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Un proyecto de ley para reunificar las elecciones nacionales y municipales en una misma fecha avanza en su trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
La iniciativa, impulsada por el diputado Alejandro Pacheco, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ya se encuentra en el plenario y podría someterse a votación antes de que finalice el actual periodo parlamentario.
La Constitución de 1949 y el Código Electoral de 1953 establecieron que presidente, diputados y regidores se eligieran el mismo día cada cuatro años en febrero.
Esto cambió con el Código Municipal de 1998, que separó las elecciones nacionales de las municipales e introdujo la elección directa de alcaldes. En 2007, una reforma creó la figura de los vicealcaldes y consolidó esta separación. Desde 2016, los comicios municipales se llevan a cabo en febrero, dos años después de las elecciones nacionales.
¿Qué plantea la reforma?
La reforma, tramitada bajo el expediente 23.229, busca modificar el Código Municipal y el Código Electoral para que, el primer domingo de febrero de cada cuatro años, los costarricenses voten de forma simultánea por la Presidencia de la República y sus vicepresidencias, los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, así como por los 84 alcaldes, regidores y síndicos del país.
El proyecto también plantea que las elecciones municipales de 2024 sean las últimas que se celebren a mitad del periodo presidencial. Para empatar el calendario electoral, propone que las autoridades locales electas en esos comicios permanezcan en el cargo durante seis años, hasta el 2030.
No obstante, la eventual aprobación de la iniciativa requerirá al menos 38 votos en el plenario, debido a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) objetó la propuesta.
La discusión ha abierto además un debate sobre quiénes podrían resultar favorecidos o perjudicados con un cambio de este tipo.
Una de las principales críticas apunta a que la elección conjunta podría fortalecer a los partidos de alcance nacional, al aprovechar el llamado “efecto arrastre” de las campañas presidenciales y legislativas.
¿Qué dicen los partidos?
Ese es precisamente uno de los argumentos de la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, quien dijo a La Nación que su bancada se opone al proyecto porque “favorece a los partidos grandes, cuyos votos jalan por arrastre”, en detrimento de las agrupaciones provinciales o cantonales.
Lo expuesto por la vocera de gobierno contradice la posición tomada por la agrupación durante el trámite del proyecto en la Comisión de Reformas Electorales. En ese foro la diputada Paola Nájera votó a favor durante la sesión del 21 de febrero del 2024.
El analista legislativo Daniel Calvo coincidió con la lectura de Cisneros. Según explicó, en un escenario de elecciones unificadas el partido que gane la presidencia podría aumentar significativamente su presencia en gobiernos locales gracias al impulso de la candidatura presidencial, algo que no ocurre con la misma intensidad en las elecciones municipales de medio periodo.
En su criterio, los partidos provinciales y cantonales tendrían dificultades para competir con la exposición mediática, la capacidad financiera y las estructuras territoriales de los partidos que postulan candidaturas presidenciales.
El proponente del proyecto, por su parte, rechazó que la reforma busque favorecer a los partidos tradicionales.
Pacheco sostiene que su intención es enfrentar los altos niveles de abstencionismo en las elecciones municipales y generar ahorros en la organización de los comicios.
“Los partidos tradicionales, en el caso de la Unidad, tenemos más de 20 años de no ganar las elecciones nacionales. Liberación tiene 12 años. Las últimas tres elecciones las han ganado partidos emergentes, así que no sé a quién beneficiaría”, afirmó.
En la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la iniciativa aún se encuentra en análisis. La diputada Kattia Rivera señaló que la bancada estudia el expediente “con apertura” y consideró que, personalmente, existen argumentos relevantes para respaldarlo.
Consultada sobre si la reforma podría favorecer a los partidos tradicionales, Rivera respondió que “la pregunta real no es si los partidos tradicionales se benefician, sino si Costa Rica se beneficia de tener partidos con raíces, programas y rendición de cuentas, frente a vehículos electorales desechables que no responden ante nadie una vez que llegan al poder”.
En contraste, la fracción del Frente Amplio (FA) se manifestó en contra del proyecto. El diputado Antonio Ortega afirmó que la iniciativa recoge varios de los riesgos señalados por el tribunal electoral, entre ellos la posibilidad de debilitar el fortalecimiento de los gobiernos locales y la falta de evidencia de que la reforma genere ahorros reales.
Las bancadas del Liberal Progresista (PLP) y Nueva República (PNR) no respondieron las consultas de este medio, pero sus diputados, Gilberto Campos y Fabricio Alvarado, votaron a favor del proyecto en comisión. Las legisladoras liberacionistas Montserrat Ruiz y Rosaura Méndez, también avalaron la propuesta. Solo Antonio Ortega estuvo en contra.
Advertencias del TSE
En un criterio remitido el 27 de octubre de 2022 a la Comisión de Reformas Electorales, el TSE advirtió que celebrar ambas elecciones el mismo día podría restar protagonismo a los comicios municipales, pues la disputa presidencial y legislativa suele concentrar la atención del electorado.
El tribunal recordó que desde hace dos décadas ha defendido la separación de las elecciones locales como un mecanismo para fortalecer la autonomía municipal y promover una discusión política centrada en los problemas de cada cantón.
Además, alertó que una elección conjunta aumentaría la complejidad del proceso electoral. Para el momento en que emitió el criterio, existían 145 partidos inscritos en el país, de los cuales 91 eran cantonales, lo que en algunos cantones podría traducirse en papeletas con más de treinta opciones partidarias.
Según el TSE, una oferta tan amplia dificulta el voto informado y puede incentivar el llamado “voto de arrastre”, es decir, cuando la preferencia por candidaturas presidenciales o legislativas termina influyendo en la elección de autoridades municipales.
Financiamiento y costos
El tribunal también cuestionó que la reforma no contemple cambios en el régimen de financiamiento de los partidos políticos.
Bajo el modelo actual, los partidos cantonales no pueden acceder a financiamiento adelantado ni emitir certificados de cesión, instrumentos disponibles para las agrupaciones inscritas a escala nacional o provincial.
A juicio del TSE, mantener ese esquema en un contexto de elecciones unificadas podría profundizar las desigualdades en la competencia electoral.
Asimismo, el órgano electoral puso en duda el supuesto ahorro que implicaría organizar un único proceso electoral.
La mayor cantidad de papeletas podría aumentar el tiempo que cada elector permanece en el recinto de votación, lo que obligaría a replantear la cantidad de votantes por junta receptora y, eventualmente, incrementar su número.
Esto implicaría también mayores requerimientos logísticos, como la impresión de más material electoral y la contratación de servicios adicionales de imprenta.
No obstante, el TSE subrayó que el financiamiento de los procesos electorales no debe analizarse únicamente desde una perspectiva de gasto, sino como una inversión propia de una democracia consolidada.
