El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó pagar con fondos públicos el alquiler de un vehículo de lujo, marca BMW X1 2026, que usa de manera discrecional la diputada y presidente del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega Gúzman.
También negó cubrir con fondos de la deuda política el arrendamiento de otro vehículo, un Toyota Prado 2026, que usa el tesorero suplente de esa agrupación, Raúl Zamora Trejos. Por el primero, el pago mensual era de ¢1,2 millones y por el segundo de poco más de ¢1 millón, tal como reveló La Nación el pasado 26 de octubre.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE emitió un informe (N:° DFPP-LT-PPSO-09-2026) en el que le comunicó al PPSO que le rechazó el reembolso de una serie de facturas por ¢62 millones, emitidas entre el 19 de marzo y el 30 de junio pasado, y entre ellas aparecen seis relacionadas con el alquiler de esos dos vehículos, por un total de ¢6,4 millones.
El PPSO pedía que se le reintegrara el dinero con su deuda política, a la cual tuvo derecho por la cantidad de votos que alcanzó en las elecciones de febrero del 2026.
Sin embargo, el Tribunal concluyó que no basta solo con que el gasto sea comprobable, sino que también debe ser “razonable y racional, es decir, necesario, justificado y proporcional para la labor del partido” y que, en el caso de dichos automotores, Pueblo Soberano no logró acreditar esos principios.
Por el contrario, calificó ese gasto como ‘desmedido’ y las sumas a pagar como “exorbitantes”, porque al final de los contratos de arrendamiento —que son por cuatro años— el dinero desembolsado será superior al valor contractual de los vehículos y la agrupación no hace constar que se quedará con ellos.
Cuestionó además que el vehículo asignado a Ortega, al menos, sea de uso discrecional. En su criterio, esa es una prerrogativa exclusiva para altas autoridades públicas.
En el caso del BMW, rechazó tres facturas que, en conjunto, suman ¢3,7 millones. Y en el caso del Toyota, denegó otras tres por casi ¢2,7 millones.
Este informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE todavía puede ser apelado por la agrupación oficialista ante los magistrados electorales. Por otra parte, dicha instancia tiene abierta una investigación administrativa luego de recibir dos denuncias ciudadanas relacionadas con esos gastos. La pesquisa se tramita bajo el expediente N.° DFPP-DEN-003-2026.
Falta de justificación
Sobre la falta de justificación del gasto en esos vehículos, el TSE alegó tres aspectos que el PPSO no detalló:
- No aportó documentación de respaldo que acredite la existencia de una necesidad concreta (como serían acuerdos de su Comité Ejecutivo Superior, planes de trabajo, gastos exorbitantes en servicios de transporte privado, etc.) ni ningún otro elemento que permita conocer cuál era la necesidad que se pretendía atender con esta contratación.
- No detalló a cuáles actividades partidarias estarían vinculados los vehículos.
- No explicó por qué razón se debían alquilar dos automotores nuevos, de fábrica, calificables como “de lujo” por su valor de venta.
“Una cosa es la necesidad genérica de transporte y otra es la de disponer de dos vehículos ‘de alta gama’ para el uso discrecional de sus dirigentes. En ausencia de prueba que lo respalde, resulta difícil sostener que el cumplimiento de los fines partidarios exigiera contar con automotores de esas características, o que esa exigencia no pudiera atenderse mediante alternativas de transporte ordinarias”, argumentó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos en su informe firmado el pasado 6 de noviembre y del cual La Nación tiene una copia.
De seguido, expuso dos razones por las cuales, según su criterio, el reembolso no se justifica:
- No existen elementos objetivos que acrediten el uso que efectivamente se dio a los vehículos arrendados.
El PPSO no aportó bitácoras de uso, registros de kilometraje, reportes de desplazamientos, identificación de los usuarias, detalle de los recorridos, actividades atendidas ni otros elementos documentales que permitan verificar los fines para los cuales fueron utilizados los vehículos.
- El ordenamiento jurídico reserva el uso discrecional de vehículos con cargo al erario a un grupo cerrado de altos funcionarios públicos, dentro del cual no se encuentran los dirigentes partidarios.
Para sostener este segundo aspecto, esa dependencia del TSE citó el artículo 238 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, el cual establece que los vehículos de uso discrecional solo son para los siguientes altos cargos:
- Presidente de la República.
- Presidente de la Asamblea Legislativa.
- Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del TSE.
- Vicepresidentes de la República.
- Ministros.
- Presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas.
- Contralor general.
- Procurador general.
- Fiscal general.
- Defensor de los Habitantes.
“Si bien estas agrupaciones no son entidades públicas y, en ese carácter, el citado numeral no les resulta directamente aplicable, sí constituye un parámetro objetivo de evaluación: si el legislador ha limitado el uso discrecional de vehículos financiados con fondos públicos a las más altas autoridades del Estado, no resulta razonable que, por la vía de la contribución estatal, se sufrague un beneficio de esa naturaleza a favor de las autoridades de una agrupación política sin una necesidad clara, individualizada y de peso suficiente que justifique este tipo de gastos”, alegó también ese departamento del TSE.
Costo ‘desmedido’
En el informe se determinó, además, que el costo de los arrendamientos era “desmedido” y que las sumas a pagar eran “exorbitantes si se comparan con el valor registral de los propios automotores”.
Sobre este particular expuso que en el Registro Nacional, el BMW tiene un valor de contrato de solo $57.000 y que el PPSO firmó un arrendamiento por cuatro años que terminará costando $69.960 más caro.
Mientras, el Toyota tiene un valor de contrato de $73.000 y por el arrendamiento esa suma se eleva en $69.960 más.
“En conjunto, el costo del alquiler supera en $105.439 el valor contractual de ambos vehículos, que asciende a solo $130.000. En otras palabras, al término de los contratos, el Estado habría sufragado, por el solo uso temporal de los automotores, una suma considerablemente superior a la que habría bastado para adquirirlos, sin que conste que, al final del plazo, la agrupación política adquiera derecho alguno sobre esos bienes”, recalcó esa dependencia del TSE.
“Una relación de esta naturaleza entre el costo de la erogación y el beneficio obtenido no se ajusta al principio de proporcionalidad (...). La agrupación política tiene a su alcance opciones menos onerosas —como el arrendamiento de vehículos de gama media, la contratación por plazos más cortos o por evento, o la utilización de servicios de transporte por demanda— que le permiten atender esas necesidades a un costo razonable y que no impactan negativamente el estado de sus finanzas”, agregó en el escrito de 37 páginas.
Ortega justificó gasto
Cuando La Nación reveló que Ortega usaba ese vehículo BMW para ir a trabajar a la Asamblea Legislativa, en octubre pasado, ella alegó que todos los partidos tienen la posibilidad de hacer este tipo de gastos y que el PPSO le autorizó el uso discrecional del carro.
“Como presidente del PPSO, mantengo una agenda de trabajo sumamente exigente. Mi jornada empieza muy temprano en la sede del partido, posteriormente me traslado a la Asamblea Legislativa, donde cumplo mis funciones como diputada de la República, desde las 9 a. m. hasta que finaliza la jornada parlamentaria. Después, regreso a la sede del partido, donde muchas veces continuo trabajando hasta cerca de la medianoche, igual que todos los fines de semana”, aseveró en ese momento.
Argumentó, además, que algunos sectores de la prensa quieren “convertir una actividad administrativa ordinaria en motivo de polémica, alimentando sospechas y confusión”.