El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación administrativa preliminar por el alquiler de vehículos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), entre ellos un BMW X1, modelo 2026, asignado a la diputada y presidenta de la agrupación, Mayuli Ortega Guzmán.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos confirmó a La Nación que recibió dos denuncias ciudadanas relacionadas con estos gastos. La investigación se tramita bajo el expediente DFPP-DEN-003-2026.
La apertura del procedimiento responde a las denuncias recibidas, las publicaciones recientes de la prensa nacional y la documentación presentada por Pueblo Soberano en sus liquidaciones de gastos electorales y trimestrales.
El órgano electoral también confirmó que mantiene en desarrollo un estudio técnico para determinar si los gastos reportados por el partido cumplen los requisitos establecidos en la normativa electoral.
TSE revisa gastos de Pueblo Soberano en campaña electoral de 2026
La investigación incluye las erogaciones reportadas por Pueblo Soberano durante la campaña electoral nacional de 2026 y el segundo trimestre de este año.
Según explicó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, el análisis busca verificar el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de los gastos incluidos en las liquidaciones.
Una vez concluido el estudio, el departamento técnico deberá emitir las recomendaciones correspondientes a la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos.
Alquiler de BMW para Mayuli Ortega desató cuestionamientos
La investigación surge en medio de los cuestionamientos por el alquiler de un BMW X1 negro, modelo 2026, asignado a Mayuli Ortega para uso discrecional.
Según informó La Nación el 26 de octubre, Pueblo Soberano le cobra al TSE desde marzo facturas mensuales por unos $2.645 por el alquiler del automóvil. Pide que se le reconozcan con base en la deuda política a la que adquirió derecho el partido por los votos recibidos en febrero del 2026.
El contrato tiene una vigencia de 48 meses, desde el 6 de marzo de 2026 hasta el 6 de marzo de 2030. Durante ese periodo, el gasto ascendería a $126.960, si se mantiene la mensualidad reportada.
Al finalizar el contrato, el vehículo deberá devolverse a la empresa arrendadora, pues no pasará a formar parte de los activos del partido.
El acuerdo fue firmado por Ortega, como presidenta del PPSO, y Daniel Muñiz, representante de Corporación Saver S. A., en las oficinas de Economy Rent a Car, en Alajuela.
Frente Amplio pidió investigar uso de recursos públicos
El pasado 29 de octubre, el Frente Amplio (FA) presentó una denuncia ante el TSE para solicitar una revisión del alquiler del vehículo asignado a Ortega.
La gestión fue presentada por Patricia Mora, presidenta de la agrupación; Jonathan Acuña, secretario general, y Kattia González, tesorera.
Los dirigentes solicitaron determinar si el automóvil se utiliza exclusivamente para actividades propias del partido político, condición relevante para justificar el gasto mediante recursos de la contribución estatal.
El cuestionamiento surgió después de que Ortega reconociera ante el plenario legislativo que el Comité Ejecutivo Superior de Pueblo Soberano le asignó un vehículo de uso discrecional para atender sus responsabilidades.
El Frente Amplio también pidió revisar posibles anomalías en las liquidaciones relacionadas con otros vehículos alquilados por el PPSO.
Pueblo Soberano defendió alquiler de vehículos
Tras los cuestionamientos, Pueblo Soberano defendió la legalidad de los arrendamientos y aseguró que estos corresponden a necesidades de transporte de la agrupación.
El partido sostuvo que negoció una mensualidad de $2.200, inferior a las tarifas corporativas que utilizó como referencia para vehículos de características similares.
Además, citó un criterio del TSE de marzo de 2011 relacionado con los parámetros utilizados para reconocer gastos de alquiler de automóviles a los partidos políticos.
La agrupación aseguró que los contratos cumplen los requisitos de documentación establecidos por la normativa electoral, entre ellos la presentación de facturas y comprobantes de pago.
