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La decisión del gobierno de Laura Fernández de declarar secreto de Estado una amplia cantidad de información relacionada con la seguridad nacional plantea varias preguntas sobre su constitucionalidad.
La Nación consultó a cinco abogados para solventar las dudas que surgen a partir de la declaratoria de Fernández: Marvin Carvajal, Manrique Jiménez, Fabián Volio, Rubén Hernández y David Delgado.
¿Qué es secreto de Estado?
El secreto de Estado es aquella información relacionada con la seguridad externa o interna, por motivos de defensa o de relaciones internacionales, que, si se divulga, podría generar un riesgo para la nación.
La Constitución Política reconoce esa figura en su artículo 30: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado”.
Sin embargo, no existe ninguna ley que desarrolle esa temática.
¿Que se declaró secreto de Estado?
Este 10 de agosto, la presidenta de la República, Laura Fernández, declaró secreto de Estado cualquier información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de trabajo Fuerza Élite, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República.
Sin embargo, la declaratoria incluye una numerosa cantidad de elementos relacionados con la DIS, el Consejo de Seguridad y Fuerza Élite.
A criterio del abogado penalista David Delgado, hay un elemento relevante dentro del decreto. Al enumerar la información sujeta a secreto, la norma señala que los elementos mencionados “incluyen, pero no se limitan” a los allí descritos.
Esto, a su criterio, equivale a que prácticamente todo lo relacionado con esos entes queda bajo el velo de esa figura.
“Desde mi perspectiva, lo dejan abierto a incorporar en ese paraguas cualquier información de seguridad”, advirtió Delgado.
¿Incluye contratación pública?
Sí. Según la norma, el secreto comprende la totalidad de las actuaciones y expedientes administrativos, estudios previos, requerimientos técnicos, ofertas, adjudicaciones, financiamientos, contratos y fases de ejecución de los procedimientos de contratación pública que se promuevan o ejecuten para el uso o en beneficio de los fines del Consejo, la DIS y la Fuerza Élite, así como las sesiones, reuniones, grabaciones, planes y acuerdos concretos generados en su seno.
La Fuerza Élite está conformada por Fernández y otros altos jerarcas del Estado, como los ministros de Seguridad y Justicia, que se reúnen cada lunes para abordar la lucha contra el crimen organizado.
¿Por qué se emitió esa declaratoria?
Según el texto de la norma, la declaratoria responde al riesgo que representan estructuras criminales ligadas al narcotráfico, el sicariato y el lavado de dinero.
El gobierno argumentó que divulgar estos datos revelaría vulnerabilidades institucionales y pondría en peligro la vida de funcionarios y sus familias.
¿Habrá sanciones si se divulga esa información?
Según el decreto, sí. La norma dispone que cualquier persona vinculada a los temas declarados secretos de Estado está obligada a guardar absoluta confidencialidad y privacidad de los asuntos que ahí se discutan o que de forma directa o indirecta puedan percibir y conocer con ocasión de su participación.
A quien incumpla lo dispuesto se le aplicarán los procedimientos y las sanciones correspondientes al quebrantamiento del secreto de Estado, así como la finalización de la relación contractual de pleno derecho y sin responsabilidad para la Administración Pública.
“Esta obligación persistirá de forma indefinida, independientemente de si su relación con el Estado, cualquiera que sea, haya finalizado”, dice el decreto.
¿Podrá ser escrutado por los órganos fiscalizadores?
Los abogados mantienen criterios dispares.
Carvajal sostiene que, aun siendo secreto de Estado, debería ser posible el escrutinio de órganos de control. No obstante teme que “la declaratoria está pensada precisamente en que no tenga ningún tipo de divulgación”.
David Delgado planteó sus dudas sobre si, bajo esta figura, un órgano como la Contraloría General de la República (CGR) puede acceder a información para fiscalizar, por ejemplo, procesos de contratación pública.
Por su parte, Fabián Volio y Ruben Hernández señalaron que las contrataciones realizadas bajo secreto de Estado pueden ser fiscalizadas posteriormente.
Volio lanzó una advertencia al respecto: esa fiscalización no puede implicar revelar información sensible sobre las investigaciones policiales en curso.
¿Qué dice la jurisprudencia de la Corte IDH?
Según el abogado constitucionalista Marvin Carvajal, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha determinado que para que una declaratoria de secreto de Estado sea válida, debe cumplir con tres requisitos fundamentales que limitan la discrecionalidad del Poder Ejecutivo:
- Máxima divulgación:La regla general es que la información del Estado debe ser pública. El secreto de Estado es una excepción y solo debería aplicarse a información muy específica que realmente necesite protección.
- Finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad: Para reservar información, el Estado debe demostrar para qué lo hace, por ejemplo, proteger la seguridad pública, y justificar que mantenerla en secreto es necesario y proporcional. No basta con decir que algo está relacionado con seguridad.
- Límite reforzado cuando se afectan derechos: Si declarar algo secreto puede afectar derechos de las personas, el Estado debe ser todavía más riguroso al justificar la reserva. Es decir, no puede utilizar el secreto de Estado para ocultar información cuando eso implique vulnerar derechos fundamentales.
¿Qué ejemplos serían válidos como secreto de Estado?
- Información de invasión al país o de un golpe de Estado.
- Armamento disponible para las fuerzas de seguridad del Estado.
- Documentos previos a la firma de un tratado de libre comercio.
¿Es constitucional?
Al ser consultados sobre si el decreto cumple con la Constitución, Carvajal, Hernández, Jiménez y Delgado coincidieron en que es abiertamente inconstitucional; Volio defendió la constitucionalidad de lo dictado por el gobierno de Fernández.
¿Dónde puede ser impugnado?
El decreto puede ser impugnado ante la Sala Constitucional si se alega la vulneración de un derecho fundamental, como el derecho de acceso a la información pública, o la violación del principio de transparencia.
Podría, además, ser combatido en la sede contencioso-administrativa si se alega que vulnera alguna ley.
