La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) aportó en Tribunales la copia de un contrato que demostraría que la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) cedió los derechos de administración del equipo a inversionistas mexicanos.
El documento lo firmó el presidente de la ADG, Jorge Arias, con Leonardo Cova Escorsa, Jorge García Correa y Paulo Tapia Caballero, todos mexicanos, quienes se hicieron llamar Grupo Inversor.
Luego de que la Fedefútbol revocó la licencia de Guanacasteca y enció al equipo al fútbol amateur, el abogado Edwin Yockhen Mora solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar para que los pamperos puedan recuperar la licencia.
Ante esto, la Federación Costarricense de Fútbol, como parte de su descargo, presentó una contestación con toda las pruebas y documentos del caso, tanto de la investigación que hizo la Secretaría General de la Fedefútbol, como la del Comité de Licencias y los trabajos de prensa publicados por La Nación.
En febrero, este periódico reveló un documento que solamente tenía la firma de Jorge Arias, y en el que se hablaba de los términos para la venta de la mayoría de las acciones a los mexicanos. Desde el primer momento, tanto Arias como Cova alegaron que el contrato nunca llegó a firmarse.
Sin embargo, ahora la Federación aportó un documento firmado por Arias, Jorge García, Leonardo Cova y Pablo Tapia con fecha del 24 de enero de 2025.
Las condiciones del contrato
Según el documento, se acordaron las siguientes condiciones:
“El grupo inversor se compromete a realizar un pago total de $1 millón como parte del acuerdo de administración, transformación de la asociación a sociedad deportiva para la compra del 55% del capital accionario”.
Según el contrato, para esta fecha (enero del 2025), ya los inversionistas debían haber pagado $600.000, divididos en dos pagos de $250.000 (en octubre y diciembre del 2024) y uno de $100.000 en enero del 2025. Un cuarto desembolso debía hacerse en julio de este año por $400.000.
Como parte de la investigación que desembocó en la pérdida de licencia, la Fedefútbol encontró depósitos a favor de la ADG por $675.000 que no aparecían en información financiera entregada en enero.
Entre otros aspectos que destacan en el contrato, está la posible construcción de un Centro de Alto Rendimiento, para trasladar al equipo del estadio Chorotega de Nicoya.
Por otra parte, si el grupo inversor se retiraba en algún momento, debía cancelarle a la ADG el monto de $40.000.
La Asociación Deportiva Guanacasteca, al ser una asociación deportiva y no una sociedad anónima, debía hacer una asamblea para aprobar la cesión hacia los inversionistas mexicanos; no obstante, no consta públicamente que se haya hecho tal asamblea.
Este contrato se opone a la versión dada en varias oportunidades por Leonardo Cova, quien ha dicho públicamente que nunca llegó como inversionista del equipo.
El mexicano insistió en presentarse solo como gerente general. Sin embargo, en julio pasado funcionarios de Migración y Extranjería revisaron su condición laboral en el país y detectaron que no poseía el permiso de trabajo, por lo que le indicaron que no siguiera ejerciendo sus funciones con los pamperos. No fue posible conocer si ya regularizó su situación ante Migración.
“Alguna vez puse como ¢10.000 para comprar jabones para los masajes y hasta ahí. Si fuera un inversionista, hay un proceso establecido para serlo”, dijo en febrero a este medio. Este jueves 4 de setiembre La Nación intentó contactar a Cova para que se refiriera a las nuevas revelaciones, pero no respondió las llamadas.