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El Gobierno de El Salvador aprobó el jueves 26 de marzo un paquete de reformas constitucionales, entre ellas, una que permite castigar con cadena perpetua a menores de edad, a partir de los 12 años, que cometan asesinatos, violaciones o que pertenezcan a organizaciones terroristas (pandillas).
Las nuevas reformas han sido cuestionadas por los críticos del presidente Nayib Bukele y podría generar en el futuro una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), según una abogada consultada por La Prensa Gráfica.
¿De qué se trata?
“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
La reforma fue impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele y ratificada por los 58 diputados de su partido, Nuevas Ideas (NI), que dominan el Congreso de El Salvador.
¿Cuáles delitos?
Los delitos a los que se aplicará son homicidio simple y agravado, violación, violación en menor o persona incapaz, feminicidio, feminicidio agravado y agrupaciones ilícitas vinculadas a pandillas. Todos los delitos antes mencionados tienen actualmente penas que van entre los 10 y 60 años. Ahora, todas serán cadenas perpetuas.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil (LPJ) contemplan modificaciones para inaplicar la facultad de los jueces de suspender, revocar o sustituir medidas de encarcelamiento en procesos con pena de prisión perpetua. Estos casos tampoco podrán ser tramitados mediante el procedimiento especial para menores de edad contemplado en la LPJ. Esto quiere decir que los menores serán juzgados en las mismas condiciones que los adultos.
Casos pueden revisarse
El gobierno creó también un mecanismo para que quienes sean sentenciados de por vida puedan optar a una revisión de su condena. Esto les permitiría recuperar su libertad bajo ciertos criterios, pero de forma controlada por las autoridades.
En la reforma se establecen cuatro plazos de tiempo para la revisión de la pena. Así, si el condenado a cadena perpetua es un menor de edad, su pena deberá revisarse luego de 25 años en prisión. Si es mayor de edad y fue condenado solo por un delito, se deberá revisar hasta que tenga 30 años en prisión.
En tanto, si fue condenado por más de un delito, la revisión de la pena se hará cuando tenga 35 años en prisión; y si fue condenado por un delito agravado o de extrema gravedad, su pena podrá revisarse hasta que tenga 40 años en prisión.
Los magistrados de El Salvador defendieron la reforma y señalaron que es coherente con la Convención sobre los Derechos del Niño, pues no se trata de una pena sin posibilidad de libertad, ya que tras 25 años en prisión podrían optar a una libertad controlada.
Organizaciones en contra
Esta es la tercera reforma, en los últimos cuatro años, a la LPJ realizada por el gobierno de Bukele que busca homologar los procesos y sanciones de adultos a menores de edad vinculados al crimen organizado.
Todo esto ha sido rechazado por organizaciones que defienden los derechos de niñas, niños y adolescentes. En febrero de 2025, El Comité de los Derechos del Niño (CRC) junto a otras organizaciones de las Naciones Unidas, señalaron que las reformas pasadas a la Ley Penal Juvenil “representan un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”.
La abogada Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) sostiene que si El Salvador aplica las condenas perpetua a menores de edad abriría la puerta para que en el futuro pueda ser demandado y condenado.
“La Corte IDH ha establecido con mucha claridad que imponer una pena perpetua a personas menores de 18 años viola abiertamente la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, porque una persona menor de edad que ha cometido un delito sí puede ir a la cárcel, siempre y cuando sea por delitos muy graves y por tiempo reducido. La idea de las penas a menores es que tengan la posibilidad de revertir lo que hicieron, que el delito que cometieron no marque su vida para siempre, sino que tengan posibilidad de rectificar y reeducarse”, explicó Arteaga a La Prensa Gráfica.
El precedente es la sentencia del Caso Mendoza y otros vs. Argentina, en la cual la Corte IDH encontró al Estado argentino culpable de vulnerar los derechos de cinco menores de edad que habían sido condenados a penas vitalicias por delitos cometidos antes de cumplir la mayoría de edad (18 años).
Esta propuesta llegó a unos días que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país.
Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.650 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.
