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El presidente de la República, Rodrigo Chaves, defendió la tala de árboles en el proyecto turístico de Papagayo y arremetió contra el exdiputado Edgardo Araya, a quien calificó de “estúpido”, durante la conferencia de prensa realizada este miércoles en Casa Presidencial.
Las declaraciones surgieron tras una consulta de Prensa TV Latino sobre la suspensión de obras en el polo turístico, producto de una medida cautelar emitida por el magistrado Fernando Cruz.
La orden frenó temporalmente permisos y actividades mientras la Sala Constitucional analiza una acción de inconstitucionalidad contra el plan maestro de la zona.
Chaves cuestionó tanto a Araya —quien se opone al proyecto y también interpuso recurso— como al magistrado Cruz, a quienes responsabilizó de generar incertidumbre jurídica y frenar inversiones.
“Edgardo Araya, el padre del desastre de Crucitas (…) la clase de estúpido que es este ser humano, diputado electo por el Frente Amplio”, afirmó el mandatario.
El presidente también criticó la resolución judicial que suspendió las autorizaciones vinculadas al desarrollo turístico en el Golfo de Papagayo, señalando que afecta proyectos que —según dijo— suman unos $2.600 millones en inversión y alrededor de 6.000 empleos.
“Son tan obstruccionistas y les encanta tanto al desvisado Cruz, que de por sí ya es una persona de extrema izquierda y nefasto para el país en su historia, y a este señor Araya que está construyendo un listado de daños al país, esos 751 árboles podemos haber sembrado 5.000. Sobra plata para eso. Ah, no, dañemos todo la inversión turística en Costa Rica por incertidumbre legal”, agregó Chaves.
Por su parte, la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, defendió la posición del Gobierno y aseguró que la protección ambiental no debe convertirse en un obstáculo para el desarrollo.
“Hay una distancia entre la protección y el fanatismo y lo que tiene también que ver con generar condiciones que van en detrimento de que una comunidad pueda prosperar”, indicó.
Fernández también hizo un llamado a evitar posiciones que —según dijo— generan inseguridad jurídica y desincentivan la inversión, al tiempo que insistió en la necesidad de promover un equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.
Contexto del caso
La polémica inició luego de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A., a cargo del proyecto Bahía Papagayo, un permiso para talar 748 árboles.
Tras esto, la Sala Constitucional ordenó una moratoria temporal sobre permisos de tala, construcción y otros actos administrativos relacionados con el proyecto turístico en Papagayo.
La medida fue dictada el 17 de abril y cuestiona el Plan Maestro del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (vigente desde 1995 y reformado en 2012), alegando que permite reglas de construcción sin considerar de forma diferenciada la existencia de humedales y bosques. Incluso la Procuraduría General de la República recomendó anular dos incisos del reglamento por falta de sustento técnico.
Tras el fallo, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) solicitó a la Sala Constitucional una aclaración formal sobre las medidas cautelares.
El ministro de Turismo, William Rodríguez López, afirmó que el Polo Turístico Golfo de Papagayo es un proyecto declarado de interés nacional y que su suspensión podría afectar la generación de empleo y la seguridad jurídica del Estado; estos señalamientos forman parte de la posición institucional expuesta ante la Sala.
