Fiorella Masís. 28 julio

Las federaciones de ciclismo, triatlón y atletismo del país lograron detener el polémico decreto para regular el cierre y utilización de las vías públicas terrestres, sobre el cual han mostrado claras discrepancias desde su concepción (5 de diciembre de 2017).

Una las principales quejas de las federaciones son los requisitos que complican la obtención de permisos para realizar actividades deportivas. Fotografía Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo
Una las principales quejas de las federaciones son los requisitos que complican la obtención de permisos para realizar actividades deportivas. Fotografía Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo

El Gobierno de la República suspendió este mandato hasta el 1 de enero de 2021, con la intención de que nuevamente sea revisado y corregido.

La nueva decisión es un “triunfo” para la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci), Federación Unida de Triatlón (Feutri) y la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), pues desde 2018 mostraron su desacuerdo con muchos de los artículos de ese reglamento.

Aunado a sus antiguas disconformidades, consideraban que no era adecuado aprobarlo en este momento, pues si en setiembre se abrieran sus actividades (está prohibidas por la pandemia), no tendrían tiempo para obtener un permiso.

Uno de los artículos más criticados es el número 9, el cual se señala que “sobre las rutas nacionales primarias no se otorgarán permisos”, pero además tampoco sobre otras 70 rutas nacionales más.

Sin embargo, hay una excepción para recibir la autorización sobre esas vías, y es que las actividades sean “formalmente declaradas de interés público nacional o internacional”.

Aunque el portillo está abierto, en el ámbito deportivo siempre criticaron que más allá de regular, se afecta el desarrollo del deporte.

Ese pensamiento todavía se mantiene, por eso las federaciones también apelan a un proyecto de ley que los acoja y promueva las actividades deportivas.

Desde el pasado 12 de diciembre está en la corriente legislativa, según comunicó la Fecoci. Dicho proyecto es impulsado por los diputados José María Villalta, Paola Valladares, Carolina Hidalgo, Roberto Thompson, María José Corrales, Xiomara Rodríguez, Ana Karine Niño y Erwen Masís.

Las tres federaciones participaron activamente en su redacción, algo que anteriormente buscaron con el decreto, y aunque fueron escuchados, después comentaron que sus recomendaciones no se vieron reflejadas en el papel.

“El anterior tenía cosas buenas, pero le faltaba mucho. A este proyecto le aportamos, ese sí nos puede dar plus para verdaderamente tener regulación de rutas nacionales”, comentó Juan Manuel González, presidente de la Fecoci.

Fabián Loaiza, gerente de la Feutri, comentó que en este momento era importante su suspensión, pues el reglamento está pensado solo para carros, sin tomar en cuenta las necesidades de las disciplinas deportivas.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la Fecoci, en la carta dirigida al ministro de Deportes, Hernán Solano, el pasado 11 de junio, se nombraron algunos de los perjuicios si se aplica este documento.

El más crítico es la prohibición del uso de las rutas nacionales entre la 1 a la 99, además de las secundarias y la restricción para eventos deportivos en el Área Metropolitana. Estas, a su vez, generan otras dificultades: se requiere del acuerdo de “interés público” para poder acceder a todas las rutas prohibidas y esto generaría cientos de trámites ante el Icoder, comunidades rurales no recibirían el impacto económico que generan muchas competencias, los programas de entrenamiento y masificación se ven afectados.

La Presidencia de la República suspendió este reglamento mediante el decreto N°42413-MOPT, y en este se señala que “al corresponder al Poder Ejecutivo la regulación y el ordenamiento general de las vías públicas, es necesario establecer mecanismos idóneos y procedimientos claros respecto al uso de las mismas. Lo anterior, requiere la coordinación interinstitucional respecto a aquellas actividades deportivas, recreativas o culturales que justifiquen un cierre total o parcial de las vías nacionales, mixtas y cantonales.”