que quisiera liderar la conversación es Sigrid Segura, la frenteamplista con experiencia en datos abiertos y justicia social.
En entrevista con Revista Dominical, profundiza en los temas que impulsará desde su despacho y da luces sobre cómo se pueden tender puentes entre las bancadas del oficialismo y la oposición.
—¿Cuál sería un proyecto concreto que le gustaría presentar en materia de inteligencia artificial?
—No puedo hacer spoiler, pero podría dar algunas ideas. Cuando hablamos de regulación de la inteligencia artificial, a mí como que me brinca un ojo, porque vamos a ver, ¿la inteligencia artificial se puede regular o no? Creo que nadie ha podido responder a esa pregunta. Es un poco como decir ¿se puede regular la matemática o la programación?
“Se puede regular algunas áreas que impacta la inteligencia artificial, pero hablar simplemente de regular la inteligencia artificial me parece un poco irresponsable. Entonces, ¿qué podemos regular? Bueno, el impacto que está teniendo, por ejemplo, en la violencia digital hacia las mujeres, las niñas. El uso de las plataformas digitales también ha impactado mucho la educación, entonces yo creo que son dos áreas donde hay que incidir.
“Todas las personas tienen derecho a su imagen y a decidir cómo quieren que se use, eso es parte de lo que hay que trabajar. Y hay otro aspecto que me parece más delicado, porque en Costa Rica parece que hay como ciertas alarmas de que está sucediendo, y es el uso de inteligencia artificial o tecnología emergente en seguridad.
“En política, por ejemplo, en los procesos electorales ya hemos visto casos con granjas de troles automatizadas para incidir o impactar los resultados de una elección. Y eso tiene que ver con democracia. La conversación sobre tecnología no es técnica, es profundamente social y política.
“No se puede decir que solo porque es tecnología no tiene ningún riesgo. La tecnología es política, no funciona sola ni es neutral”.
—La Unión Europea no ha podido regular el contenido de IA que se propaga en plataformas como Meta. Entonces, ¿cómo aterrizarlo y hacerlo realmente viable en Costa Rica?
—Costa Rica tiene una posición de desventaja frente a estas tecnológicas porque estas grandes empresas tienen incluso un capital mucho mayor que el mismo PIB de Costa Rica. Aquí hay que hacer un par de consideraciones.
“La primera es que eso se puede abordar con un enfoque regional. No somos los únicos que estamos discutiendo eso, en la región todos los países están discutiéndolo. Hay formas que se han estado valorando, por ejemplo, que esas plataformas tengan un representante en cada país, porque estamos dejando a los usuarios sin una protección.
“En este momento una persona que quiere o tiene un reclamo ante una plataforma de estas, no tiene cómo acudir a una vía legal. Tienen que hacer un reclamo mediante la misma plataforma que muchas veces no responde o le responde con una desatención a su preocupación inicial. Son de las cosas que podemos ir abordando.
“Podemos verlo desde la parte educativa y desde la regulación de algunos aspectos para al menos ir teniendo algún tipo de límites de ese tipo de injerencia extranjera en la vida de las personas”.
—¿Cuáles son las principales limitaciones del Estado que podrían resolverse mediante herramientas de inteligencia artificial? ¿Cómo puede el Congreso facilitar ese proceso?
—Hay muchísimo, más que todo la parte burocrática. Costa Rica no cuenta con un sistema de interoperabilidad país, ¿qué significa esto? Que cada vez que uno va a una institución, le piden la cédula, la copia de la cédula, tiene que hacer registro de quién es uno y de dónde viene y para qué ocupa. Todo eso se puede resolver con tecnología y aquí lo que ha faltado es simple y llana voluntad política.
“Pasa igual con el tema del acceso a la información pública con los datos abiertos. ¿Por qué no se publican datos en Costa Rica si ninguna ley impide que se publiquen los datos? Porque no quieren, por voluntad política.
“En algún momento nos decían que no había tecnología, hace algunos años. Apareció tecnología adecuada para esto, código abierto, incluso gratuito, y se les ha dicho a las instituciones cuáles opciones tienen. Esto, si no es una política pública promovida desde el Ejecutivo, no va a suceder. Ahí está la responsabilidad inicial.
“Hay muchísimo en términos de servicio al cliente, por ejemplo, de agilización de trámites (...). No implica un aumento de presupuesto para país. Y eso hay que decirlo, porque muchas veces dicen que eso es carísimo. No es que estamos descubriendo el agua tibia, ya eso se hace en muchísimos países de la región y que no se haga aquí es simplemente porque no quieren.
“Hay otros usos que se están dando, por ejemplo, en el área legislativa. He visto algunos ejemplos de ciencia ciudadana que ahora utilizan inteligencia artificial o algunos productos para hacer ejercicios comparativos de legislación.
