La Municipalidad de Nicoya y la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) tienen negociaciones avanzadas para firmar un convenio de administración del Estadio Chorotega de Nicoya, el cual permitiría a la ADG cobrar por el uso del inmueble a escuelas de fútbol para niños y jóvenes.
El inmueble ha visto reducido su uso desde que los pamperos perdieron su licencia de participación, ya que no pueden competir ni en Primera ni en Segunda División.
De hecho, actualmente los guanacastecos ni siquiera tienen planilla de jugadores para entrenar y no juegan en ninguna categoría, incluyendo aficionada.
Guanacasteca no está afiliada a ninguna liga y continúa tratando de apelar la determinación del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, que le revocó la licencia.
Aun así, los guanacastecos siguen administrando el estadio Chorotega sin que haya convenio escrito. Actualmente mantienen una negociación con el municipio nicoyano, en la que buscan asegurarse el control del Chorotega por los próximos diez años.
La Nación tiene en su poder copias del proceso que llevan los pamperos con el municipio, lo cual ha generado un intenso análisis dentro del gobierno local.
Stacy Briones, regidora de la Municipalidad e integrante de la Comisión de Gobierno y Administración —ente que analiza el documento—, explicó detalles del proceso.
“Han existido mesas de trabajo en las que nos hemos sentado con la administración (la Municipalidad) y la Asociación (ADG) para buscar llegar a consensos y que el tema avance. Cuando se dio la pérdida de licencia de la ADG, como comisión teníamos dudas al respecto. Hubo una reunión en la que la ADG vino y expuso cierta información, pero seguimos con varias preguntas”, declaró.
Según la documentación a la que este diario tuvo acceso, en el primer borrador del convenio se establecía que la ADG debía pagar mensualmente a la Municipalidad un monto de ¢300.000 por la administración, además de garantizar un beneficio social mediante un proyecto de escuelas de fútbol para niños y niñas del cantón.
Sin embargo, este texto sufrió una serie de modificaciones tras varias reuniones de negociación entre la Comisión de Gobierno y Administración y la ADG. Entre los principales cambios, el monto de administración se redujo a ¢200.000 y se le dio a la asociación la posibilidad de cobrar a niños y jóvenes por las escuelas de fútbol que desarrolle.
“Sobre la cláusula tercera, inciso 8 (desarrollo de escuelas de fútbol): deja abierta la posibilidad de cobros, lo que puede limitar el acceso de la población infantil y juvenil de bajos recursos a programas de deporte y recreación, afectando el principio de igualdad de oportunidades y el mandato de masificación deportiva”, señala un informe de la Dirección de Gestión Jurídica de la Municipalidad, del 23 de setiembre de este año.
En la misma documentación, se detalla que en la nueva versión se eliminó el apoyo a proyectos de mujeres y veteranos, así como la obligación de rendir cuentas cada tres meses.
“Estas modificaciones disminuyen el alcance social y comunitario, lo que podría generar cuestionamientos ciudadanos o de entes fiscalizadores, al interpretarse que el bien público se está administrando con un retorno social reducido”, concluye el informe.
Como conclusión general, el documento sentencia: “Hay una reducción del alcance social (cláusula 8), disminución de recursos para fomento deportivo (cláusula 9) y debilitamiento de la gratuidad y apoyo inclusivo”.
Como puntos positivos, se mencionan: “Mayor plazo de vigencia, control anual de ejecución y revisión intermedia”.
Este informe provocó una negativa del alcalde, Carlos Martínez Arias, para avanzar con el convenio. El jerarca hizo pública su posición en una carta enviada a la Comisión de Gobierno y Administración del Concejo Municipal de Nicoya.
“Las modificaciones propuestas a los incisos 8 y 9 de la cláusula tercera, que eliminan la gratuidad de las escuelas de fútbol, suprimen el apoyo a equipos femeninos y veteranos, y reducen el aporte económico mensual de ¢300.000 a ¢200.000, implican una disminución significativa del alcance social del convenio”, se lee en la carta.
“Estas medidas pueden limitar el acceso de la niñez y juventud de los distritos, mayoritariamente de escasos recursos (...), comprometiendo la función social del estadio como bien público”, agrega.
Martínez fue enfático: “Expreso mi posición negativa frente a los cambios sugeridos”.
Un aspecto relevante es que la ADG puso a disposición los recursos del programa FIFA Forward para mejorar el Estadio Chorotega, según se consigna en la cláusula cuarta del posible convenio.
El texto original le otorgaba la administración del estadio por diez años, pero si no conseguía el aporte de FIFA, el plazo se reducía a cuatro o cinco años. Ahora, la propuesta mantiene la vigencia por una década y, aunque se propone una revisión a los cuatro años, se espera que en ese lapso se cumplan las exigencias del programa FIFA Forward.
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No obstante, para cumplir con los requerimientos de FIFA Forward, el estadio debe estar bajo administración de la Federación Costarricense de Fútbol y por un periodo mínimo de 20 años. Así consta en el Reglamento del Programa de Desarrollo Forward de la FIFA 3.0, que regula el otorgamiento de estos fondos.
La Nación intentó obtener la versión de otros regidores que conocen del tema, como Sergio Matarrita y Julio Grijalba, pero, tras varias llamadas desde el viernes anterior, ninguno respondió.
También, se gestionó una entrevista con el alcalde, Carlos Martínez, a través de su encargada de comunicación, Raquel Barboza, pero esta no se concretó.
La única regidora que respondió preguntas sobre el tema fue Stacy Briones, quien recalcó que el asunto debía estudiarse más en la Comisión de Gobierno y Administración, para luego pasar a una determinación del Concejo Municipal, donde se dictaminará si se aprueba o no el convenio, a la espera también del pronunciamiento del Icoder.
“Lo que nosotros hicimos fue una revisión como comisión: vimos observaciones y demás. Justamente, el estadio municipal tiene un 50% de derecho del Icoder y un 50% de la Municipalidad. Hicimos un proceso de consulta al Icoder para tener el derecho y poder firmar el convenio, del cual estamos a la espera de respuesta; pero es claro que se requiere el permiso del Icoder para poder hacer bien el proceso de administración”, manifestó la regidora.
De momento, el convenio continúa en análisis. Hasta hoy, la Municipalidad de Nicoya mantiene abierto un debate interno por las modificaciones que, según interpretan algunas personas relacionadas con el tema, brindarían mejores condiciones a una institución cuestionada en el fútbol profesional tico.
En cuanto al Icoder, la institución señaló que desconoce si alguna organización controla el Chorotega de Nicoya y tampoco sabe si hay una negociación en curso, aunque también buscará regularizar una posible intervención.
“No se tiene certeza de que alguna organización fuera de la Municipalidad esté administrando dicho inmueble. No obstante, es importante mencionar que el Icoder está actualmente en proceso de formalización de un convenio para ceder en administración la parte del derecho de Icoder a la Municipalidad. En este convenio, se van a establecer cláusulas que regulen este tipo de situaciones: administraciones o intervenciones por parte de terceros”, respondió la institución.