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Tras anular el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves y ejecutado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la Sala Constitucional aún mantiene al menos 13 recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad vinculados con ese concurso, varios de ellos en trámite o en estudio de admisibilidad.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Tribunal Constitucional ante la consulta de La Nación.
Del total de gestiones presentadas, un recurso fue declarado con lugar —el que dio origen a la anulación del concurso— y otro fue rechazado de plano por incumplir una prevención. El resto continúa en curso o en estudio de admisibilidad, incluidos recursos con petición de medidas cautelares.
Las acciones pendientes cuestionan distintos aspectos del proceso licitatorio, entre ellos la nulidad de los carteles, la suspensión de las licitaciones, los precios base fijados para pujar, y la ausencia de un trato diferenciado para emisoras pequeñas, regionales, comunitarias y sin fines de lucro.
Varias alegan que el diseño del concurso podía provocar un apagón informativo en zonas donde la radio y la televisión abierta son la principal —o única— fuente de información.
En los expedientes, figuran como recurridos el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), la Sutel y, en algunos casos, el Poder Ejecutivo y el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Además de los recursos de amparo, la Sala mantiene una acción de inconstitucionalidad en estudio de admisibilidad que impugna artículos de la Ley General de Telecomunicaciones, decretos ejecutivos y los pliegos de condiciones de las licitaciones anuladas, así como acuerdos mediante los cuales se denegaron prórrogas de concesiones de radiodifusión.
Anulación
El fallo del pasado 27 de febrero anuló las licitaciones 2025LY-000001-SUTEL (AM), 2025LY-000002-SUTEL (FM) y 2025LY-000003-SUTEL (TV).
Según la resolución, establecer exclusivamente la propuesta económica más alta como criterio para asignar concesiones de frecuencias resulta incompatible con el deber del Estado de asegurar el pluralismo, tanto de medios como de contenidos, propio de un Estado democrático de derecho y de una sociedad con derecho a información libre y plena.
La decisión de la Sala dejó sin efecto todo el concurso de frecuencias mediante el cual se pretendía adjudicar 85 bandas del espectro radioeléctrico en operación en Costa Rica, proceso clave para la renovación de concesiones de radio FM, radio AM y televisión abierta en el país.
Al anular los tres procedimientos licitatorios, los magistrados constitucionales ordenaron al gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio mientras se diseña un nuevo modelo de adjudicación.
Además, le ordenó que los futuros concursos no utilicen la oferta económica más alta como único parámetro de adjudicación en una eventual subasta y que incorporen, de manera efectiva, criterios que promuevan el pluralismo y una distribución equitativa, transparente e igualitaria del espectro radioeléctrico destinado a la radiodifusión.
Tras esa resolución, el Gobierno informó que presentará un nuevo concurso para regular la renovación de frecuencias de radio y televisión.
Eso ocurrió al tiempo que el presidente Rodrigo Chaves dijo que “no respetaba” el fallo de la Sala.
“No me diga que yo respeto a la Sala IV (Constitucional), porque le considero una falta de respeto suya hacia mí decir que nosotros respetamos a la Sala IV. La tenemos que obedecer, pero respetarla no”, le dijo Chaves a la ministra del Micitt, Paula Bogantes.
