Una serie de depósitos por $675.000 a favor de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), presuntamente sin el debido respaldo, así como la participación de una “prestamista” que era la esposa de uno de los inversionistas mexicanos, llevaron a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) a considerar que la ADG incurrió en graves anomalías financieras y administrativas. Por ello, le retiró su licencia para competir en el fútbol profesional de Costa Rica.
La prestamista terminó indicando que los fondos provenían de una empresa de seguridad en México. La Fedefútbol señaló una contradicción, porque tenía la versión inicial de que los recursos de los inversionistas provenían de negocios de bienes raíces.
Así consta en un documento presentado por la Fedefútbol ante el Tribunal Contencioso Administrativo y de Hacienda, estrado al cual acudió la ADG para tratar de recuperar su licencia por la vía judicial.
Luego de perder todos los recursos dentro de la Federación, la determinación en firme es que el equipo descienda al fútbol amateur, sin siquiera competir en la Liga de Ascenso.
Frente a este panorama, el abogado Edwin Yockhen Mora decidió solicitar ante el Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar que les permitiera a los pamperos jugar en Primera División.
Previamente, la ADG también había acudido al Tribunal de Conflictos Administrativos y Deportivos del Icoder, donde no le admitieron la solicitud de medida cautelar para poder jugar el campeonato. Por esto, el abogado Mora presentó una demanda contra el Icoder y la Federación.
La Nación tuvo acceso al descargo presentado por la Fedefútbol ante el Tribunal; donde constan los detalles de la investigación realizada por el Comité de Licencias, los cuales no habían trascendido públicamente.
Las supuestas irregularidades
Con el apoyo técnico y logístico del secretario general de la Fedefútbol, Gustavo Araya, se encontraron supuestas irregularidades en millonarios depósitos que suman $675.866 (aproximadamente ¢341 millones).
De acuerdo con los documentos, hay inconsistencias entre los estados financieros presentados por la ADG en enero y los entregados en marzo, a solicitud del Comité de Licencias.
La investigación puso el ojo en depósitos no reportados originalmente del grupo BMG, representado por los empresarios mexicanos Jorge García Correa y Paulo Tapia Caballero, y que forman parte de los inversionistas que presuntamente quisieron comprar acciones sin reportarlo.
En total, BMG Group aportó $269.861 entre el 18 de octubre del 2024 y el 7 de enero del 2025, mediante diferentes operaciones.
En el caso de Paulo Tapia, hizo los depósitos a título personal en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre del 2024 y el 8 de enero del 2025, con montos que suman $299.756.
Entre ambos mexicanos, aportaron la suma de $569.671,59. Adicionalmente, la Federación detectó otra transferencia internacional que no tiene mayor detalle, por $106.248,53, y que completa los $675.000 que son objeto de dudas.
Estos montos se ven reflejados en las cuentas bancarias, datos que según la Federación no habían sido reportados inicialmente. Además, de acuerdo con el ente federativo, hay inconsistencias entre los estados de cuenta (los cuales reflejan los movimientos bancarios) y los estados financieros.
Prestamista mexicana
Por otra parte, en los estados financieros recibidos por la Federación el 10 de marzo del 2025, viene un pasivo a largo plazo (deuda) a favor de una persona identificada como Yesica Guerrero Olloquí, por un monto de ¢185.000.000. La ADG entregó los estados ante una solicitud del Comité de Licencias, para aclarar dudas que habían dejado otros documentos que presentaron el 4 de marzo.
En la información original, el pasivo era de ¢114.041.659, por lo cual la Federación consideró que era una inconsistencia la diferencia de ¢70.958.341 entre unos estados y otros.
Sobre esta supuesta prestamista, Licencias explicó: “Hasta ese momento, este Comité no tenía conocimiento de la señora Guerrero Olloquí, ni su relación con el club y es la primera vez que surge su nombre sin explicación alguna por parte del club”.
Al Comité también le llamó la atención que la diferencia de ¢70.958.341 aparece en los nuevos estados financieros como “otros activos”, bajo el detalle de “mejoras al estadio”, pero sin reportar qué trabajos se hicieron. Esta cifra coincide exactamente con el monto adicional que supuestamente le deben a Yesica Guerrero.
“Asimismo, cabe denotar que la partida de pasivo en la que se incluye la deuda de la señora Yesica Guerrero Olloquí corresponde a una clasificación relacionada a la naturaleza de ‘Socios’ sin que exista aclaración en todo el documento sobre el grado de relación de la ‘prestamista’, siendo que, si hubiera sido una tercera, lo correcto era su clasificación como una deuda de ‘Documentos por pagar a terceros’”, agregó la FCRF.
Pese a que BMG aportaba dinero desde noviembre, hasta el 11 de marzo fue que Guanacasteca -por medio de sus estados financieros- dio a conocer que la inversión que ellos daban provenía del negocio de bienes raíces. Según los documentos de la Federación, la ADG también omitió mencionar originalmente cuál era la relación de la señora Guerrero con el club, quien la detalló posteriormente en una audiencia a la que fue convocada.
“En audiencia testimonial, la señora Guerrero Olloquí aclara que ella es la esposa de Jorge García, representante de BMG Group LLC, y ahora indica que el origen de sus fondos proviene de una empresa de seguridad en México, a diferencia de lo indicado (anteriormente) de que provienen de sus negocios de bienes raíces. Igualmente, indica que conoce a Paulo Iván Tapia como hijo de un amigo, pero que él no tiene nada que ver con el club, a pesar de haber enviado $199.820 de su cuenta bancaria”, adujo la Federación.
El Comité de Licencias encontró que todas estas inconsistencias constituyen anomalías muy graves y por ello decidió revocarle el derecho de participación.
El caso todavía continúa en estudio por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.
Dicha investigación desembocó en el castigo hacia los chorotegas por supuestas irregularidades financieras y administrativas y por no reportar un presunto cambio de administración, lo cual es obligatorio en el fútbol para garantizar la transparencia de los dineros que ingresan a este deporte.
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El caso nació tras un reportaje de La Nación, de marzo anterior, donde se reveló que los mexicanos Leonardo Cova y Jorge García firmaron desde octubre del 2024 una carta de intención para adquirir la mayoría de acciones del club.
Este periódico intentó obtener la versión de Cova y Arias durante la tarde de este 4 de setiembre, pero no respondieron las llamadas ni los mensajes enviados.
Desde enero de este año, la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) consultó a la ADG porque ya tenía “dudas financieras” respecto a la llegada de un grupo mexicano que supuestamente iba a administrar el club.