Los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración impulsaron un proyecto de ley, para que las instituciones puedan comprar pólizas que financien la eventual defensa legal de funcionarios públicos, a instancias de la actual ministra de la Presidencia y Planificación, Laura Fernández.
El objetivo original del expediente 23.958 era autorizar a la Administración para que recurriera a los abogados institucionales, o bien a contrataciones externas, para “habilitar en la vía penal la defensa legal de las personas funcionarias que sean denunciadas por actos realizados en el ejercicio de su cargo”. El plan lo presentaron cinco legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en setiembre del 2023.
Sin embargo, el 23 de noviembre del 2023, en su condición de jerarca del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández sugirió a la Comisión “explorar la posibilidad de establecer una línea de colaboración con el Instituto Nacional de Seguros (INS) u otras aseguradoras, con el fin de que se contrate un seguro general tipo póliza, que permita asumir la eventual defensa de los funcionarios públicos, cuando se cumplan las condiciones establecidas para que dicha asistencia legal entre a operar”.
Los diputados acogieron la recomendación en el texto que fue dictaminado positivamente el pasado 22 de octubre. El proyecto actualizado establece que los gastos de la defensa legal se deben asumir con recursos propios de la institución respectiva, “que deberán estar debidamente presupuestados”, o bien, hacerse las modificaciones presupuestarias para cumplir con la legislación.
“La Administración Pública deberá contar con pólizas colectivas que permitan asumir la eventual defensa legal, cuando se cumplan las condiciones establecidas para que dicha asistencia entre a operar”, dice el expediente.
Consultada al respecto, la ministra Laura Fernández se limitó a responder que su participación consistió en remitir el “criterio técnico institucional” requerido por la Comisión de Gobierno. La ministra evitó responder a La Nación la consulta específica sobre la razón de sugerir la contratación de una póliza.
La propuesta original, tal como la presentó el diputado Horacio Alvarado, junto con cuatro socialcristianos más, solo incluía dos artículos, uno que autorizaba el uso de los abogados institucionales y otro para dejar en claro que, si el funcionario resultase culpable, estaría obligado a pagar a la institución su representación legal.
Sin embargo, la versión dictaminada por la Comisión de Gobierno, a finales de octubre, va mucho más allá y autoriza al jerarca de cada institución, mediante un acto debidamente razonado, a que recurra a los abogados de la institución, o a contrataciones externas, para la defensa de los funcionarios que afronten procesos judiciales.
Eso podría suceder siempre que no sea la misma institución la que denuncie a la persona funcionaria por un aparente acto ilícito.
Según la nueva versión, la Administración decidiría, junto con el funcionario, si la mejor alternativa para su representación legal en un proceso penal es la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensa Pública del Poder Judicial, los abogados internos de la institución respectiva, o bien, una contratación externa.
También, se plantea como requisito que la Administración se pueda asegurar el resarcimiento de los gastos por la representación legal de la persona, en caso de que el funcionario defendido penalmente resulte con una condena en firme.
Adicionalmente, sería requisito que exista viabilidad técnica y financiera para darle la defensa legal a la persona funcionaria.
El nuevo texto del proyecto, que acoge la recomendación del Mideplán sobre contratar una póliza, fue propuesto por una subcomisión integrada por Horacio Alvarado, proponente original del proyecto; Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA).
En una respuesta remitida por Horacio Alvarado a través del periodista del PUSC, aseguró que su proyecto tiene “una diferencia sustancial, inmensa” con la póliza que el Poder Ejecutivo busca contratar para proteger a los jerarcas del gobierno ante procesos judiciales.
“Es que no busca ser una red de cuido, como lo pretendía ser la iniciativa del presidente. Este proyecto cubre a todos los funcionarios, sin excepción y no únicamente al presidente y sus ministros. Es importante indicar que la cobertura sería únicamente para causas penales derivadas del ejercicio de sus funciones”, respondió el congresista.
En julio pasado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, gestionó la contratación de una póliza de ¢248.391.706 con el INS que librará de eventuales responsabilidades civiles al presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios, sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos.
Los jerarcas podrían cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas.
Comisión Hacendarios La ministra Laura Fernández sugirió incluir una reforma en un proyecto de ley que permita contratar una póliza para la defensa penal de los funcionarios públicos. Foto: (Alonso Tenorio)
Todos los diputados firmaron, dice Horacio Alvarado
El diputado Horacio Alvarado también aseguró que la iniciativa 23.958 tiene un dictamen afirmativo de mayoría, “suscrito por todas las fracciones”.
El periodista del PUSC añadió que la propuesta “nace de la experiencia del diputado Horacio Alvarado, en los diferentes cargos públicos que ha ocupado, donde ha constatado de casos en que algunos jerarcas se han enfrentado a procesos judiciales infundados”.
Antonio Ortega, otro miembro de la subcomisión que firmó el informe, dijo que él votó a favor bajo la condición de que se pueda modificar con mociones de fondo, más adelante, para excluir de la propuesta la defensa de personas funcionarias cuando sean acusadas de corrupción, violencia sexual y otros aspectos.
También, aseguró que buscará que la defensa pagada con fondos públicos, y para la que se contrate la póliza, no sea para jerarcas designados por el Poder Ejecutivo ni para personas en cargos de elección popular.
