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El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, lamentó este miércoles el veto total por razones de conveniencia y oportunidad que emitió el presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre el expediente legislativo 24.019, Ley de Ejecución de la Pena y de las medidas de seguridad curativas.
En declaraciones a los medios de comunicación, el jerarca legislativo calificó como lamentable la decisión tomada por el Poder Ejecutivo sobre un proyecto de ley que se trabajó durante tres años en el Congreso, para regular la ejecución de las sentencias penales en el país.
“Tenemos una deuda pendiente, de más de 50 años, en que no hemos podido aprobar una legislación que ordene la forma en que se ejecutan las penas”, dijo Arias Sánchez.
El presidente del Congreso también consideró que no hay ninguna razón válida para vetar una ley que se tomó tanto tiempo construir, tanto desde el Poder Judicial, donde participaron los jueces para hacer una ley integral y comprensiva.
“No hay ninguna razón válida para vetarla; son más criterios ideológicos, que superan a los criterios técnicos. Me duele mucho por el país, porque era una forma de ordenar una cosa que, a veces, es muy triste. No habla muy bien de un país que no tenga la ejecución de las penas con una legislación que las ordene”, dijo.
El expediente 24.019 tiene el objetivo de regular la ejecución de las sanciones penales y las medidas de seguridad impuestas por los tribunales de justicia, conforme con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, además de establecer reglas claras sobre cómo deben cumplirse las condenas dictadas por los jueces, así como fortalecer el mecanismo de control y supervisión del sistema penitenciario, a través de los jueces de ejecución de la pena.
Rodrigo Arias reconoció que, por lo que conoce del trámite de los vetos, ve muy difícil que se pueda tramitar en las pocas semanas que le quedan a la actual Asamblea Legislativa. “A corto plazo no lo vamos a votar”, dijo.
En el documento del veto presentado este martes al Congreso, por el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, se alegan también razones de constitucionalidad.
El argumento de Chaves y Campos es que el proyecto presenta deficiencias sustanciales, porque afirman que introduce disposiciones que resultan incompatibles con las necesidades actuales del sistema penitenciario y con la protección del interés público.
Aseguran que el decreto legislativo 10.879, que contiene la Ley de Ejecución de la Pena, “en lugar de fortalecer el marco normativo vigente, genera un debilitamiento de la gestión técnica penitenciaria y propicia escenarios que afectan la seguridad institucional y la seguridad ciudadana”.
“Resulta indispensable que toda regulación en esta materia respete la distribución de competencias entre los poderes de la República, reconociendo que corresponde al Poder Judicial la imposición de la sanción penal y al Ejecutivo la ejecución material de la pena impuesta por los jueces”, explica el veto.
Chaves y Campos alegaron que la propuesta carece de un enfoque integral, al no contemplar de manera adecuada la diversidad de perfiles existentes dentro de la población penitenciaria y las particularidades de los distintos niveles de contención, lo que genera distorsiones en la administración del sistema y afecta su adecuado funcionamiento.
Según el presidente de la República, los diputados no pueden, por medio de una ley ordinaria, conferir al juez de ejecución de la pena potestades que “desnaturalicen el principio de separación de funciones o que supongan la asunción de competencias administrativas propias del Poder Ejecutivo”.
