El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se vio obligado a frenar la contratación de una póliza del Instituto Nacional de Seguros (INS) con la que se pretendría librar de eventuales responsabilidades civiles al presidente de la República y a su gabinete.
Se trata de un aseguramiento para cubrir al mandatario, sus vicepresidentes, ministros y viceministros en caso de enfrentar litigios o sanciones civiles derivadas de actuaciones, omisiones o negligencias en el ejercicio de sus funciones públicas.
El pasado lunes 28 de octubre, en medio de múltiples cuestionamientos, Acosta anunció la decisión de detener la contratación mientras consulta a la Procuraduría General de la República sobre la legalidad de usar fondos públicos en esa compra.
A continuación, le explicamos las principales características de la polémica contratación:
¿Cuál es la finalidad de la póliza?
La póliza que el ministro Acosta pretende contratar al INS pretendía proteger a los altos funcionarios del Ejecutivo ante indemnizaciones, costas legales, multas, fianzas y hasta gastos de relaciones públicas para proteger su imagen.
La póliza también incluye protección contra sanciones por violaciones ambientales y costos de procesos de extradición.
En la justificación de la contratación, el Ministerio de Hacienda alegó que la póliza es para “proteger y defender al Estado económicamente de pérdidas por actuaciones dirigidas a satisfacer el interés público”.
De acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el expediente 2024PX-000002-0009100001 detalla que la prima anual de esta póliza asciende a ¢248.391.706, con una cobertura máxima de responsabilidad civil de $500.000.
¿A quiénes cubre la póliza?
La póliza cubriría a 65 jerarcas del Poder Ejecutivo, con un límite por persona de hasta $500.000 anuales y un monto total anual de hasta $3 millones. Este contrato tendría una vigencia de 12 meses, renovable hasta por cuatro años, según consta en Sicop.
Además, la cobertura se extendería a funcionarios retirados por pensión o cambio de puesto, siempre que el reclamo esté relacionado con funciones ejercidas durante su cargo y que la póliza esté vigente. La cobertura también incluye automáticamente a nuevos funcionarios en los cargos designados.
“En caso de retiro de algún funcionario (por pensión o cambio de puesto) este estará cubierto siempre y cuando el reclamo sea sobre actuaciones ejercidas durante el periodo que ocupó en el puesto y se encuentre vigente la póliza.
“De igual forma, un nuevo funcionario automáticamente estaría cubierto por la póliza, dado que se encontrará desempeñando el puesto cubierto por la misma”, explicó Jéssica Umaña Trejos, administradora del contrato a lo interno del Ministerio de Hacienda, en el documento de especificaciones técnicas.
¿Qué rubros cubre la póliza?
El aseguramiento que Hacienda pretende contratar incluye los siguientes rubros:
—Gastos y costas legales de defensa
—Costos y gastos de emergencia
—Cobertura para jerarcas retirados
—Costos para fianzas
—Costos para atención de crisis
—Gastos para relaciones públicas
—Gastos para proteger la reputación de los asegurados
—Costos por procesos de extradición
—Costos de enjuiciamiento, multas y sanciones civiles
—Costos para salud y seguridad ocupacional
—Privación o confiscación de activos
—Costos de pre-investigación
—Violaciones ambientales
—Audiencia derivada de una investigación
—Administradores no ejecutivos
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¿Cómo se autorizó la póliza?
Según el expediente de la contratación, en el oficio N.° MH-DM-OF-948-2024, del 15 de julio de 2024, el ministro Nogui Acosta autorizó modificar el plan interno de compras de su cartera para asignar ¢248.391.706 para adquirir la póliza. Estos fondos provienen directamente del presupuesto de Hacienda.
El 11 de julio, Floria María Bogantes Ovares, directora de la Oficialía Mayor y de la Dirección Administrativa y Financiera, solicitó al ministro Acosta modificar el plan de compras institucional para incluir la adquisición del seguro para los altos funcionarios.
Dicha solicitud fue aprobada el 15 de julio y, un día después, Sonia Monge Delgado, jefa del Departamento Financiero del Ministerio de Hacienda, certificó la disponibilidad de los ¢248.391.706 para cubrir el pago del aseguramiento.
¿Qué dice la ley sobre este tipo de pólizas?
El artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública señala que “será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya actuado con dolo o culpa grave en el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que le ofrece el cargo”.
En el apartado 201, la normativa señala que la Administración también puede ser responsable solidaria de esos daños. Sin embargo, obliga al Estado a recuperar del funcionario los montos pagados y a exigirle una compensación por los daños y perjuicios que la erogación haya causado.