Después de 21 años de esperar su ejecución tras ser condenado a muerte en 1999, Daniel Lewis Lee se convirtió en el primero de cuatro convictos elegidos para “reinstaurar” la pena capital a nivel federal en Estados Unidos, las que habían permanecido en moratoria durante los últimos 17 años.

El martes 14 de julio, el supremacista blanco arrepentido de 47 años, y quien fue condenado por el aberrante asesinato de tres personas –entre ellas una niña de 8 años–, recibió la inyección letal en la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba recluido.

La noticia le dio la vuelta al mundo pero se generó cierta confusión, pues las ejecuciones en Estados Unidos, según las leyes de cada estado, son frecuentes. Entonces ¿por qué había de ser noticia particular la concreción de la pena capital en el caso de Lewis y de otros tres condenados durante julio y agosto?

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La explicación es que la mayoría de los crímenes en ese país se juzgan en cortes estatales, pero algunos se elevan al estatus de “federales”, como los crímenes de odio, casos particularmente aberrantes o los que ocurrieron en reservas de nativos estadounidenses o instalaciones militares, según detalló The New York Times en noviembre pasado, cuando se anunció que las primeras aplicaciones de la pena capital federal se realizarían entre enero del 2019 y diciembre del 2020.

La pronta implementación de los casos tiene que ver con el abierto apoyo del presidente Donald Trump a la pena de muerte y al expedito cumplimiento del fiscal general William Barr. Precisamente, Barr aprobó una instrucción a la Agencia Federal de Prisiones para que a partir de ahora solo se utilice en las inyecciones letales una sola sustancia, el pentobarbital, en lugar del coctel de drogas que se empleaba antes y que, eventualmente, producían una muerte más lenta y tortuosa.

Una reciente explicación en sencillo del complejo sistema que diferencia a unos condenados a muerte de otros la ofreció la cadena BBC, la cual afirma que bajo el sistema judicial estadounidense, los delitos pueden ser juzgados en cortes federales (a nivel nacional) o cortes de cada estado, a nivel regional. Agrega que “determinados delitos, como falsificación de moneda o robo de correo, son automáticamente procesados a nivel federal, ya que son casos en los que EE. UU. es una parte involucrada, o aquellos delitos que implican violaciones constitucionales”.

Pero, siempre según la cadena británica, otros pueden ser procesados en cortes federales según la gravedad del delito, y con este criterio es que se están eligiendo los condenados a los que se les ha aplicado y aplicará la pena capital a partir de estos cuatro casos iniciales.

Un debate eterno

De hecho, cuando hace un año trascendió oficialmente que se reactivarían las “ejecuciones federales”, como las llaman, sobraron quienes arquearon la ceja, pues en los últimos 32 años este tipo de pena capital se ha aplicado solo en tres ocasiones y la última fue 17 años atrás.

Aunque hubo retrasos por distintas apelaciones, finalmente se programaron las cuatro ejecuciones, tres para julio –que ya se realizaron– y la cuarta, prevista para el 28 de agosto.

Como era de esperarse, las muertes de los tres primeros condenados han provocado un gran debate, incluso entre familiares de las víctimas de los macabros crímenes de los presos.

Daniel Lewis Lee, quien como se dijo, inauguró la funesta lista, pasó cuatro días esperando su ejecución mientras iban y venían papeleos y finiquitos hasta que se dio la última palabra, en lo que ha sido considerado por muchos como una tortura inadmisible.

Durante los últimos años, Lewis Lee había renegado de su pasado criminal y de su filiación a la supremacía blanca. Antes de morir, insistió en su inocencia sobre los hechos que se le achacaron: “He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Están matando a un hombre inocente”.

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Lo cierto es que su expediente judicial decía otra cosa: el estadounidense originario de Yukon (Oklahoma), y otro hombre, Chevie Kehoe, fueron condenados por el asesinato en Arkansas de William Mueller, un traficante de armas, su esposa, Nancy, y su hija de ocho años, Sarah Powell, durante un asalto en 1996.

Después de robar y disparar a las víctimas con una pistola eléctrica, Lee cubrió sus cabezas con bolsas de plástico, selló las bolsas con cinta adhesiva y arrojó a la familia en un pantano de Illinois, de acuerdo con la reconstrucción policial publicada en su momento.

Con el robo de armas –que vendía el padre de la familia asesinado– supuestamente Lewis y Kehoe querían financiar la creación de una “república del pueblo ario”.

Pero se decantó en una historia de terror: los cuerpos de las víctimas aparecieron cinco meses después de incertidumbre total, con heridas de bala y las bolsas de plástico cubriendo sus cabezas.

