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El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) solicitó a la Sala Constitucional una aclaración formal sobre las medidas cautelares dictadas el pasado 17 de abril, las cuales suspenden la tala, las autorizaciones de construcción y diversos actos administrativos en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, en Guanacaste.
La gestión de adición y aclaración fue presentada este miércoles 22 de abril, en torno a la resolución del magistrado Fernando Cruz, que ordenó una moratoria total mientras se resuelve una acción de inconstitucionalidad contra la normativa que regula el desarrollo inmobiliario en ese proyecto.
Cruz es el alto juez que analiza la acción bajo el expediente 25-024408-0007-CO.
Contexto de la medida cautelar
La resolución del 17 de abril suspendió el otorgamiento de permisos de tala, autorizaciones de construcción, modificaciones de densidad y la emisión de actos administrativos por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el propio ICT, con el fin de evitar daños ambientales irreparables mientras se analiza el fondo del caso.
La medida se tomó pocos días después de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación otorgara a la empresa Enjoy Hotels & Resorts S. A. un permiso para talar 748 árboles en playa Panamá, como parte del proyecto turístico Bahía Papagayo.
La acción de inconstitucionalidad cuestiona el Plan Maestro General del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo, aprobado en 1995 y reformado en el 2012, específicamente por permitir reglas generales de construcción sin considerar de forma diferenciada la existencia de humedales y bosques.
La Procuraduría General de la República recomendó anular dos incisos del reglamento por falta de sustento técnico y científico.
¿Qué solicita el ICT?
La primera duda del ICT se refiere a la prohibición de tala dentro del proyecto hotelero. El instituto requiere saber si la moratoria aplica a concesiones donde no se pretende utilizar la figura de compensación de densidad y cobertura, cuestionado ante la Sala.
Sobre la segunda medida, el ICT consultó si la suspensión de autorizaciones de construcción rige para todas las concesiones del polo turístico. La institución busca confirmar si el freno afecta también a quienes no aplican la normativa cuestionada.
La entidad también pidió claridad sobre la suspensión de actos administrativos por parte del Minae, la Setena y el propio ICT. La consulta plantea si estas instituciones pueden dictar actos en materias que no versen sobre la compensación de densidades.
El ministro de Turismo, William Rodríguez López, afirmó que el Polo Turístico Golfo de Papagayo es un proyecto declarado de interés nacional y que su suspensión podría afectar la generación de empleo y la seguridad jurídica del Estado; estos señalamientos forman parte de la posición institucional expuesta ante la Sala.
Las medidas cautelares ordenadas por el magistrado Cruz se mantendrán hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad por el fondo o se disponga lo contrario.
