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La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre independencia de los jueces, Margaret Satterthwaite, lanzó una advertencia, este jueves, sobre los eventuales riesgos que conllevarían los recortes presupuestarios en el Poder Judicial.
A través de sus cuentas en redes sociales, particularmente en X, la especialista de la ONU consideró que son preocupantes las noticias que le llegan desde Costa Rica sobre las pretensiones del Poder Ejecutivo de reducir las partidas presupuestarias para el poder que administra la justicia en el país.
“Los recortes presupuestarios que afectarán al Poder Judicial podrían comprometer el funcionamiento de la administración de justicia, afectando investigaciones, juicios y otros servicios esenciales durante este mismo año 2026 y los siguientes", escribió Satterthwaite en su cuenta.
La relatora especial publicó su comentario junto con un artículo del semanario Universidad, donde se detallan los señalamientos que se hicieron el lunes pasado, durante la sesión de la Corte Suprema de Justicia, contra la pretensión del gobierno de Laura Fernández de reducir los recursos asignados por el Presupuesto Nacional.
El gobierno de Laura Fernández anunció en junio que pretende aplicar un recorte de ¢3.053 millones al presupuesto del Poder Judicial para 2026, lo que afectaría su gasto operativo y limitaría la capacidad del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar allanamientos, el análisis criminal, la atención y protección de víctimas, entre otros.
En sus observaciones, la relatora de la ONU explicó que la independencia judicial requiere no solo de garantías legales e institucionales, sino también de recursos suficientes para que los tribunales puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva.
“El desfinanciamiento de la justicia puede socavar el acceso a la justicia y al Estado de derecho”, denunció Satterthwaite.
La alta delegada de las Naciones Unidas ya había realizado diferentes cuestionamientos hacia el oficialismo, durante el gobierno de Rodrigo Chaves (2022-2026), por los ataques que el ministro de la Presidencia y de Hacienda, en ese entonces presidente de la República, lanzaba constantemente contra operadores de justicia y la Asociación de Jueces.
En febrero de 2025, la relatora expresó su preocupación por los efectos negativos de reformas legales en el Poder Judicial y, especialmente, de los ataques del entonces presidente Chaves contra funcionarios judiciales.
Satterthwaite había advertido de que esas acciones podrían afectar a quienes tienen la responsabilidad de resolver casos de corrupción y crimen organizado.
Para la relatora de la ONU, la dinámica confrontativa propicia una creciente tensión y persecución hacia el Poder Judicial.
Luego de solicitar información al Poder Ejecutivo sobre esas situaciones que se estaban dando desde la Presidencia de la República, en julio del año pasado volvió a exigir informes sobre las vallas que aparecieron en varios puntos de la capital, en contra de los magistrados de la Corte Plena y el fiscal general de la República, Carlo Díaz, así como la marcha que lideró el expresidente Rodrigo Chaves contra el Poder Judicial en marzo de 2025.
En un oficio dirigido a la Presidencia de la República, en mayo de ese año, la relatora especial de Naciones Unidas cuestionó que la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) había recibido ataques a través de las redes sociales como represalia por cumplir con su deber de reportarle a la ONU la situación del país sobre la situación de la independencia de los jueces y del Poder Judicial.
