Así lo señaló el gerente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, Rafael Picado López, en un oficio dirigido al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y a la proveedora institucional de ese ministerio, Carmen Corrales Segura, el 16 de enero.
Se trata de un oficio en que la CGR le recordó a Acosta las normas en materia de cauciones y el uso de los recursos públicos para la contratación de pólizas de seguro de responsabilidad civil para funcionarios.
La intención de la póliza que el gobierno de Chaves quiere contratar es protegerlos a los jerarcas en caso de que afronten litigios o sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia.
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“Cualquier cobertura financiada con fondos públicos, cuyo beneficiario directo sea el funcionario en lo personal, carece de sustento legal, pues desvirtúa el régimen de responsabilidad administrativa, según el cual cada funcionario debe responder por sus actos en el ejercicio de sus funciones”, señaló la Contraloría.
La advertencia se realizó en el marco de la investigación que lleva a cabo el órgano contralor sobre el procedimiento de contratación del seguro de responsabilidad civil para jerarcas, ministros y viceministros, que Hacienda le busca contratar al Instituto Nacional de Seguros (INS).
Según señaló la CGR, el artículo 13 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos impone a todo jerarca encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos públicos la obligación de rendir una garantía con cargo a su propio peculio, en favor de la hacienda pública o la administración para la cual labora, con el único objetivo de asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.
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Esa responsabilidad de los funcionarios no puede trasladársele, con ningún argumento legal ni mucho menos constitucional, al Estado, según lo remarcó la Contraloría General de la República.
En el oficio de advertencia dirigido a Nogui Acosta, la CGR señaló que la Sala Constitucional también se ha referido a la obligación de los jerarcas de rendir la garantía como un requisito indispensable para acceder al cargo público.
“La caución no es una forma de condición para la permanencia del funcionario en el puesto, sino que tiene por finalidad la protección de la hacienda pública y se encuentra fundamentada en el sistema de control de la hacienda pública establecido por la propia Constitución Política”, citó la Contraloría en su oficio.
El ente contralor también enfatizó en que no basta con que un seguro sea emitido por el INS para que el Estado pueda contratarlo, sino que “se requiere que el gasto amparado por dicho seguro corresponda a un gasto legítimo que el Estado pueda asumir conforme a la normativa aplicable”.
En síntesis, la advertencia de la CGR concluyó que no corresponde que el Estado destine recursos públicos para cubrir riesgos individuales que no estén previstos en el marco legal.