Los titulares del momento no dejaban tintas medias: fue un crimen atroz. Los habían tirado a un lago con piedras para que se hundieran. El 4 de mayo de 1999, un jurado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Arkansas, halló a Lee culpable de numerosos delitos, incluidos tres cargos de asesinato en contubernio con el crimen organizado, y fue sentenciado a muerte.

De acuerdo con la ya mencionada nota de The New York Times, Lee, marcado de por vida con tatuajes nazis en el cuello y conocido como “Cíclope” porque perdió un ojo en un enfrentamiento en un bar, en su temprana juventud se introdujo en el movimiento supremacista blanco a través de un amigo violento. El joven pasó entre internados religiosos, hospitales psiquiátricos y reformatorios juveniles.

El estadounidense estuvo sin rumbo en la “viciosa periferia de grupos de cabezas rapadas” antes de conocer a Kehoe, el otro condenado por el crimen.

“Juntos llevaron a cabo planes antigubernamentales, Kehoe como autor intelectual y Lee, tal y como lo describió un fiscal en el juicio, como su perro fiel”, reseñó en su momento el principal diario desde Arkansas.

Earlene Peterson, cuyos hija, nieta y yerno fueron torturados y asesinados por Lee y Kehoe, se había opuesto a la ejecución, pese a no poner en duda su culpabilidad. Peterson, de 81 años, insistió en que quería que le conmutaran la pena capital por cadena perpetua, la misma condena que recibió su cómplice, pues la señora y otros familiares nunca entendieron la desproporcionalidad entre ambas condenas, siendo que Kehoe habría sido el instigador y autor intelectual.

Alzheimer, dudas capitales

Wesley Ira Purkey fue ejecutado en el Complejo Penitenciario Federal en Terre Haute, Indiana. Fue condenado por secuestrar y matar a Jennifer Long, de 16 años, y de desmembrar, quemar y arrojar su cuerpo a un pozo séptico, según una reconstrucción del portal argentino Infobae.

Una corte estatal en Kansas también condenó al hombre por matar con un martillo a Mary Ruth Bales, de 80 años, quien sufría de polio y caminaba con un bastón. Fue sentenciado a muerte el 5 de noviembre del 2003 por un jurado en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri.

En aquel momento, se dirigió a los familiares de sus víctimas, alzó la cabeza levemente y dijo: “lamento profundamente el dolor y el sufrimiento que causé a la familia de Jennifer. Lo lamento profundamente”.

El pasado 16 de julio, cuando finalmente fue llevado al cubículo de la muerte, manifestó, en lo que fueron sus últimas palabras: “Esta muerte higiénica no sirve a propósito alguno. Gracias”.

Al inyectarse la sustancia química letal, Purkey tomó aliento varias veces, parpadeó y dejó caer la cabeza sobre la camilla. Horas antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había dado luz verde para la ejecución, en una cerrada votación de cinco votos contra cuatro.

La juez Sonia Sotomayor escribió que “proceder ahora con la ejecución de Purkey, pese a las graves dudas y hallazgos probados sobre su competencia mental, arroja una sombra constitucional sobre la más irrevocable de las penas”. La respaldaban los otros jueces progresistas de la corte, Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Elena Kagan.

Cinco muertes en su espalda

El tercer ejecutado en este mes fue Dustin Lee Honken, de 52 años, quien recibió la inyección letal el pasado 17 de julio. Al igual que sus antecesores, recibió una inyección letal del poderoso sedante pentobarbital en la prisión federal en Terre Haute, Indiana.

El reo había sido condenado en 2005 por haber matado a cinco personas en julio de 1993. Las víctimas fueron un informante del gobierno, una mujer y dos niñas, todo producto de un enloquecido esfuerzo por frustrar su enjuiciamiento por tráfico de metanfetamina.

“No había razón para que el gobierno lo matara ahora”, dijo Shawn Nolan, el abogado de Honken, en un comunicado. “El hombre que mataron hoy era un ser humano que podría haber pasado el resto de sus días ayudando a otros y redimiéndose aún más”, agregó, según CNN.

Y es que, según la prensa local, durante los últimos años Nolan había tenido una reconversión espiritual y era guía de varios compañeros de prisión.

Honken recitó un poema del inglés Gerard Manley Hopkins llamado “Heaven-Haven”, como sus palabras finales.

Procedente de una familia de clase media, a principios de los años 90 abandonó sus estudios de Química en Iowa y se dedicó a utilizar sus conocimientos para montar un laboratorio de metanfetamina en Arizona, según una reconstrucción publicada por la BBC.

