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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que seguirá adelante con el plan de utilizar fondos públicos para adquirir una póliza que exima de responsabilidad civil al presidente Rodrigo Chaves y a los integrantes de su gabinete, por posibles actos de negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Así lo comunicó, a pesar de que el propio jerarca reconoció que el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), que establece que corresponde a la Contraloría General de la República (CGR) determinar qué pólizas pueden ser financiadas con recursos del Estado, es de acatamiento obligatorio.
La Contraloría y la Dirección Jurídica de Hacienda, emitieron criterios separados en los que advierten sobre la ilegalidad del plan del Poder Ejecutivo.
En enero pasado, la Contraloría remitió a Acosta un recordatorio en el que explica que la póliza para proteger al presidente Rodrigo Chaves y a sus ministros carece de sustento legal y vulnera varios principios, entre ellos el que impide que el Estado asuma las responsabilidades personales de los funcionarios.
Posteriormente, en febrero, la Procuraduría atendió una consulta del Ministerio de Hacienda sobre la legalidad de adquirir dicho seguro para jerarcas. En su pronunciamiento, el abogado del Estado señaló que corresponde a la Contraloría determinar si una póliza específica puede ser financiada con fondos públicos.
En una respuesta enviada a La Nación, la oficina de Acosta argumentó que el criterio del procurador general, Iván Vicenti Rojas, mencionó como fundamento legal, que “la contratación por parte del Estado, de una póliza de seguro, como la responsabilidad civil, está sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 7 de la Ley del Mercado de Seguros y el artículo 83 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros número 8956″.
Además, subrayó que este criterio técnico-jurídico “se constituye en jurisprudencia administrativa y es de acatamiento obligatorio para el Ministerio de Hacienda como dependencia consultante”. La misma lógica alegada por Acosta aplicaría respecto a la observación del abogado del Estado sobre la competencia de la Contraloría para definir si el uso de recursos públicos para esta póliza es viable o no.
El despacho del ministro también informó de que el Ministerio está analizando los pronunciamientos de la Contraloría y la Procuraduría para contrastar los distintos elementos planteados en esos documentos. Al ser cuestionado sobre si desistiría del plan, su respuesta fue un tajante “no”.
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¿Presentarán un proyecto de ley?
El jerarca también descartó que se tenga en mente la elaboración de un proyecto ley, para darle viabilidad a
la contratación de una póliza como la promovida por el gobierno de Chaves. Añadió que en la corriente legislativa ya existe el expediente 23.958, del diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que tendría un fin similar.
La propuesta del socialcristiano permitiría que las instituciones puedan comprar seguros que financien la eventual defensa legal de funcionarios públicos.
Hacienda pretendía destinar ¢248 millones anuales a la contratación de una póliza al Instituto Nacional de Seguros (INS), para cubrir eventuales responsabilidades del presidente, ministros y viceministros.
Ante los cuestionamientos surgidos por el plan, avalado desde la misma Casa Presidencial, Acosta decidió pausar la contratación, hasta el tanto no tuviera una respuesta de la Procuraduría, a una consulta planteada por su cartera, la cual fue acompañada por un criterio de la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda en la que se advierte sobre la ilegalidad del plan.
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Los abogados de Hacienda concluyeron que no existe en el ordenamiento jurídico nacional una norma que habilite la suscripción de dicho seguro ni que una contratación de este tipo se pueda financiar con recursos del Presupuesto Nacional. Por lo que advierten de que si el Estado considera suscribir una póliza para proteger los intereses particulares de los integrantes del gabinete, es necesario contar con una autorización legal previa.
El seguro del INS permitiría costear los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger la reputación de los jerarcas y costear asesorías de relaciones públicas. Además, cubriría las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos vinculados con procesos de extradición.
