Dos adolescentes, con ropas oscuras, entran a un minisúper de Limón. Cerca de la caja, preguntan por unos productos. Una vez lo tienen en sus manos, hacen otra consulta al encargado para que se distraiga, y en ese momento uno de los chicos corre fuera de la tienda. Su compañero duda un poco, como queriendo disimular, pero luego hace lo mismo y se escapa.
La escena podría resultar común en un país donde se registran, en promedio, más de 40 hurtos al día. Sin embargo, lo que no se ve a simple vista es otra realidad: las debilidades del sistema costarricense para contener y proteger a los menores en situación de riesgo.
Horas antes de este robo, el 21 de junio de este año, los adolescentes se escaparon —junto a otros tres— del albergue Convivir del Guácimo Limón del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución encargada de velar por los intereses de los menores de edad en el país. Los cinco menores estaban en ese centro por posibles infracciones a la Ley Penal Juvenil.
La presidenta del PANI, Kennly Garza, explicó que los cinco adolescentes, de entre 12 y 16 años, forman parte de una lista de 134 menores —hasta el 30 de junio— que están bajo tutela del PANI y tienen pendientes con la justicia penal juvenil por delitos como tentativa de homicidio, agresiones con arma, hurto y hurto agravado, abuso sexual, portación de arma, lesiones graves y leves, incendio, explosión, entre otros.
Según Garza, los jueces de Penal Juvenil “mandan” a estos adolescentes a los albergues del PANI porque en el proceso judicial constatan que “tienen una historia de vulnerabilidad”. Sin embargo, añadió que los jueces se enfocan en el proceso y la causa, pero “no analizan el riesgo” que supone que estos jóvenes convivan con otros “comparativamente más vulnerables”.
Por su parte, el Ministerio Público (MP) señaló que los jueces deben asegurarse de que estos menores tengan acceso a derechos básicos: vivienda, alimentación, salud y educación. Cuando no hay figuras parentales responsables, “es el PANI quien debe asumir esa función, no como castigo, sino como protección”.
Asimismo, el MP resaltó que los jueces penales juveniles “comprenden bien los límites de cada institución y solo recurren a estas medidas cuando la situación lo exige”.
70 denuncias a la Fiscalía
Mientras el debate sobre la forma en que las instituciones deben proceder con menores en conflicto con la ley sigue en el aire, los hechos relatados desde los albergues deberían encender las alarmas.
Garza mostró un documento a Revista Dominical (no entregado para no vulnerar la identidad de los menores) con el detalle de más de 70 denuncias que el PANI ha interpuesto ante la Fiscalía por conductas violentas, agresivas y delictivas de estos adolescentes contra otros niños o funcionarios de los albergues. En la mayoría se trata de motines donde agreden al personal de cuido y rompen mobiliario (pantallas, sillas, ventanas, equipo de sonido, computadoras; robos de cuchillos) e incluso hay denuncias de abuso sexual contra otros menores.
Según la información recopilada, los motines suelen iniciarse cuando se reúnen varios menores que quieren salir del albergue para consumir drogas, pasear o juntarse con su pandilla. “El personal de cuido intenta disuadirlos verbalmente, y ahí se arma el motín o la revuelta”, dijo Garza.
El PANI denomina estos hechos como “egresos no autorizados” y reporta a los chicos como desaparecidos ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El año pasado se registraron 918 de estos escapes; solo en los primeros seis meses de este año se documentaron 426.
Antes de reingresar al albergue, se les realiza un protocolo de revisión. En estas requisas se han decomisado puñales, punzones, armas hechizas e incluso armas de fuego.
Garza aseguró que ese fue el caso de los cinco menores de Limón: “Utilizan los albergues como hoteles para seguir delinquiendo”.
Historia y cifras
El PANI fue creado el 15 de agosto de 1930 como institución rectora en materia de derechos de la niñez y adolescencia, por iniciativa del profesor Luis Felipe González Flores. Entre sus principios figura el desarrollo integral de los jóvenes: que no les falte techo, abrigo, educación, salud y garantías de derechos.
Para el desarrollo de todo este trabajo con las familias y las personas menores de edad, cuenta con un recurso humano de 1.630 colaboradores y un presupuesto de ¢100.000 millones y una ejecución presupuestaria del 93% para el 2024.
El PANI invierte ¢3.600 millones en la contratación de tutores y ¢1.865 millones en la contratación de servicios de apoyo profesional; esto aparte de los casi ¢4.000 millones en la operación ordinaria de albergues. Además, traslada más de ¢13.000 millones de colones a organizaciones no gubernamentales para la atención especializada.
Actualmente, la institución protege a 1.990 menores. Entre ellos, 134 están vinculados a procesos de la Fiscalía y Juzgados Penales Juveniles; 144 reciben atención especial por consumo de sustancias; y 199 están referidos tras conductas disruptivas o violentas dictadas por los Juzgados de Familia y de Violencia Doméstica.
