Gloriana López Fuscaldo, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), refutó la denuncia hecha por dirigentes sindicales, en la Asamblea Legislativa, sobre problemas de violencia y hasta de abusos sexuales en albergues de la institución.
La jerarca aseguró que los casos expuestos por el secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI), Ovidio Fernández Montenegro, carecen de contexto, se presentan sin prueba y no responden a lo ocurrido en la realidad.
“Por ejemplo, se menciona que un niño duerme permanentemente en el piso; sin embargo, la situación se dio por una única noche y en virtud de que fue ingresado en la madrugada por la Unidad Regional de Atención Inmediata (URAI), dado el grave riesgo que vivía en su casa”, dijo la presidenta ejecutiva.
En una comparecencia ante la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa, Fernández afirmó que la mezcla de menores de edad con perfiles de violencia y drogadicción, con el resto de jóvenes, ha generado problemas de violencia y hasta de abusos.
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El dirigente dijo que menores de edad con perfiles de violencia son mezclados con niños vulnerables, con síndrome de down y autismo, a pesar de que la Sala Constitucional ha ordenado evitar esa medida.
Fernández denunció que recientemente, en un albergue, un menor generó actos de violencia que dejó a un joven con hematomas en la cara y a otro con fracturas en la nariz. También, relató que, en un albergue de Naranjo, Alajuela, el 100% de la población abandonó el albergue sin autorización hace poco más de seis meses.
No obstante, López Fuscaldo dijo que se aplicó el protocolo indicado para la localización de los menores. Este procedimiento se inicia con la denuncia inmediata ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Las adolescentes fueron ubicadas por la Unidad Regional de Atención Inmediata, las oficinas locales y el OIJ. Todas fueron protegidas en otras alternativas y recursos familiares”, refutó.
“Respecto del supuesto abuso sexual contra un niño autista, se presentó la denuncia en la vía judicial y se descartó con base en el examen médico forense”, aclaró López Fuscaldo.
La presidenta ejecutiva evitó referirse a las mezclas de perfiles incompatibles con el resto de la población en los albergues, como lo ordenó la Sala. Argumentó que el propio tribunal constitucional ha ordenado no referirse a perfiles o etiquetas.
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“La población en albergues son niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual, físicas, sicológicas, con adicción, con conductas disruptivas, con enfermedades crónicas, diagnósticos siquiátricos; hay adolescentes madres; hay algunos que vienen en proceso penal juvenil; algunas de ellas y ellos han sido víctimas de trata, de tráfico, sustracción internacional y otras que exigen la atención 24/7 y el mayor nivel de especialización”, explicó López.
Añadió que, para atender cada caso de manera integral, la institución tiene un equipo de especialista que incluyen trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, especialistas en traumas, orientadoras, docentes y otros,.
Sin embargo, admitió que en los albergues “claramente podría haber conflictos”.
“Los conflictos se manejan, para lo cual se tiene previsto, además de las asistentes de servicios infantiles, la contratación de tutores que son personas que apoyan esta labor de cuido”, declaró.