Greg Nicholson y Terry DeGeus, quienes serían más adelante dos de sus cinco víctimas, eran sus hombres de confianza y los encargados de distribuir la droga en Iowa.

El recorrido criminal de Honken fue corto, ya que las autoridades federales detectaron rápidamente sus actividades y Nicholson accedió a colaborar en la investigación.

En julio de 1993, Honken había sido detenido y puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio.

Fue entonces cuando aprovechó, junto a su entonces novia, Angela Johnson, para deshacerse de sus colaboradores para que no pudieran declarar durante el juicio.

Primero asesinaron a Nicholson, a su pareja, Lori Duncan, y a las hijas de ella, Kandance, de 6 años, y Amber, de 10. Luego hicieron lo propio con DeGeus.

Los cuerpos no fueron hallados hasta el año 2000, cuando Johnson admitió a una informante en la cárcel sobre dónde estaban enterrados. Tanto ella como Honken cumplían en ese entonces penas por delitos de drogas.

En el 2005 ambos fueron sentenciados a muerte, aunque la condena de Johnson fue más tarde conmutada por una de cadena perpetua.

Aunque en sus últimos momentos Honken dirigió palabras de perdón para los familiares de sus víctimas, lo cual es bastante común en quienes están a punto de ser ejecutados, su abogado insistió en que se trataba de un hombre “redimido”.

La de Honken fue la décima ejecución del año en Estados Unidos, tres federales y siete estatales. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas, 1.522 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, solo seis de ellos a manos del Gobierno federal.

Letal cuenta regresiva

La cuarta ejecución programada para esta primera seguidilla está programada para el 28 de agosto y será Keith Dwayne Nelson quien reciba la inyección letal tras haber sido condenado a muerte por el secuestro y asesinato de una niña de 10 años, en 1999.

Un agravante en este caso es que, lejos de manifestar arrepentimiento, en su momento el caso judicial fue célebre porque el asesino se solazó en lanzar insultos contra la familia de la pequeña víctima durante el juicio. La fecha de ejecución de Keith Nelson se programó en junio pasado, casi 21 años después de que secuestró, violó y mató a Pamela Butler tras interceptarla fuera de su casa en Kansas City, Kansas.

Después de admitir la violación y asesinato de Pamela en un juicio celebrado en el 2001, Nelson intentó revertir el proceso con el argumento de que su sentencia no era sólida porque su abogado defensor lo había mal aconsejado; sin embargo, su reclamo no tuvo asidero entre los jueces.

Nelson, hoy de 45 años, raptó a Pamela mientras la niña jugaba en el jardín de su casa. El caso fue sumamente dramático porque la madre de Pamela, Cherri West, vio cómo el hombre se llevaba a su hija y alcanzó a perseguir el automóvil del delincuente, pero no logró alcanzarlo.

Luego se daría el tremebundo desenlace. Este caso está provisto de un añadido surrealista, pues la hermana mayor de Pamela, Casey Eaton, quien también vio cómo secuestraban a su pequeña hermana, también murió asesinada en el 2017, durante un tiroteo.

De acuerdo con las noticias de entonces, Nelson fue arrestado en vivo por televisión dos días después a orillas del río Kansas, y admitió que sabía dónde estaba Pamela, pero se negó a revelar el lugar.

El cadáver fue encontrado en un área boscosa en la vecina Missouri el día después del arresto de Nelson. Durante el juicio, en uno de los argumentos más férreos contra Nelson, se reveló que tiempo antes del secuestro de Pamela, el hombre había fantaseado frente a allegados con que “le gustaría secuestrar a una niña para violarla, torturarla, electrocutarla, matarla y enterrarla”, según el prontuario judicial.

En el 2012, durante una de las audiencias, la madre de Pamela dijo que se sentiría aliviada cuando Nelson finalmente fuera ejecutado. Ella explicó: ‘Saber que ya no respira más me haría feliz porque creo que debería ser ella la que debería estar aquí afuera viendo la luz del sol y la luz del día. No él”, dijo Cherri West, quien cinco años después sufriría, como se mencionó antes, la muerte de otra de sus hijas, también en un asesinato.

En su momento, declaró a la prensa local que jamás habría imaginado que, tras la cruenta muerte de su pequeña Pamela, tantos años después reviviría su “insoportable dolor”.

Habrá que ver si, a la hora de su ejecución, Keith Dwayne Nelson le pedirá perdón a la sufrida madre. Que este le dé algún consuelo con semejantes tragedias, eso es otra historia.