Desde siempre ha sido una población complicada. Pero que la situación en los albergues se haya agudizado en los últimos años pudiera obedecer, en parte, al aumento de la delincuencia juvenil: el último informe del Estado de la Justicia registró un incremento de 132% de los delitos cometidos por menores, principalmente en los delitos contra la vida. Al parecer, los albergues están reflejando los males de la sociedad.
Este problema no es nuevo. En 2013 la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la peligrosa situación que enfrentaban las cuidadoras de los albergues del PANI, por el ingreso de jóvenes con antecedentes violentos y delictivos. Las cuidadoras, conocidas como “tías”, enfrentaron incendios, motines y amenazas de amordazadas.
Miriam Granados, tía de un albergue en Desamparados, dijo que los albergues estaban diseñados para chicos con problemas en sus hogares, “no este tipo de situación (adicciones, trastornos psiquiátricos severos, etc.). Pedimos que estas poblaciones reciban este apoyo que merecen como personas menores de edad, pero en otro centro con un perfil especializado y adecuado”.
Ese año incluso se registró un incendio en el albergue de Alajuela, y hubo denuncias de que varios menores quebraron los vidrios de seis buses. Los adolescentes también tenían medidas cautelares impuestas por un Juzgado.
Sin embargo, en los último años los casos se multiplican:
En marzo de 2022, la Sala IV dio a lugar un recurso presentado por el Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) y “tías” de la institución por permitir la mezcla de adolescentes en problemas con el crimen organizado con otros menores, en los albergues Convivir y Punta Riel, del Caribe, así como en El Ángel, de Heredia.
Los cuidadores denunciaron ante la Fiscalía agresiones de menores de entre 15 a 17 años. Los trabajadores se vieron expuestos a agresiones físicas, mentales, sexuales y ataques con puñales.
“Un niño acostó a otro y lo tomó por el cuello, lo golpeó en la cara; el vecino que era testigo de la situación ofreció ayuda, ante la dificultad de las cuidadoras para separarlos. Este mismo niño efectivamente agredió a una de las cuidadoras, quien debió ser incapacitada”, se lee en los hechos probados de la sentencia.
También se reportaron tías con moretones, agredidas en Pérez Zeledón, quienes fueron atendidas en centros hospitalarios por problemas físicos y psicológicos.
En abril de 2023, el secretario general de SEPI, Ovidio Fernández Montenegro, expuso el problema en la Asamblea Legislativa. Según el funcionario, la situación es denunciada desde 2019, pero en lugar de resolverse se agravó con el cambio de gobierno debido la falta de respuesta.
En ese momento, este problema lo presentaban 10 albergues en todo el país, según Fernández. Para entonces, uno de estos menores golpeó a otro, provocándole hematomas en la cara y fracturas en la nariz, de acuerdo al relato. Necesitaron de ayuda forense para determinar la gravedad de las lesiones.
La entonces presidenta del PANI, Gloriana López Fuscaldo, dijo que no se iba a referir a la mezcla de perfiles incompatibles, ya que el propio tribunal constitucional ordenó no referirse a “perfiles o etiquetas”.
López Fuscaldo añadió que para atender cada caso de forma integral, la institución tiene un equipo de especialistas que incluyen trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, especialistas en traumas, orientadoras, docentes, entre otros.
Sin embargo, Kennly Garza, dijo que al PANI no le corresponde trabajar el delito ni transformar la conducta delictiva de los menores. “No debemos tratar a la persona que delinque, al seguimiento de los detonantes de la conducta delictiva o a transformar los elementos que hacen que una persona menor vaya a cometer un delito. Eso le corresponde a otra institución”, apuntó.
Hace una década, la Escuela de Trabajo Social (Etsoc) de la Universidad de Costa Rica (UCR) suscribió una carta de intenciones con el Pani para brindar atención terapéutica a las familias asumidas con el fin de “abordar terapéuticamente el trasfondo y las causas de sus dificultades de convivencia”, pero no se sabe los resultados. ¿Ahora cuál institución se hace cargo?
Garza aseguró que seguirán respetando las órdenes de los jueces y recibirán a los jóvenes con conductas delictivas que lleguen a los albergues, incluso en perjuicio de los otros menores de edad. “Pero necesitamos aclarar lo que está pasando. Hago esta alerta porque yo no quisiera que pase una desgracia”, advirtió.
Armas decomisadas
Los 46 albergues del PANI en todo el país son casas grandes sin protección especial: no hay policías, ni barrotes, ni cercas eléctricas ni otro impedimento para salir con facilidad. Además, por peligroso que sea el perfil del joven, no se le puede encerrar ni castigar.
En junio, el PANI aprobó un nuevo modelo especializado para la atención de personas en conflicto con la ley, consumo de sustancias y conductas disruptivas, que incluye protocolos de estabilización, egresos no autorizados y revisión.
Al ingresar un menor al albergue se les revisa. En estas requisas han decomisado tijeras, navajas, punzones, puñales, encendedores, cigarrillos y gas pimienta, según fotografías enviadas por el PANI.
