En la página 35 del documento enviado por la Federación al Tribunal, consta la siguiente declaración:
“El día 6 de junio de 2025, el secretario general recibe un mensaje de amenazas enviado por un ‘supuesto contacto’ de los abogados de la Asociación Deportiva Guanacasteca y de la Península de Nicoya, todo debidamente reportado a las autoridades competentes.
“El secretario general de la Federación informa a las autoridades competentes de un intento de soborno por una cifra millonaria, por parte de un ‘presunto intermediario del grupo mexicano’, como se presentó en el audio que se encuentra debidamente documentado, a cambio de que el Tribunal de Apelaciones revoque la resolución del día miércoles 11 de junio de 2025 (cuando el Tribunal de Apelación de la Federación confirmó la revocatoria de la Licencia). Todo, debidamente documentado”, indicó la Fedefútbol.
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En los organigramas de este deporte, el secretario general es el equivalente al gerente de una empresa e, incluso el término se utiliza en la propia estructura de la FIFA. En este caso, esa figura tuvo una participación activa para acompañar de manera técnica y logística al Comité de Licencias, que es un órgano independiente dentro de la Federación encargado de otorgar los derechos de participación de los equipos profesionales (Primera y Segunda División).
Aunque en el documento oficial entregado al Tribunal no consta el monto del supuesto intento de soborno, La Nación conoció que se trata de $100.000, aproximadamente ¢50 millones. No fue posible conocer el contenido de las presuntas amenazas que también se le hicieron llegar.
Según se indica en el descargo, el secretario general Gustavo Araya entregó las pruebas a las autoridades correspondientes.
Antecedente
La Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica investiga un supuesto amaño de partido en el duelo que disputaron la Asociación Deportiva Guanacasteca y el Santos de Guápiles el pasado 20 de octubre, correspondiente al Torneo de Apertura 2024.
Ese día, los guapileños ganaron 4-0. El caso trascendió desde inicios de febrero y todavía se mantiene en investigación.
Tanto la ADG como Santos perdieron su licencia para competir en el fútbol profesional y deberán jugar en alguna de las categorías aficionadas. Sin embargo, este castigo no guarda relación con el presunto intento de amaño, que podría desembocar en otras sanciones ya sea contra los clubes o contra personas individuales, según se comprueben los hechos.
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La Oficialía de Integridad de FIFA es una especie de “fiscalía” o garante ético que nombra el órgano mundial del fútbol en cada país, con el objetivo de que investigue este tipo de casos.
