La Sala Constitucional dio trámite a un recurso de amparo presentado por la presidenta de la Asociación Cámara Canartel, Saray Amador Hernández, contra el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) por la subasta de frecuencias de radio y televisión.
La recurrente sostiene que las instrucciones del Poder Ejecutivo y del Micitt a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) se emitieron sin distinguir entre estaciones comerciales, culturales, religiosas, educativas o comunitarias.
Agrega que, según esas instrucciones, su asignación debe estar regida predominantemente por una lógica de “fuerzas del mercado” y maximización de valor económico del espectro. Afirma que los pliegos de las licitaciones no incorporan esa diferenciación prevista en la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones.
El recurso señala que el modelo concursal impone requisitos económicos, sociales y técnica que considera desproporcionados, como precios base elevados, exigencias de rentabilidad financiera, la obligación de operar redes mínimas de transmisores, el plazo para tener operativa la red, entre otros elementos.
“La combinación de lo anterior (barreras económicas) tiene efectos directos y graves en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información por parte de la población", dice el amparo.
Según Canartel, estas condiciones afectarían de manera más severa a pequeñas y medianas empresas, así como a emisoras culturales y religiosas, con un posible impacto en el pluralismo informativo, la diversidad cultural y la continuidad del servicio.
Además, la asociación cuestiona que las solicitudes de prórroga de concesiones presentadas desde diciembre de 2022 no han sido resueltas, lo que genera un estado de incertidumbre jurídica mientras avanzan los procesos licitatorios.
La Sala ordenó a la ministra del Micitt, Paula Bogantes, rendir un informe en un plazo de tres días hábiles, con toda la documentación relacionada. De no hacerlo, los hechos podrían tenerse por ciertos.
Esta subasta fue suspendida tras una orden de la Sala Constitucional, mientras resuelve un amparo. Sin embargo, contra la subasta se han sumado numerosos amparos adicionales.
Los precios base definidos por la Sutel, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron:
- $386.000 por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC).
- $1,6 millones por un canal nacional de televisión.