El primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, ordenó pagar con dinero del Presupuesto Nacional la póliza para cubrir eventuales responsabilidades del presidente Rodrigo Chaves, ministros y viceministros en caso de que afronten litigios o sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia.
Así lo confirmó este jueves, bajo juramento, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos.
Explicó que el vicepresidente giró instrucciones para financiar el pago de la póliza con una partida del Presupuesto destinada al pago de seguros. Posteriormente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) ofertó el seguro al Ministerio de Hacienda con una prima que cuesta ¢248 millones anuales.
“En el presupuesto de la República, en cada uno de los ministerios, hay una partida para pago de seguros. Se trasladaron recursos de otras partidas para tener suficientes recursos en una partida que sirve para pagar seguros”, explicó Acosta, quien precisó que el movimiento se hizo por decreto.
Tras esta aclaración, la diputada independiente Kattia Cambronero solicitó al jerarca detallar de qué partidas se trasladaron los recursos. Sin embargo, Acosta señaló que debía buscar la información, ya que no recordaba el origen exacto de los fondos.
En noviembre pasado, Brunner admitió en el mismo foro legislativo que él se reunió, en el 2022, con la exjerarca del INS, Mónica Araya, para negociar la contratación de la póliza. Asimismo, reconoció que propuso al Consejo de Gobierno buscar mecanismos para que el Estado asumiera la defensa de los funcionarios demandados.
Sin embargo, cuando el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le consultó quién propuso contratar una póliza, Brunner dijo no recordarlo.
A través del departamento de prensa, La Nación consultó al vicepresidente Stephan Brunner sobre las declaraciones de Acosta respecto a la orden de pagar la póliza. Al cierre de esta nota, no se ha recibido respuesta.
¿Qué cubriría la póliza?
Este seguro cubriría indemnizaciones, procesos judiciales, multas, sanciones civiles, gastos legales, fianzas y asesorías de relaciones públicas para proteger la reputación de los jerarcas. Además, incluye sanciones por violaciones ambientales y los costos asociados a procedimientos de extradición.
En noviembre pasado, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda, en un criterio en el que concluyó que esta póliza es ilegal.
Los abogados de Hacienda concluyeron que no existe en el ordenamiento jurídico nacional una norma que habilite la suscripción de dicho seguro ni que una contratación de este tipo se pueda financiar con recursos del Presupuesto Nacional. Por ello, advirtieron de que, si el Estado considera suscribir una póliza para proteger los intereses particulares de los integrantes del gabinete, es necesario contar con una autorización legal previa.
Monto de póliza fue definido por Stephan Brunner, Nogui Acosta y Natalia Díaz
Durante la sesión legislativa, Nogui Acosta aseguró que Stephan Brunner, él mismo y la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, acordaron el monto de la póliza que debía incluirse en el Presupuesto Nacional.
“Cuando se define el monto que se tiene que pagar, como le dije, don Stephan Brunner, mi persona y doña Natalia Díaz definimos el monto y había que incorporarlo en el Presupuesto de la República. El monto está definido por la oferta que hace el Instituto Nacional de Seguros; ese es el precio que tiene la póliza y es el que tiene que incorporarse en el presupuesto de la República”, explicó Acosta.
“Cuando ya teníamos un aproximado, hay que cargar la partida para poder hacer una contratación. El papel que tiene el Ministerio de Hacienda es el de ubicar los recursos. Ellos (la presidencia de la República) no tenían por qué saberlo.
“Nosotros dentro del presupuesto del ministerio de Hacienda, que me compete a mí administrar, teníamos que trasladar los recursos, y no es un tema de una orden. Cuando usted va a hacer una contratación, lo que está definiendo es cuál es el monto. Entonces, había una decisión tomada, de que se iba a contratar la póliza; bueno, no se iba a contratar, se iba a sacar a concurso la póliza”, concluyó Acosta.
Nogui Acosta: ‘Tome decisiones; si hay consecuencias, hay forma de defenderlo’
Ante los cuestionamientos de los diputados sobre el propósito de la póliza, Nogui Acosta afirmó que su objetivo es respaldar la defensa en casos de denuncias temerarias. Estas denuncias se caracterizan por carecer de fundamentos sólidos y presentarse con mala fe, con la intención de causar daño, molestias o perjuicios a la persona señalada.
“No estamos pretendiendo que la persona tenga algún tipo de impunidad,” alegó el jerarca. “Lo que estamos diciendo es ‘tome decisiones; si hay consecuencias, hay forma de defenderlo a usted frente a esas consecuencias; si no lo hizo con dolo, si no hubo corrupción, si no hubo nada. Si se presenta alguno de esos casos, la póliza no lo va a cubrir. Va a tener que devolver toda la plata que desembolsó la entidad aseguradora’”.
Además, en la justificación de la contratación de la póliza, Hacienda alegó que esta es para “proteger y defender al Estado económicamente de pérdidas por actuaciones dirigidas a satisfacer el interés público”.