Algunos adolescentes tenían vínculos con pandillas o grupos criminales; incluso se han autodefinido como sicarios. Algunos se encuentran bajo régimen de protección de víctimas del Poder Judicial, de modo que está latente el riesgo de que lleguen a atentar contra ellos.
El PANI registra una oficina baleada y amenazas de pandillas contra sus trabajadores. Según la sentencia de la Sala IV de marzo de 2022, los cuidadores usaban chalecos antibalas cuando salían con los menores; varios escapaban del albergue para consumir drogas y exponerse a actividades ilícitas.
¿Cómo llegan a los albergues?
Cuando un menor comete un delito o está en investigación es posible que el Ministerio Público imponga una medida cautelar privativa o no de libertad. Si es no privativa, conocida como orden de orientación y supervisión, el MP analiza las condiciones del menor para que no haya peligro procesal (que no haya obstaculización, peligro para la víctima o de evasión de la justicia).
“Lo que sucede es que algunas veces estas personas no cuentan con una contención externa: no tienen hogar donde regresar para cumplir la orden”, dijo la fiscal adjunta de Penal Juvenil, Gabriela Alfaro.
“Si no existe un hogar seguro para esta persona, por disposición legal, los Juzgados deben llamar al Pani, que es el que debe apersonarse en todos los procesos donde figura una persona menor de edad como víctima o como persona imputada”, agregó.
Alfaro aclaró que los Juzgados Penales Juveniles no ordenan que los menores vayan a los albergues, sino que piden la intervención del PANI para aquellos menores que no tienen una contención familiar. “Si el PANI tiene a cargo a un menor es porque este no cuenta con contención externa”, apuntó.
Para Garza, la mayoría de los 134 jóvenes en conflicto con la ley deberían estar en la cárcel, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí del Ministerio de Justicia y Paz. “No todos deberían estar en la cárcel, pero la gran mayoría sí”, aseguró.
Una voz de alerta
Un niño aparece llorando desconsolado mientras un adulto lo intenta calmar sin éxito. El hombre lo graba con el celular y le dice: “Tranquilo, papi”, a lo que el niño responde: “No, nada de tranquilo, ¿usted sabe que le digan ‘tranquilo’ y que lo violen en la noche? ¿A usted le gustaría saber que hoy lo van a violar?”.
Durante el corto video que se viralizó en redes en pocas horas, el niño confirmó que las violaciones las sufría en un albergue del PANI del sur del país. Pocos días después de haberse difundido este relato, el 12 de junio, la Unidad contra la Violencia de Género de Pérez Zeledón confirmó que abrió una investigación de esta denuncia.
El sindicato de empleados del PANI manifestó preocupación e indignación y recordó que desde 2019 ha entregado informes reiterados a la Presidencial y a la Gerencia Técnica del PANI con imágenes, testimonios y vídeos de las agresiones.
Entre los casos documentados se encuentra el de unos adolescentes que agredieron a una menor de edad con discapacidad cognitiva; ataques físicos contra niñas sentadas e indefensas y un niño con condición de autismo que fue herido con una piedra por otro menor con “un perfil violento”.
“Lamentablemente, ante estos casos la respuesta institucional ha sido, en el mejor de los escenarios, omisa; y en el peor, cómplice por negligencia”, dijo el sindicato.
Es un círculo de terror: niños que han sufrido pobreza, abandono, agresión y violencia familiar siguen encontrando peligro en los albergues donde se refugiaban.
Los albergues, además, muestran deficiencias desde hace años. En julio de 2019, el PANI envió información a la Defensoría de los Habitantes de que en tres de cada 10 de sus albergues existe hacinamiento o riego de sobrepoblación. Por ejemplo, en un albergue de San José, con capacidad para nueve menores, se registraron 17.
Esto tampoco se ha resuelto. El pasado 25 de junio, La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció que varios adolescentes fueron alojados de forma improvisada en las oficinas del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) en Limón, donde durmieron sobre colchonetas en el piso y permanecieron hasta tres días seguidos sin poder salir.
Según ANEP, la decisión se tomó debido al colapso del sistema de albergues y la falta de capacidad de los cuidadores para contener a estos jóvenes.
El PANI confirmó que esto ocurrió porque varios de los adolescentes amenazaron a otros menores y a tutores. El personal llamó a la policía para auxiliar la emergencia, y debido a la hora en que sucedió el altercado, en la madrugada, y las falta de opciones para ubicar a estos jóvenes, definieron el lugar, ubicado en Aldeas Moín, para colocar colchones y cobijas para que durmieran en el sitio.
Semanas después, en este mismo albergue hubo otra denuncia: un adolescente golpeaba a otros compañeros y a una cuidadora. Un trabajador quiso intervenir, pero resultó con lesiones en el brazo y la rodilla, cuando cayó al suelo.
La próxima agresión puede estar ocurriendo en este preciso momento.