Corte defiende ‘reglas claras’ en la Ley de Ejecución de la Pena frente a amenaza de veto de Chaves

El objetivo del expediente 24.019 es definir un marco normativo para ordenar el sistema penitenciario y establecer reglas claras para las personas privadas de libertad y las instituciones que intervienen en la etapa final del proceso penal.

El Poder Judicial enfatizó que el texto aprobado en segundo debate por 33 diputados, y que tuvo seis en contra, establece reglas precisas para la materia relacionada con la ejecución de la pena y señaló que salda una deuda de 50 años sin una legislación referida a ese aspecto.

Además, la Corte citó no solo que hubo una coordinación técnica entre profesionales del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia y Paz, sino que también se hicieron las consultas obligatorias a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).

“Se desarrollaron mesas de trabajo, tanto en la Presidencia de la República como en la Asamblea Legislativa, lo que permitió consensuar un texto técnicamente sólido y socialmente legitimado. El proyecto recibió dictamen afirmativo unánime en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, con el respaldo de todas las fracciones representadas en ese foro legislativo", remarcó el Poder Judicial.

De hecho, los propios diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) apoyaron la iniciativa. El dictamen unánime tiene la firma de la vocera del grupo, Pilar Cisneros.

No obstante, ya desde diciembre de 2024, Chaves empezó a lanzar amenazas de veto contra el proyecto, y los reiteró esta semana, luego del primer debate que hicieron los diputados, el lunes.

Además del dictamen con apoyo unánime, el proyecto de ley pasó por los respectivos trámites de mociones de fondo, en sus dos etapas, por lo que los legisladores tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de enmienda constitucional.

Ahora, en sintonía con la línea impuesta por Chaves desde la Presidencia, los diputados chavistas votaron en contra de la ley, incluyendo a la liberacionista Carolina Delgado, afín al gobierno.

Sin flexibilización de penas

A pesar de las afirmaciones del presidente, el Poder Judicial niega que la ley aprobada flexibilice las penas, ni establezca trato favorable para los privados de libertad.

La Corte insistió en que el objetivo de la iniciativa es aclarar los derechos, deberes y procedimientos que deben seguir todos los actores del sistema penitenciario nacional.

Adicionalmente, el proyecto busca reforzar la seguridad jurídica porque establece que cualquier beneficio, cambio en la modalidad de la pena o incidente de libertad condicional debe fundarse en una resolución debidamente motivada, sujeta a recursos de revisión.

Entre las aclaraciones que genera la ley aprobada, están el papel de los juzgados de ejecución de la pena para garantizar el acceso a la justicia de las personas sentenciadas, bajo supervisión judicial.

De hecho, la iniciativa obliga a los jueces a visitar los centros penales cada seis meses, con el fin de verificar el respeto a los derechos fundamentales, y ordenar medidas correctivas ante vulneraciones o casos de hacinamiento.

“La ley establece un marco robusto orientado a la rehabilitación y la reinserción social. Al promover procesos estructurados de atención técnica, responsabilidad personal y justicia restaurativa —incluida su aplicación en la fase de ejecución para penas alternativas e incidentes de libertad condicional, siempre con el consentimiento de la víctima— se fortalecen las condiciones para atender las causas del delito y reducir la reincidencia", puntualizó el Poder Judicial en su pronunciamiento.