La abogada española Almudena Bernabéu, directora del despacho internacional de derechos humanos Guernica37, liderará la demanda por el asesinato del militar retirado y líder opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Roberto Samcam. En una entrevista exclusiva con Revista Dominical, la jurista aseguró que el homicidio fue un crimen político, y no descarta que los responsables puedan llegar a juzgarse en España.
Samcam tenía la nacionalidad española luego de que ese país se la otorgara, debido a que el régimen de Ortega lo despojó arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, junto con más de 90 personas a quienes también les confiscaron todos sus bienes. El disidente, exiliado en Costa Rica desde hacía siete años, fue atacado a balazos en el apartamento 6 del condominio Naples, al costado norte del Mall Lincoln Plaza en Moravia.
El abogado costarricense Federico Campos, que trabajará junto a Bernabéu para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato, explicó que la nacionalidad de Samcam es importante ya que, si se logra individualizar a los homicidas y autores intelectuales del crimen, Guernica37 podría llevar el caso ante los tribunales de ese país europeo.
“Eventualmente se podría juzgar a los responsables en España, como pasó con quienes ordenaron el asesinato del sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador en 1989”, detalló Campos.
Precisamente, Bernabéu fue una figura clave en el juzgamiento de los responsables de la conocida como “Masacre de los jesuitas”, perpetrada en la Universidad Centroamericana de San Salvador. La abogada presentó las querellas y solicitó las extradiciones de los imputados a España. Incluso, se ha llegado a vincular al expresidente salvadoreño Alfredo Cristiani con los homicidios.
“Las jurisdicciones están ahí para hacer uso de ellas, son derechos de las víctimas. Dependerá de la investigación que hagamos y los resultados que dé el trabajo de las autoridades judiciales en Costa Rica. En el caso de España, es un tema de establecer que hay un crimen de terrorismo de Estado; si podemos probar eso, sí podemos tener jurisdicción en los tribunales españoles. Es nuestra responsabilidad explorar eso en nombre de doña Claudia (viuda de Samcam)”, refrendó Bernabéu.
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La abogada destacó que su despacho tienen alrededor de siete años de trabajar en Nicaragua, no solo en expedientes judiciales específicos, sino también en la investigación de presuntas violaciones de derechos humanos y criminalidad internacional, como podría ser el caso de Samcam.
Guernica37 inició su trabajo en Nicaragua tras las protestas de 2018, donde se cometieron múltiples abusos de derechos humanos, asesinato de estudiantes y masacres de protestantes. En ese contexto, en 2019, conocieron a Samcam y a su esposa, Claudia Vargas, debido a su trabajo con la comunidad de exiliados y refugiados.
Según detalló Bernabéu, toda la investigación que se realizó desde entonces servirá para aplicarla directamente al caso de Samcam y fortalecer la demanda.
“Cuando asesinaron a Samcam yo hablé con Claudia y decidimos asumir la representación. Es nuestra misión, somos una firma de abogados de interés público que llevan este tipo de casos por su trascendencia y su impacto”, declaró la jurista española.
“Crimen político”
Tanto Campos como Bernabéu sostienen que el asesinato de Roberto Samcam es un crimen con motivaciones políticas. El abogado costarricense fundamentó que se descartaron otras posibles causas, como un intento de robo o conexiones de la víctima con el crimen.
“La única línea de investigación abierta por los indicios que existen es que don Roberto era un opositor político que estaba en plena actividad en Costa Rica, y desde aquí estaba siempre mandando mensajes en contra de la dictadura nicaragüense, y eso era lo que tenía molesto al régimen”, declaró Campos.
“Como dice Federico, hay señales para saber qué tipo de persecución ha hecho el régimen, qué tipo de amenaza, cómo se ha atentado contra otras personas por estos roles de difusión y denuncia. Ellos se convirtieron en objetivo del régimen”, respaldó Bernabéu.
Asimismo, Campos afirmó que tienen por comprobado que el Estado de Costa Rica tenía conocimiento del riesgo en el que se encontraba Samcam, por lo tanto, consideran que eso debió encender las alertas de las autoridades de seguridad ticas, en especial a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), adscrita a la Presidencia de la República.
El jurista señaló que Roberto Samcam había avisado a la DIS sobre la operación de células terroristas nicaragüenses en Costa Rica para cometer asesinatos.
“Eso, desde nuestro punto de vista, podría generar algún tipo de responsabilidad, en especial para tomarse con más seriedad a los demás exiliados políticos, que se sienten atemorizados. Creo que esto nunca había sucedido antes, hasta ahora que se están dando atentados como contra Joao Maldonado o Roberto Samcam. Hay una responsabilidad política y eventualmente jurídica”, comentó Campos.
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Anteriormente, Bernabéu declaró al medio nicaragüense La Prensa que el homicidio de Samcam responde a un caso de represión transnacional, por tanto, deberá investigarse si hay una responsabilidad jurídica de las autoridades ticas.
“Vamos a explorar eso, es decir, en qué condiciones están los desprotegidos y qué obligaciones tiene el gobierno de Costa Rica que no está poniendo al servicio de la comunidad. Lo más importante no es el sicario, sino quién está detrás, quién ordena y quién orquesta. Esa parte es mucho más difícil de investigar, pero mucho más importante porque es la verdad sobre quién está detrás de este tipo de acciones”, declaró Bernabéu el pasado 26 de junio.
La abogada confirmó a RD que hay antecedentes de asesinatos cometidos por regímenes dictatoriales fuera de sus fronteras para acallar disidentes. Ejemplificó que, en 1976, el otrora ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante el gobierno de Salvador Allende, Marcos Orlando Letelier, fue asesinado en Washington por orden del general y dictador Augusto Pinochet.
Bernabéu tiene amplia experiencia en casos de abusos de derechos humanos. Ella investigó la tortura y asesinato del cantante chileno Víctor Jara en el Estadio Chile, convertido en centro de detención y tortura a inicios de la dictadura de Pinochet. Como resultado, un tribunal estadounidense declaró penalmente responsable al exteniente Pedro Barrientos Núñez.
Junto a su equipo, también presentó la primera querella criminal por crímenes cometidos por las fuerzas de inteligencia y seguridad del régimen de Bashar al-Ásad, basándose en los archivos fotográficos de miles de personas asesinadas y torturadas, capturados por un desertor conocido como “César”.
Su trabajo contribuyó a la condena del exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, hallado responsable del genocidio maya y de otros crímenes como tortura, desaparición forzada y delitos de lesa humanidad.
Para la abogada, el asesinato de Samcam puede marcar un momento de quiebre, que permitiría demostrarle al mundo lo que “este régimen (Ortega-Murillo) perverso está haciendo”.
Los defensores de la familia Samcam confirmaron que contarán con el apoyo del gobierno de España para la investigación. Asimismo, Estados Unidos anunció desde el día del homicidio su disposición para participar en la investigación.
“Confiamos plenamente en el trabajo que realiza el OIJ, que tiene un altísimo índice de casos resueltos en este tipo de homicidios. Confiamos en que el OIJ y el Ministerio Público van a dar con los autores materiales, y esperamos que la investigación profundice en los autores intelectuales”, indicó Federico Campos.
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El jurista que llevará el caso en suelo tico se mostró esperanzado en que la demanda por el homicidio de Samcam motive a que el Estado sea más eficiente en la prevención de los abusos contra personas exiliadas.
“No buscamos que le pongan un policía a cada refugiado, como dijo sarcásticamente el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Sí es que desarrollen las labores de inteligencia y seguridad para prevenir estos hechos”, finalizó Campos.
