La mezcla de menores de edad con perfiles de violencia y drogadicción, con el resto de jóvenes, ha generado problemas de violencia y hasta de abusos sexuales en los albergues del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La situación la expuso hoy en la Asamblea Legislativa el secretario general del Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI), Ovidio Fernández Montenegro.
El problema, según dijo el funcionario, se ha denunciado desde el año 2019 sin que se haya resuelto y, más bien, tiende a agravarse con el cambio de gobierno. La institución ha hecho caso omiso a órdenes de la Sala Constitución para evitar esas mezclas, añadió Fernández.
Explicó que, ante la falta de albergues especializados para menores con perfiles disruptivos, no solo se violan derechos fundamentales de los menores de edad con los que conviven, sino que se expone al personal de la institución.
Las organizaciones no gubernamentales que reciben a adolescentes con estos perfiles, añadió, tienen poca capacidad. Hay menores que tardan hasta cinco meses en ser trasladados a uno de esos sitios.
“Ubicar personas menores de edad con perfiles disruptivos, drogadicción y conflictos con la ley, con personas menores de edad que no tienen esas características, lleva a una situación muy grave en los albergues de violencia física, emocional e incluso sexual”, aseguró.
Añadió que jóvenes con estos perfiles son ubicados junto a menores con autismo o síndrome de down.
El sindicalista denunció que recientemente, en un albergue, un menor generó actos de violencia que dejó a otro con hematomas en la cara y a otro con fracturas en la nariz. Requirieron de ayuda forense para determinar la gravedad de las lesiones.
“Obliga también a acudir a sedes judiciales, las cuales se ven en la obligación de ordenar el traslado de estos menores de edad”, expuso.
Citó que situaciones críticas se han registrado casi todas las semanas en un albergue de El Roble de Puntarenas. También, se ha registrado conflictos en el albergue Convivir, en Guácimo de Limón; El Riel de Cahuita, en Limón; y otro de Pérez Zeledón. En total serían unos 10 albergues donde se darían estos problemas.
En Naranjo, Alajuela, el 100% de la población abandonó el albergue sin autorización hace poco más de seis meses y las autoridades del PANI no sabían dónde estaban, denunció.
“Duraron semanas para localizar a todos. ¿Y por qué sucedió eso? Hay un recurso de amparo por resolver, pero tenemos nuestra tesis. Pusieron un perfil no compatible. Hay un vídeo donde una menor de edad las obliga a salir. Les dice ‘o se brincan ese portón o se las verán conmigo’”, adujo el funcionario.
Añadió que el PANI, meses atrás, colocó en un albergue de Guápiles a un adolescente con problemas con el crimen organizado que había recibido amenazas de muerte, lo que puso en riesgo al resto de la población que incluía a menores de primera infancia y a los trabajadores.
Ante los diputados, el funcionario dijo que, según la Sala IV, se han violentado derechos fundamentales de los menores de edad y de los trabajadores, adujo Fernández.
El problema con los trabajadores también lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 442-22 del 2020.
Fernández añadió que hay funcionarios que deben laborar hasta 11 horas diarias en albergues y que, durante la noche, no hay personal. “Hay sobrecarga laboral, rezago laboral, afectaciones de clima organizacional, miedo, ansiedad, hostigamiento”, señaló.
“La atención de 45 expedientes por funcionarios es el ideal y hoy tienen hasta 800 expedientes”, aseguró.
Se quejó de que la institución dice no contar con recursos para contratar sustituciones por incapacidad y vacaciones.
Por denunciar este tipo de situaciones, añadió el funcionario, han recibido críticas a lo interno del Patronato, por lo que han tenido que recurrir a ayuda externa.
Fernández pidió a los diputados aprobar el presupuesto requerido por el Patronato para que pueda afrontar el problema con acciones como mejorar la capacidad instalada con personal.
Pidió, además, que los recursos de la institución se excluyan de la regla fiscal.
